“el gobierno del presidente Petro enfrenta el riesgo de ser recordado como una administración que transitó de un mecanismo constitucional a otro sin una visión estratégica consolidada para el país, sin haber conformado un equipo cohesionado y técnico y, lo más grave para mi gusto, sin resolver los problemas reales de la gente, empeñándose en actitudes férreas, inamovibles e inflexibles que, si hubiesen tenido un poquito más de consenso, inclusive parcialmente se habrían logrado.”
Querido lector, por estas fechas, pero el año pasado, el presidente Petro tenía a todos los que nos autodenominamos constitucionalistas (y los que verdaderamente lo son) hablando sobre una de sus propuestas más controversiales para mi gusto: convocar una Asamblea Nacional Constituyente para realizar una nueva Constitución. A pesar de que hay instrumentos dentro de la propia Carta Magna que permiten una convocatoria a realizar una nueva Carta Política, critiqué con severidad su proposición por varias razones. La primera, y para mí la más importante, porque los momentos constituyentes tienen momentos álgidos, que por ahora no tenemos; la segunda, porque la Constitución que tenemos no merece ser cambiada, menos tan rápido, lo que sí merece es ser aplicada y desarrollada.
Ahora bien, al presidente Petro no le bastó únicamente con proponer una reforma constitucional, sino que también en estos momentos está proponiendo una consulta popular para preguntarle al pueblo si quiere o no que se materialicen sus reformas sociales, especialmente, la reforma laboral. A mí no me causa conflicto que la gente participe, por el contrario, soy partidario de que lo haga, y más en tiempos donde la participación está en crisis, pero sí me inquieta mucho la actitud del presidente con el Congreso de la República, órgano quien, a fin de cuentas, gracias a la Constitución, debe expedir una ley regulando la materia. Otros aspectos que resultan inquietantes son los tiempos y los costos para llevarse a cabo dicho mecanismo de participación ciudadana.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley 134 de 1994. Puede haber consulta popular nacional o regional. Cuando ocurre la primera, cosa que pretende Petro que acontezca, el presidente es el encargado de preguntar al pueblo cuando se está a punto de tomar una decisión que afecta a todo el país, pero parece que, al presidente, recién peleado con el Congreso, se le olvidó un pequeño detalle: la consulta popular debe contar con previo aval del Senado. En ese sentido, es muy difícil que la consulta popular se efectúe bajo los términos legales y constitucionales, pues el cuerpo colegiado muy posiblemente la rechace, como le ha rechazado todo lo demás.
Es innegable que el gobierno del presidente Petro busca la participación de la ciudadanía, cosa que desarrolla nuestros postulados constitucionales, pero no se puede desconocer al mismo tiempo que él traba las reformas sociales, al tomar una postura férrea sobre aquello que quiere cambiar pero que el Congreso, en ejercicio de la separación de poderes, le negó. Posiblemente, si tuviera una actitud más conciliadora y menos especulativa el Congreso le hubiera aprobado las mismas, porque en cierto momento tuvo, inclusive, mayorías.
En definitiva, infortunadamente, el gobierno del presidente Petro enfrenta el riesgo de ser recordado como una administración que transitó de un mecanismo constitucional a otro sin una visión estratégica consolidada para el país, sin haber conformado un equipo cohesionado y técnico y, lo más grave para mi gusto, sin resolver los problemas reales de la gente, empeñándose en actitudes férreas, inamovibles e inflexibles que, si hubiesen tenido un poquito más de consenso, inclusive parcialmente se habrían logrado.
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