Cuando el Estado no logra proteger a sus niños, la guerra termina encontrándolos

Hay una pregunta que Colombia debería hacerse con mucha más seriedad: ¿qué está fallando cuando los niños que el Estado tiene la obligación de proteger terminan reclutados por grupos armados y, posteriormente, mueren en operaciones militares o bombardeos?

No se trata de justificar a las organizaciones armadas ilegales, cabe aclarar. El reclutamiento de menores es un crimen gravísimo y una de las expresiones más crueles del conflicto colombiano. Las guerrillas, disidencias, estructuras paramilitares y otros grupos que incorporan niños al conflicto armado tienen una responsabilidad directa e ineludible. La JEP, por ejemplo, ha documentado un universo provisional de 18.677 víctimas de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las antiguas FARC-EP, y ha señalado patrones de reclutamiento incluso de menores de 15 años.

Pero esa responsabilidad no puede convertirse en una excusa para olvidar la responsabilidad del Estado.

El Estado colombiano tiene una obligación elemental consagrada en la Constitución de 1991: proteger la vida, la integridad y los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los niños y adolescentes. Y cuando un niño termina dentro de un campamento armado, también hay que preguntarse cómo llegó hasta allí, qué condiciones sociales permitieron su reclutamiento, dónde estuvo el Estado antes de que fuera convertido en combatiente y qué hizo cada gobierno para impedir que esa historia se repitiera.

La tragedia es que esto no comenzó con Gustavo Petro ni con Abelardo de la Espriella. Tampoco terminó con Iván Duque.

Los registros históricos de Medicina Legal citados en 2019 mostraban que, entre 2004 y 2019, 314 menores habían muerto en medio de operaciones militares. De acuerdo con ese reporte, 177 correspondían al periodo de Álvaro Uribe, 124 al de Juan Manuel Santos y 13 al comienzo del gobierno de Iván Duque. Es importante precisar que estas cifras corresponden a operaciones militares, no exclusivamente a bombardeos.

Durante el gobierno de Iván Duque, además, un informe de Medicina Legal documentó 29 niños, niñas y adolescentes muertos en 12 de 31 bombardeos registrados por las Fuerzas Militares.

Después llegó Gustavo Petro, quien había cuestionado duramente esta práctica cuando estaba en la oposición. Sin embargo, durante su gobierno también murieron menores en operaciones contra grupos armados. Medicina Legal informó en julio de 2026 que aproximadamente 65 menores murieron durante operaciones militares relacionadas con el conflicto en ese cuatrienio, aunque el propio Ministerio de Defensa advirtió que esa cifra no debía interpretarse como 65 menores muertos específicamente en bombardeos, porque la estadística de Medicina Legal comprende operaciones militares más amplias.

Otras cifras consolidadas publicadas posteriormente hablan de 62 menores muertos durante operaciones militares en el gobierno Petro y 42 durante el gobierno Duque.

Y ahora, durante las primeras semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella, la historia vuelve a repetirse. En apenas tres bombardeos, realizados entre agosto y septiembre de 2026, seis menores han muerto, según información de Medicina Legal reportada por AFP. En uno de esos operativos, en Guaviare, fueron identificados tres menores de 15 y 16 años; otro menor había muerto previamente en una operación en Catatumbo.

Aquí es donde la discusión debería dejar de ser simplemente Petro contra Duque, Duque contra Petro o Petro contra De la Espriella.

Porque hay algo mucho más grave detrás de esas cifras: Colombia lleva décadas permitiendo que los niños sean absorbidos por el conflicto armado.

Primero los reclutan.

Después los convierten en combatientes.

Y finalmente terminan muertos en una guerra que nunca debió haber sido la suya.

Y cuando eso ocurre, el Estado llega demasiado tarde.

No basta con decir que fueron los grupos armados quienes los reclutaron. Eso es cierto, pero insuficiente. El Estado tiene la obligación de prevenir el reclutamiento, proteger a los menores y adoptar todas las medidas posibles para evitar que terminen atrapados en las hostilidades. La propia JEP y el Sistema Integral para la Paz han reiterado que el Estado colombiano tiene esa obligación.

De hecho, la dimensión del fracaso preventivo también puede verse en la continuidad del fenómeno. La JEP no sólo investiga a las antiguas FARC: en 2023 identificó preliminarmente 94 víctimas de reclutamiento y utilización de niños y niñas por miembros de la Fuerza Pública, demostrando que la protección de la infancia en medio del conflicto armado es una deuda mucho más compleja y antigua.

Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿qué tan efectiva puede ser una estrategia de seguridad que elimina a los niños después de que los grupos armados consiguieron reclutarlos, pero no logra impedir que sean reclutados?

El problema no es solamente el bombardeo. El problema empieza mucho antes.

Empieza cuando un niño vive en un territorio donde el Estado llega con dificultad; cuando no hay oportunidades educativas suficientes; cuando las economías ilegales tienen más presencia que las instituciones; cuando los grupos armados pueden imponer sus reglas; cuando las familias están expuestas a la pobreza y la violencia; cuando un adolescente puede ser convencido de que ingresar a una estructura armada es una salida de vida.

Y allí también han fracasado los gobiernos.

Han fracasado Uribe, Santos, Duque, Petro y ahora también De la Espriella, cada uno en las dimensiones y circunstancias que correspondan a su gobierno. Porque después de décadas de conflicto seguimos teniendo niños reclutados, desaparecidos, utilizados para combatir y ahora también muertos en operaciones militares.

Por eso tampoco acepto el argumento de que hablar de los menores muertos en bombardeos significa defender a los grupos armados.

No.

Defender a los niños significa condenar el reclutamiento y, al mismo tiempo, exigirle al Estado que haga todo lo que esté a su alcance para impedir que esos niños terminen siendo objetivos del conflicto armado.

Una decisión judicial reciente en Bogotá precisamente puso el dedo en esa herida: una jueza ordenó suspender provisionalmente los bombardeos contra objetivos cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados y pidió evaluar alternativas menos lesivas mientras se resuelve de fondo la tutela.

La discusión jurídica continuará. Las Fuerzas Militares sostienen que estas operaciones cumplen los estándares del Derecho Internacional Humanitario y que algunos menores participan directamente en las hostilidades. Pero hay algo que debería estar por encima de cualquier disputa política: un niño no debería estar en un campamento armado, pero tampoco debería ser necesario bombardear un campamento para descubrir que allí había niños.

Colombia no puede acostumbrarse a contar muertos.

No podemos convertir en una estadística a un adolescente de 15 o 16 años que debería estar estudiando, jugando fútbol, pensando en su futuro o simplemente viviendo.

Los grupos armados tienen que responder por reclutarlo.

Pero el Estado también tiene que responder por no haberlo protegido antes.

Porque la pregunta no debería ser solamente cuántos menores murieron bajo Uribe, Santos, Duque, Petro o De la Espriella.

La pregunta verdaderamente incómoda es:

¿Cuántos gobiernos más tendrán que pasar para que Colombia consiga que sus niños dejen de ser reclutados, utilizados y asesinados por un conflicto que ellos nunca escogieron?

Fuentes