La democracia, como la mejor forma de organización estatal para integrar la voluntad popular en la toma de decisiones públicas, no lo es por el simple hecho de agotar ciertos formalismos o ritualidades; se hace necesario que la participación, directa o indirecta de la ciudadanía sea efectiva, que se surta el debate y, fundamentalmente, que éste tenga la virtud de propiciar los ajustes reales que sea menester hacer a las políticas públicas. De lo contrario, este modelo de gobernanza y de organización política tan preciado queda sin contenido práctico, legitimando el despotismo y el autoritarismo.
Pues bien, la aprobación de la Reforma Tributaria y el Proyecto de Paz Total de Petro en el Congreso de la República son claro ejemplo de la desnaturalización práctica de nuestra democracia, para pesar y preocupación de millones, dentro y fuera del país.
En primer lugar, el Proyecto de Ley que adopta la controvertida, innecesaria y regresiva Reforma Tributaria de Petro, fue aprobada por la Plenaria del Senado de la República, pese al pedido de la oposición para su aplazamiento, de modo que los Congresistas que no intervinimos en el primer debate, por no integrar las Comisiones Económicas Permanentes, pudiéramos estudiar de fondo aspectos tan problemáticos y lesivos para la economía y el bienestar de los colombianos. Finalmente, solo tuvimos unas 24 horas para preparar el debate del Proyecto de más de 300 páginas y casi un centenar de artículos, que fue anunciado el 1 de noviembre y votado al día siguiente, a los “trancazos” por el Presidente del Senado, Roy Barreras.
Pero, sin duda, el hecho insólito que marcó la jornada, como si la sola aprobación de esta nefasta Reforma Tributaria no fuera suficiente, fue la manera arbitraria y abusiva, en que se aprobó la conciliación del Proyecto de Paz Total, anunciado poco antes de media noche y votado minutos después por la Plenaria.
Es importante recordar que ese Proyecto de Ley fue puesto a consideración de la Plenaria del Senado el 24 de octubre, fecha en la que se aprobó con ajustes importantes, como: la eliminación de los artículos que concedían a Petro, plenas facultades para diseñar e implementar el marco jurídico que beneficiaría a guerrilleros y bandas criminales que negocien con su Gobierno, sin consultar al Congreso de la República; además de los artículos para indultar a los integrantes de la denominada Primera Línea, responsables de diversos delitos, entre ellos, homicidio, vandalismo y terrorismo durante el paro. En esa sesión, el Senado hundió el Servicio Social para la Paz como alternativa al Servicio Militar Obligatorio, dada su inconveniencia e inconstitucionalidad; se eliminó un impuesto adicional que afectaría gravemente el bolsillo de los colombianos, y se le cerró la puerta a que los disidentes de las FARC, como Iván Márquez, pudieran beneficiarse de la Paz Total. Al día siguiente, la Plenaria de la Cámara aprobaría lo negado por el Senado y tres artículos nuevos, obligando, por mandato de la Ley 5ª de 1992, a conciliar los textos aprobados por las dos Cámaras; y es a partir de ahí donde ocurrió lo inesperado.
El texto conciliado, que terminó siendo el aprobado por la Cámara de Representantes, había sido publicado en la Gaceta del 1 de noviembre, anunciado casi a media noche del 2 y aprobado en la madrugada del 3, sin que los Senadores tuvieran oportunidad de estudiar el texto. Nosotros, la bancada del Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, abandonamos la Plenaria después de dejar constancia de esa arbitrariedad. Para la historia queda el registro de que, a la manera en que lo hacen los ladrones, la Plenaria del Senado terminó aprobando un Proyecto de Ley, en la más absoluta penumbra.
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