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De vuelta al ruedo con la educación

La unidad de los actores ha puesto a la educación en el centro de la agenda nacional. Los anunciados costos económicos y sociales del escenario pospandemia dan cuenta del primer campanazo para que esa unidad no se haga esperar


El 10 de octubre de 2018 los colombianos vieron cómo las calles de las principales ciudades del país se inundaban de caravanas interminables de estudiantes y maestros que, aún con mil colores encima, expresaban rabia por el estado de crisis en el que los gobiernos de turno mantenían a las universidades públicas del país.

La movilización desatada ese día, fue el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas, de construcción de pliegos, de acuerdos y de preparación de condiciones emprendido, al menos, dos años antes. En este proceso se dieron encuentros locales, regionales y nacionales de los estudiantes, de los profesores e incluso de los rectores, quienes en nombre del Sistema Universitario Estatal (SUE) le mostraron al país que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas acumulaban el escandaloso déficit de 18 billones de pesos.

Tras 10 semanas de movilizaciones se lograron acuerdos que, aunque no resolvían estructuralmente los problemas financieros de las IES públicas del país, se convertían en el más importante salvavidas que estas hubieran recibido en décadas. Solo en la Universidad Nacional de Colombia estos recursos adicionales han permitido reducir el déficit para el pago de nómina de 28.553 millones en 2018 a 4.698 millones en 2021, una reducción del 83.5%.

La Ley 30 de 1992 contempla que cada año el presupuesto de las universidades públicas crezca acorde al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reconociendo a las IES solamente el porcentaje que evoluciona el costo promedio de los bienes y servicios que consumen los hogares de los colombianos, no reconoce ni los costos de inversión en investigación, infraestructura, modernización tecnológica y pedagógica, ni los costos de funcionamiento en planta docente y administrativa necesaria para ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior, tal como ha ocurrido en los últimos 20 años. Estas insuficiencias de la formula actual de la Ley 30 explican el porqué del  déficit.

En el 2022 las universidades del SUE recibirán un aumento a la base presupuestal igual al IPC + 4,65 puntos porcentuales. Esos puntos adicionales son resultado de los acuerdos de 2018, será una de las primeras veces que el presupuesto de las IES públicas crezca por encima del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) desde 2004, año en el cual el DANE empieza a registrar su medición. Sin embargo, el próximo año también es la última vigencia fiscal contemplada en los acuerdos, a menos que algo extraordinario ocurra en el 2023 volveríamos a la formula básica de la Ley 30 del 92 y por tanto volveríamos a registrar un déficit creciente.

La acción extraordinaria que debería ocurrir es nuevamente la de la unidad del movimiento universitario, esta vez en favor de la transformación definitiva de la fórmula de financiación para las IES públicas contemplada en la Ley 30.

Luego de los acuerdos de 2018, y con la conciencia de que solo un cambio en la Ley podría resolver las afujías presupuestales de las IES públicas, la Dirección de la Universidad Nacional encaminó los esfuerzos institucionales hacia el desarrollo de un nuevo modelo de financiación estructural de la educación superior pública que pudiera transformar la Ley 30. Este modelo, que contempla un crecimiento sostenido de los recursos de las universidades, el cierre de brechas entre ellas, la formalización de las plantas docentes y el fortalecimiento al conjunto de las funciones misionales en formación, investigación y extensión, ya ha sido probado en pilotos de los que participaron las oficinas de planeación y de gerencia financiera de todas las IES públicas del país, por lo cual, desde finales de 2020, el nuevo modelo ha sido adoptado por el conjunto del Sistema Universitario Estatal como su propuesta para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda anunciaron al SUE su disposición de establecer equipos de trabajo técnico para la evaluación del modelo y, para concretar la posibilidad de su presentación como reforma a la Ley 30 ante al Congreso de la República para que así pueda convertirse en realidad. Sin embargo, habría que vivir en otro planeta para desconocer la necesidad de que los diversos actores de la educación e incluso de la vida política y económica nacional se manifiesten alrededor de la propuesta y su necesidad pues, como se sabe, sin problema público no hay decisión política.

La reciente reelección de Dolly Montoya como rectora de la Universidad Nacional de Colombia abre una oportunidad espectacular en ese sentido toda vez que ha sido una abanderada de este modelo y el mismo ocupa un lugar central en su proyecto de universidad. Ahora, ante la posibilidad de concretar una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil y profesoral de las últimas dos décadas, es tiempo de que los estudiantes y profesores conozcan, debatan, enriquezcan y se empoderen de la propuesta, la hagan suya y con la potencia y la creatividad que les caracteriza den lugar a un debate nacional sobre la necesidad y la urgencia de que el Legislativo tramite la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley de la 30 sobre la financiación de la IES públicas del país.

La experiencia del 2018 nos recuerda que ha sido la unidad de los actores del sector lo que ha puesto a la educación en el centro de la agenda nacional. Los anunciados costos económicos y sociales del escenario pospandemia dan cuenta del primer campanazo para que esa unidad no se haga esperar y, más allá de apuestas reactivas, se pueda por fin avanzar en una solución estructural.