La noche del 12 de junio de 2021, Daysi Tamara Dávila se encontraba en su casa, en compañía de su hija de apenas cinco años de edad, cuando fue sorprendida por hombres armados que violentamente ingresaron y registraron su hogar y la detuvieron sin contar con una orden judicial. Durante más de 60 días no se tuvo noticia de su paradero; desde entonces, denuncian sus familiares, permanece asilada, incomunicada y sometida a tratos inhumanos y degradantes. Previamente, Daysi, psicóloga y activista política, había sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones por el mismo hecho: ser opositora al régimen sandinista en Nicaragua.
Como Daysi, Amnistía Internacional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias de opositores políticos nicaragüenses, seguidas de su desaparición. Dicha ONG destacó, en su informe “¡¿DÓNDE ESTÁN¡? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua” (2021), que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han tornado aún más violenta la represión contra diversos sectores sociales, incluida la Iglesia Católica, desde abril de 2018, recurriendo a la práctica sistemática y masiva de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
El terror desatado desde La Loma (como se conoce el palacio presidencial nicaragüense), ha dejado un baño de sangre y dolor en cada rincón del país centroamericano, una vez Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador, diera la lapidaria orden de reprimir la protesta ciudadana a como diera lugar: “VAMOS CON TODO, no vamos a dejarnos que nos roben la revolución”.
La Misión Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), establecida el 24 de junio de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido dos informes (2019, 2020) en los que se evidencia la magnitud de la represión. Como resultado de las manifestaciones de 2018, 328 personas asesinadas, entre ellas 24 menores de edad, más de 2.000 civiles heridos, 770 detenidos arbitrariamente, clausura de medios de comunicación y toma de sus sedes.
Por su parte, ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, registró más de 120.000 solicitudes de refugio a Costa Rica por parte de ciudadanos nicaragüenses que huyen de la represión y el Consejo de Derechos Humanos de la misma organización, el pasado 31 de marzo, creó un mecanismo de investigación para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos en ese país. En tanto que Amnistía Internacional en su informe 2020- 2021, denunció la cancelación masiva de la personería jurídica de ONGs, asedio y persecución religiosa (expulsión de personal religioso y cierre de emisoras), así como secuestros, asesinatos, agresiones sexuales e incendio de viviendas de la población indígena asentada en la Costa Caribe Norte.
Por tan grave situación, el 12 de agosto de 2022, el Consejo Permanente de la OEA sesionó para aprobar una Resolución de condena a la represión y el terror provocado por el régimen de Ortega y Murillo, (Resolución 1203/22). A la sesión extraordinaria no asistieron Nicaragua, como apenas era obvio, y Colombia. Si, la delegación de nuestro país, ante la sorpresa de la comunidad hemisférica, estuvo ausente.
Gracias a un valiente reportaje de Juan Camilo Merlano, el país conoció que la ausencia de nuestra delegación atendió a una orden expresa del Ministro de Relaciones Exteriores de Petro, Álvaro Leyva. Sin duda, a la sorpresa de las demás delegaciones oficiales que suscribieron la resolución en contra del régimen de Nicaragua, se suma la de amplios sectores nacionales que vemos con preocupación el viraje abrupto y antidemocrático que Petro le ha dado a las relaciones exteriores del país, que abiertamente se ha matriculado del lado de los regímenes totalitaristas y represivos del continente.
Como el único partido declarado en oposición al Gobierno Petro, promoveremos en la Plenaria del Senado de la República un debate de moción de censura contra el Ministro Leyva, donde tendrá que rendir las explicaciones que hasta ahora le ha negado a los colombianos.
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