Cuando pensamos en una educación superior incluyente pensamos en el hecho de que la accesibilidad a esta no es menos que un derecho primordial para la vida de cada colombiano. Diseñar estrategias estructurales y económicas para garantizar no solo la admisión sino la permanencia de los jóvenes a las Universidades del país es un reto que implica la construcción de políticas públicas eficaces de la mano del gobierno, el legislativo y el constituyente primario.
Es el movimiento estudiantil quien, con éxitos y fracasos, ha intentado persuadir y hacer presión de las maneras permitidas para que su voz llegue hasta lo más profundo de quien legisla y financia la educación. Impensable es que las voces inocentes, que tras la bala asesina han quedado, sean no más que recuerdos de los mismos estudiantes. Sus ideales sensatos han de retomarse e iniciar debates públicos para saber qué necesita la educación hoy.
Un país derrotado, como en un acto suicida, ejercido por sus mismos hijos que cometen fratricidio, ha de pensarse como un Estado “proteccionista” que no escucha ni siente a los que acobija. La solución está en la educación: más educación es más cultura de vida. Más bibliotecas abiertas son menos fusiles sonando. Más campus universitarios son más casas para el saber y la ciencia.
Hagamos el cambio y pensemos un lugar para cada colombiano en las aulas universitarias de nuestro país.
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