“Las consecuencias que se derivan de la agresividad y violencia por parte del estado son profundas y de magnitud. Particularmente resaltaría el deterioro de la confianza en la institucionalidad y la eliminación paulatina de los referentes morales de los individuos participes. Dicho de otra manera, deshumanizamos la violencia y aprendemos a convivir con ella y hacerle frente de manera particular.”
Durante los últimos días, a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de las autoridades de este país, me han surgido muchas inquietudes acerca de esta situación. En Colombia también se han padecido casos de agresiones por parte de funcionarios públicos, puntualmente la policía y el ESMAD entre otros. Y lo que denotan este tipo de situaciones es que se violan y vulneraran los derechos de los individuos, incluso a punto de poner en riesgo su seguridad física sin que existan en la mayoría de los casos consecuencias para los victimarios.
Human Rights Watch es una organización sin ánimo de lucro que tiene un único objetivo y es la investigación y reportaje de abusos a los derechos humanos alrededor del mundo. Recientemente publicaron un informe titulado “Colombia: Abusos policiales en el contexto de manifestaciones multitudinarias” en el que relatan una serie de incidentes que ocurrieron en nuestro país en el marco de demostraciones públicas que tuvieron lugar durante el 2019. De este informe resalto el caso de Dilan Cruz Medina, joven menor de edad quien el 23 de noviembre recibió el impacto de un proyectil disparado por parte de integrantes del ESMAD.
La posterior muerte de este joven desbordo las calles de manifestantes enfurecidos, indignados y llenos de repudio hacía el estado que reclamaban justicia. Sin embargo, hoy el caso sigue abierto y sin resolución por trámites burocráticos dentro de la cual destaco la competencia de la corte aplicable al análisis del caso. Adicional a este caso, el informe resalta un total de 72 casos señalados de posibles abusos perpetuados por agentes del estado durante el marco de las protestas. De estos casos, ningún involucrado ha sido imputado.
Las consecuencias que se derivan de la agresividad y violencia por parte del estado son profundas y de magnitud. Particularmente resaltaría el deterioro de la confianza en la institucionalidad y la eliminación paulatina de los referentes morales de los individuos participes. Dicho de otra manera, deshumanizamos la violencia y aprendemos a convivir con ella y hacerle frente de manera particular. Preferimos llevar a cabo nuestra propia justicia o resolver cualquier situación por nuestras propias manos. Reaccionamos con violencia precisamente porque la padecimos, porque nos niegan la resolución y nos sentimos impotentes antes la inactividad del Estado.
El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (por sus siglas MOVICE) es otra entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión “reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado sea por su acción u omisión” y como estas, seguramente en el país habrán muchas otras organizaciones que promuevan este mismo fin. Pero más allá de la búsqueda de justicia y resolución, también se debe de trabajar para la no repetición de cualquier acto violento por parte del Estado.
Para esto es fundamental la búsqueda conjunta entre la ciudadanía y el Estado para implementar acciones que conlleven a este fin. Comenzando por nuestra responsabilidad de denunciar abusos y casos de los cuales conozcamos, que reclamemos justicia y realicemos veeduría ciudadana a estas instituciones. Ahora también es nuestra responsabilidad respetar nuestras leyes, adherirnos a las convenciones sociales y cualquier tipo de acuerdo social que garantice la paz y convivencia. No hacerlo nos convertiría en participes de un ciclo de violencia del que no lograremos salir.
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