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Derecho al voto militar y policial, un debate histórico, jurídico y político

En nuestro país existe una democracia real, madura, con instituciones fuertes y en desarrollo constante, en ampliación y protección de derechos fundamentales, llamado comúnmente “progresividad democrática”. Nuestra democracia no es perfecta y está en constante evolución, esto hace necesario realizar un análisis de si es el momento histórico adecuado para otorgar el derecho al voto a los miembros de la Fuerza Pública.

Dicho análisis requiere una mirada no solo jurídica sino política, histórica y de coyuntura. Existen unas causas y efectos de la restricción al voto de militares y policías, las cuales han sido afrontadas por varios países del continente y se encuentran ya superadas; incluso países del vecindario, donde después de terribles dictaduras hoy derrocadas, después de serios debates y tensiones, después de superadas las tentaciones golpistas y con instituciones renovadas pero estables, se reconoció la madurez de sus democracias y se permitió el voto a los miembros de la fuerza pública.

La prohibición del voto militar que se remonta al año 1930 y es refrendada por la Asamblea Nacional constituyente y plasmada en la Constitución de 1991, esta se da bajo la argumentación de que, al ser beligerantes, no se les debe permitir ejercer el derecho al sufragio; además, en el mundo se han escuchado argumentos en contra y a favor, en el primero, ha sido constante la posición del peligro que puede acarrear la politización de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, pues son estas, instituciones jerárquicas, con disciplina sólida y piramidal, que además tienen dependencia de actores administrativos como son los presidentes y Ministros de Defensa, quienes poseen filiaciones políticas y se cree que podrían instrumentalizar estas instituciones.

Los golpes de estado, democracias imperfectas y en formación son temas superados en Latinoamérica, muestra de esto es que frente a 20 países estudiados del continente, donde incluso existieron dictaduras en el siglo pasado como Chile y Argentina, solo 4 que son Guatemala, Honduras, República Dominicana y Colombia, no han dado paso a constituciones con participación incluyente y representativa para los miembros de la Fuerza Pública. Esta es una clara demostración de democracias reales y maduras, y nos invita a reflexionar sobre una apuesta por la apertura e inclusión democrática y el reconocimiento de sus derechos plenos.

Así se abre paso a la reflexión de la manera en qué son percibidos por la sociedad los miembros de fuerza pública, si se reconoce que “detrás del uniforme “existen seres humanos plenos de derechos, ciudadanos en ejercicio, de primera categoría, o si por el contrario son víctimas de discriminación de manera sistemática. Desde este punto de partida, el de  los derechos humanos y fundamentales, se da el debate de la necesidad de  armonizar nuestra Constitución Política, pues por un lado esta prohíbe expresamente el voto militar, pero a su vez contempla que los convenios internacionales ratificados por el Congreso que versan sobre derechos humanos tienen prevalencia en el derecho interno, por lo cual, el hecho de que nuestro país haya firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos que ordena en su artículo 23, literal b, que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser elegidos, crea una antinomia.

Otro argumento que debe ponerse sobre la mesa, es que nuestro país cuenta con una democracia reconocida, con instituciones fuertes y con una Fuerza Pública con alto grado de preparación y profesionalización, la cual es reconocida por su disciplina y su apego estricto a las decisiones institucionales, por lo cual se queda en mora de reconocer el trabajo, dedicación, compromiso y madures democrática de estas, dando paso a su derecho al sufragio; además de reconocer que los militares y policías son sujetos de derecho, quienes injustamente han sido discriminados y se les ha limitado sus derechos fundamentales.

Estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, del libre acceso a la información, pero aún ronda la falsa idea de que la línea de mando podría coaccionar en pro de un partido político o candidato, siendo esto una ofensa a la inteligencia y un muy mal argumento. Es por esto que el debate político, en el momento de coyuntura y polarización que afronta el país, debe abrir las puertas a  la necesidad del reconocimiento del derecho al voto, en marco de una democracia plena y con apertura, pero esta apertura debe contar la verdad al país, puesto que este derecho tiene sus límites;  los militares y policías son funcionarios públicos, a quienes les recae la prohibición de participar activamente en los comicios electorales, por lo cual su derecho se vería limitado a elegir en marco del voto secreto, sin uso alguno de su capacidad bélica.

En Colombia se realizó un proceso de paz, las fuerzas militares y de policía acompañaron este, ante un enemigo de más de 50 años, donde su respeto por los derechos humanos, su disciplina y su honor, fueron actores en la participación y construcción de este proceso, donde además garantizaron, garantizan y seguirán garantizando la seguridad y la vida de los ex miembros de las FARC y sus familias que participaron del proceso y siguen participando, donde se ha respetado y acatado la decisión del ejecutivo de otorgarles de manera directa participación y representación política en el Senado y Cámara.

Esa es la disciplina de la que se habla, esa es la madures que debe evaluarse para reconocer que al ser humano detrás del uniforme no se le puede seguir restringiendo el derecho al sufragio, a ser representados, a elegir al candidato de su preferencia, a quienes en democracia participativa deben y requieren ser escuchados, dignificados, defendidos y representados tanto en alcaldías, concejos, gobernaciones, senado, cámaras y por qué no, en el palacio de Nariño.

El debate está planteado y bienvenidas las ideas desde el respeto, la tolerancia y la diferencia

Esto fue escrito por

Cr (Rva) Carlos Javier Soler Parra

Coronel retirado del Ejército, Profesional en Ciencias Militares y Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Recursos Militares, Seguridad y Defensa, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario aplicado a Conflictos, Magister en Derecho Público y Derechos Humanos y Construcción de paz y Optante a Doctor en Derecho, alumno de los cursos básicos y avanzado en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, italia. Ex director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, Ex jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación.

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