“El trabajo infantil es una consecuencia inevitable de la pobreza, pero no podemos resignarnos a que exista. Los gobiernos no pueden seguir mirando para otro lado. Necesitamos más acción y menos indignación”.
Con el lema “protección social universal para poner fin al trabajo infantil” se conmemora el 12 de junio por parte de las Naciones Unidas el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año se hace énfasis en el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos mediante políticas eficaces de protección social, así como mejores oportunidades de educación, para avanzar en la reducción y eliminación del trabajo infantil.
En esta condición de víctimas se encuentran 160 millones de niños y niñas, es decir, en todo el mundo 1 de cada 10 niños. Muchos de los cuales realizan actividades peligrosas que comprometen su salud física y mental, así como su ambiente social y familiar. La ONU estima que, “sin estrategias de mitigación, el número de niños en trabajo infantil podría aumentar en 8,9 millones para finales de 2022 debido a una mayor pobreza y una mayor vulnerabilidad”.
En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, calcula que 508 mil niños y niñas entre octubre y diciembre de 2021 se encontraban en trabajo infantil. En el 40% de los casos, los menores trabajan porque deben aportar a la economía familiar; el 31% quiere tener su propio dinero, y el 14% indica que necesita costear los estudios. Las ramas de actividad económica en las que se concentra el trabajo infantil, son: agricultura y ganadería, mantenimiento de vehículos, industrias manufactureras y servicios de comida.
De acuerdo con las cifras oficiales que surgen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, la tasa de trabajo infantil ha disminuido de forma importante, puesto que, en 2012, el trimestre octubre a diciembre, registraba el 10,3%, y a 2021, era del 4,8%. Sin embargo, estas cifras representan un gran reto para todos como sociedad. Tenemos 171 mil niños tienen entre 5 y 14 años de edad en trabajo infantil. Por donde se mire, una tragedia.
Lo más de 500 mil niños y niñas en el país que conocen, viven y sufren el trabajo infantil no tienen otra opción, ni avizoran otro camino, pues creen “que es lo que deben hacer” y ningún adulto a su alrededor es consciente del daño que les generan. O no les interesa. En todo caso, están robándoles los sueños y vulnerando el derecho de “ser niños”. Así las cosas, se requieren políticas públicas orientadas a proteger los derechos de los niños y niñas, que reafirmen la importancia de contribuir a la construcción de una niñez con plena garantía y goce de sus derechos.
La agenda pública social y el debate político deben reivindicar medidas eficaces para la prevención y eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, pues se trata de un asunto sensible y de responsabilidad con los niños y niñas, como población vulnerable y prioritaria, que goza de especial protección en un Estado social de derecho. Parafraseando a Guy Ryder, director general de la Organización Internacional de Trabajo – OIT, “el trabajo infantil es una consecuencia inevitable de la pobreza, pero no podemos resignarnos a que exista”. Los gobiernos no pueden seguir mirando para otro lado. Necesitamos más acción y menos indignación.
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