Pensé en colocar entre interrogaciones la segunda oración del título de esta columna, pues, en mi sentir, la falta de claridad, o mejor, la dicotomía irreconciliable entre los objetivos del Gobierno y las Farc frente a las negociaciones, está en base del debate surgido a partir de la instrucción presidencial de empezar a negociar un cese al fuego bilateral.
Desde la posición inicial del Gobierno, la cual comparto dentro de mis reservas sobre la legitimidad misma de las negociaciones, el llamado cese al fuego bilateral no es siquiera un concepto aplicable, pues nadie, que yo sepa, le ha otorgado a las Farc el reconocimiento como ejército legítimo, es decir, la condición de beligerancia, única desde la cual se podría firmar un armisticio o acordar un cese al fuego bilateral.
Hasta ahora –eso creo– todavía estamos frente a un grupo terrorista, narcotraficante e inmerso en otras conductas delictivas como la minería ilegal y la extorsión. No en vano el presidente autoriza a su ministro de Defensa –o no lo desautoriza– a mostrarles los dientes y seguirlos llamando públicamente “bandidos” y “terroristas”, aunque ese tratamiento esté vedado en el escenario de La Habana.
Es cierto también que el Gobierno aceptó entablar negociaciones con ese grupo, haciendo concesiones que nunca debió haber hecho, pero con un único objetivo: eliminar ese foco de violencia, es decir, lograr el cese al fuego definitivo por parte de las Farc como resultado. Lo que se está negociando son las concesiones, el precio para alcanzarlo.
La inequidad, la exclusión social, la pobreza, la espuria justicia, el abandono rural, la corrupción rampante, las carencias en educación y salud, todos son temas que, a partir de la seguridad como bien fundante, el Estado debe enfrentar para alcanzar la verdadera paz, con Farc o sin Farc. Es decir, no son para el Gobierno el objetivo de la negociación, que sí lo es el de la seguridad como fundamento.
Por eso siempre se ha sostenido que nada puede coartar el deber constitucional de las Fuerzas Militares de garantizarla en todo el territorio y en todo momento, sin cese alguno. Por eso, precisamente, la posición inicial del Gobierno siempre fue –y debería seguir siendo– de cese al fuego solo “hasta que firmemos el fin del conflicto”, nunca antes; porque la Fuerza Pública, sin incumplir su mandato, solo podrá dejar de perseguir a las Farc por sustracción de materia, es decir, cuando dejen de ser una amenaza, nunca antes.
Para las Farc, por el contrario, el cese al fuego no es el objetivo. Su meta siempre ha sido la imposición de un modelo comunista de Estado y de sociedad. Disparar o dejar de hacerlo es accesorio, mientras conserven el poder disuasivo de las armas en sus manos. En sus zonas de influencia, aunque el Gobierno no quiera verlo, no se mueve un dedo sin su autorización, no se compra ni se vende, no se entra ni se sale, y persiste la vacuna por res, hectárea cultivada o por ventas en cualquier negocito de subsistencia.
Por eso no tienen afán. Para las Farc, dos o veinte años no es nada, como en el tango de Gardel, porque no aceptan la paz como algo “…susceptible de ganar por simple prescripción o vencimiento de términos”. Tocará empezar a creerles cuando, apenas hace unos días, afirmaron que “Lo verdaderamente importante para la firma de un pronto Acuerdo Final es la disposición del gobierno nacional para ceder ante nuestras propuestas claramente expuestas en casi todas las materias pendientes”. Advertencia o amenaza, ese es su único objetivo.
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