Nada peor para el desarrollo de un territorio que un proceso de revocatoria en las actuales condiciones legales y políticas de Colombia. Se trata de una iniciativa que no tiene dientes pues está ligada a la ejecución del Plan de Desarrollo aprobado y no responde al gusto o disgusto que genera un gobierno o su gobernante de turno.
Una revocatoria se inicia con la petición de cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político en solicitud a la Registraduría para ser inscrito como promotor de la revocatoria, en 8 días le aprueban esa iniciativa a esa persona jurídica o natural y tiene desde enero del próximo año hasta diciembre del 2022 para poder recoger el 30% de los votos obtenidos por el ganador en forma de firmas para luego ser refrendado en las urnas, bajo un proyecto que sustente el porqué de la petición de revocar del cargo a un mandatario elegido por voto popular.
La iniciativa debe ser muy bien sustentada en los aspectos programáticos que a la fecha del corte de cuentas en rendición pública tenga resultados insatisfactorios en el porcentaje de ejecución. ¿Qué si el alcalde o gobernador me cae bien o mal? ¿Qué si es indelicado con los empresarios? ¿Qué si el mandatario insulta a sus opositores por twitter? Nada de eso tiene peso en la iniciativa de una revocatoria que se convierten en una rebatiña política donde el mandatario debe invertir tiempo, recursos del gobierno, energías y capital político en defenderse y ralentiza su trabajo por el desarrollo territorial, por estar atendiendo un proceso donde los únicos ganadores serán sus rivales, otros políticos que buscan popularidad para las siguientes elecciones y a quienes – en la mayoría de los casos- les importa poco o nada el desarrollo social, las obras que generen empleo, el hambre, la educación, la salud, la seguridad o los temas relevantes de un Buen Gobierno y muy por el contrario suelen ser revanchistas y malos perdedores que en su viudez de poder quieren ser talanquera en la rueda de quien los derrotó en las urnas.
Han pasado 29 años desde que la Constitución de 1991 estableció este mecanismo y entre 1994 y 2020 encontramos más de 108 iniciativas de revocatoria de mandato en Colombia. Ninguna ha prosperado. De estas, más de 55 se quedaron en el proceso jurídico, lo cual puede ocurrir por incoherencias de iniciativa o porque la Registraduría no validó todas las firmas entregadas. De otro lado más de 49 procesos de revocatoria lograron llegar a la etapa electoral, sin embargo a esa altura del paseo se llegó el último año donde ya la Ley no lo permitió o en las urnas no se vio la misma proporción de las firmas.
En resumen: Los grandes perdedores de las revocatorias de mandatos son los ciudadanos, quienes son tristes espectadores de un ring de boxeo con dos o más sectores políticos en rebatiña electoral prolongada con poca o ninguna probabilidad de que se citen nuevas elecciones o se dé la salida de un mandatario, pues se trata de procesos complejos, poco probables y con un alto nivel de desgaste donde también se ve lastimada la confianza, la gobernabilidad y el prestigio del ejercicio público hoy de suyo en cuidados intensivos con grave efecto para la democracia y la institucionalidad.
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