“El riesgo no es la alianza con Estados Unidos, que es antigua y valiosa. El riesgo es pasar de exportar un modelo a importar validación”
Hay discursos que se entienden por lo que dicen y otros que solo se entienden por lo que callan. La primera intervención del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Asamblea General de Naciones Unidas pertenece a la segunda categoría. Leída por el vicepresidente José Manuel Restrepo, fue una pieza sobre seguridad, terrorismo, inversión, reforma de la ONU y Venezuela. Pero su sentido estratégico no está en ese inventario. Está en una sustitución: Colombia dejó de presentarse ante el mundo con la moneda que durante casi una década le dio un peso internacional superior a su tamaño.
La divisa histórica de Colombia
Colombia no tiene portaaviones, ni una moneda de reserva, ni un asiento permanente en ninguna mesa decisiva. Es, en el mejor sentido del término, una potencia media: un país cuya influencia no proviene de la fuerza sino de su capacidad para convertir problemas nacionales en agendas compartidas. Lo hizo con la corresponsabilidad en drogas, con la acogida de la migración venezolana y con la biodiversidad. Y lo hizo, sobre todo, con la paz.
El Acuerdo de 2016 funcionó como una divisa diplomática. Le daba al país interlocución privilegiada con Europa, respaldo de donantes y algo excepcional: un Consejo de Seguridad que, fracturado en casi todos los expedientes, mantenía sobre Colombia un consenso poco frecuente. Esa moneda tenía una virtud que conviene subrayar: la emitía Colombia. El país ponía el proceso y el mundo lo validaba.
Una paz que bajó del atril
En el discurso del 24 de septiembre la paz no figuró como eje. No desapareció de la agenda: cambió de lugar. Durante la misma semana de alto nivel, el canciller Omar Bula explicó que había conversado con su homólogo británico sobre la manera como Colombia “remoldeará” el Acuerdo según las prioridades presidenciales. El dato importa porque el Reino Unido conduce el expediente colombiano en el Consejo de Seguridad.
La paz salió de la tribuna pública y pasó a la negociación reservada. Es un movimiento revelador. Un gobierno que considerara irrelevante el Acuerdo no lo discutiría con quien redacta las resoluciones sobre Colombia. Lo discute porque sabe que, para buena parte del sistema internacional, la paz sigue siendo el lente a través del cual se mira al país. Pudo retirarla del relato que quiere proyectar, pero no del lugar donde otros lo evalúan.
Seguridad: una moneda que se cotiza afuera
En el lugar de la paz aparecen dos activos: seguridad e inversión. El primero fue formulado con deliberada dureza, al llamar terroristas a los grupos armados y describir el narcotráfico como una empresa criminal transnacional que exige corresponsabilidad. El segundo, como una invitación abierta al capital extranjero.
El giro es legítimo. Hay razones serias para sostener que el control territorial es hoy la condición de todo lo demás, incluida la propia paz. Pero la seguridad tiene una diferencia estructural con la paz como moneda diplomática: su valor no lo fija Colombia. Lo fija, sobre todo, Washington. La ruptura de relaciones con Irán, justificada en nombre de la seguridad nacional y hemisférica, y el llamado a una transición en Venezuela sin precisar qué papel jugaría Colombia, dibujan una política exterior que se orienta más por un alineamiento que por una agenda propia.
La alianza con Estados Unidos es antigua y valiosa. El problema no es la alianza, sino el cambio de posición que implica: pasar de ser un país que exporta un modelo a uno que importa validación.
El multilateralismo de ventanilla
El pasaje más comentado fue la crítica a la burocracia de Naciones Unidas. Menos atención recibió la ironía que lo acompaña: la propuesta más ambiciosa del discurso fue pedirle a esa misma organización una definición jurídica universal del terrorismo. Es una preocupación razonable, porque la ausencia de definición complica la cooperación judicial y el rastreo financiero. Pero es también la negociación en la que la ONU lleva cerca de tres décadas estancada, bloqueada por desacuerdos profundos entre bloques de países.
El Gobierno critica la maquinaria y, al mismo tiempo, le encarga su tarea más difícil. No hay contradicción si se entiende el modelo que se propone: un multilateralismo de ventanilla. La ONU como proveedora de servicios (inteligencia, cooperación penal, persecución de finanzas ilícitas) y no como autoridad normativa. El discurso lo dejó claro al rechazar una uniformidad política y cultural decidida desde instancias supranacionales.
El límite de ese modelo es práctico. Las ventanillas solo atienden a quien llega con coaliciones. Para conseguir una definición de terrorismo, Colombia necesitaría justamente los apoyos del Sur Global y de Europa que hoy parece dispuesta a relegar.
La soberanía como escudo de doble filo
La tensión más fina aparece en los derechos humanos. El Gobierno reclamó que no se usen de manera selectiva, contra unos sí y contra otros no, y enseguida pidió una transición democrática en Venezuela. Todo en nombre de la igualdad soberana y la libre determinación. Sus defensores dirán que eso es coherencia: el mismo estándar para todos. Es un argumento atendible.
Pero el vocabulario de la soberanía como escudo frente al escrutinio externo es el mismo que Caracas ha usado durante años para rechazar la vigilancia internacional. Y Colombia, que discute por estos días el presupuesto de la JEP y los ajustes al Acuerdo, será evaluada en los mismos foros que hoy pide volver más imparciales. Para un país mediano, la universalidad de las normas no es una concesión ideológica. Es su póliza de seguro. Cuando las reglas se vuelven negociables, pierden primero quienes no tienen poder para imponer las suyas.
El mensajero también es mensaje
Por primera vez en la historia reciente, un vicepresidente leyó ante el pleno el discurso del jefe de Estado. La explicación oficial es conocida: la promesa presidencial de no salir del país. Hay coherencia en que un economista con experiencia en comercio y hacienda presentara un texto de acento económico. Pero la semana de alto nivel es, ante todo, diplomacia entre jefes de Estado, y delegarla comunica una jerarquía: el capital político del presidente se reserva para el frente interno y la política exterior queda en manos de su equipo. Es una decisión de prioridades, no un asunto de protocolo, y los interlocutores externos la leen como tal.
La confianza no se autodeclara
La palabra que ordenó el discurso fue confianza. El Gobierno quiere que el mundo vuelva a confiar en Colombia, y tiene razón en que sin ella no llega la inversión. Pero la confianza tiene una característica que el discurso no reconoce: no se autodeclara. La emiten otros. Y durante años, una parte sustancial de la confianza internacional en Colombia estuvo denominada en paz: en la previsibilidad de un acuerdo verificado, de una misión de Naciones Unidas en el terreno y de un consenso excepcional en el Consejo de Seguridad. Los inversionistas también leen esos informes.
El dilema de fondo no es si Colombia debe criticar a la ONU. Un sistema multilateral más eficaz conviene a todos, y más a los países medianos. El dilema es desde dónde lo hace: como reformador que construye coaliciones o como crítico que depende de un solo aliado para que su voz tenga valor.
Cambiar de moneda es una decisión soberana. Olvidar quién fija el tipo de cambio sería el verdadero error de cálculo.
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