La democracia participativa significa que el pueblo tiene la obligación de participar en su vida política. No hacerlo es ni más ni menos que violar la Constitución Política en varios de sus artículos, comenzando por el Preámbulo de esta:
“PREAMBULO
EL PUEBLO DE COLOMBIA,
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”
Y en el primer artículo de la Constitución, cuando comienza a desarrollar los principios fundamentales de la misma, así lo repite:
“TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
Si desde el Preámbulo y desde el primer artículo de la Constitución Política, que es norma de normas al tenor del artículo 4, que dice:
“ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”
Es indiscutible, prístino, de que el ciudadano tiene, no sólo el derecho, sino el deber, de participar en los eventos democráticos que determina la Constitución Nacional.
El artículo 20 de la Constitución Política afirma que es un derecho de todas las personas el poder expresar sus pensamientos:
“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”
El artículo 37 de la Constitución Nacional permite al pueblo reunirse y manifestarse en forma pública, siempre y cuando la manifestación sea pacífica:
“ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”
Nuestro País cayó en manos de un personaje que no tendría escrúpulos para desconocer nuestra Constitución Política, pues hizo parte del grupo guerrillero que se tomó, incendió el Palacio de Justicia aquel nefasto miércoles 6 de noviembre de 1985 y asesinó a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, entre ellos a mi Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Dr. Horacio Montoya Gil.
La Comisión de la Verdad, conformada por los Magistrados José Roberto Herrera Vergara, Jorge Aníbal Gómez Gallego y Nilson Pinilla Pinilla, comprobaron que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por el mafioso Pablo Escobar Gaviria
En la página 311 de ese Informe, se consignó textualmente: “49. Entre 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo.”
En la página 312, se consignó: “53. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Como comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia”
Rosenberg Pabón, miembro del M19, que después fue alcalde Yumbo en el Valle, lo dijo, y fue consignado en el Informe de la Comisión de la Verdad en la Página 313:
“Rosemberg Pabón: La única persona [autorizada] para hablar con Pablo Escobar era Iván Marino Ospina; era la única persona. Yo podía hablar con él, pero no a nombre de la dirección, porque había una persona… ¿Por qué se colocó a Iván? Porque Iván, por su carácter, por su forma, él era querido entre todos los bandidos, no solamente los narcos… los jaladores de carros de Pereira, le tenían respeto a él como guerrero.”
En la misma página 313, se repite este nexo entre M19 y la mafia de Pablo Escobar:
“55. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar, y al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas. 56. John Jairo Velásquez Vásquez, apodado “Popeye”, declaró a la Comisión de la Verdad que su “patrón” Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero. Así relató “Popeye” a la Comisión: Él [Pablo Escobar] le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron… Eso lo decía Pablo abiertamente, para la época él colocaba, más o menos en viáticos y todas las cosas les dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata… todo eso lo manejaba Pinina, que era un hombre superclave… Para ustedes hay un hombre muy importante, es el Arete [Carlos Mario Alzate Urquijo]. 57. Por su parte, Carlos Castaño refirió para el libro Mi confesión, el acuerdo al que llegaron en su presencia, “a finales del mes de mayo de 1985”, Carlos Pizarro y el cartel de Medellín para la toma del Palacio de Justicia por el M-19, por iniciativa de Pablo Escobar: [Pablo Escobar:] “[…] la extradición está caminando y nos están jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Nos encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley. Tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder, nadie se atreverá a denunciarnos”. Fidel [Castaño] contestó: “Listo. Yo pongo unos fusilitos para lo que se necesite”. Y Escobar replicó: “Yo pongo la plata”. 58. También puede leerse en Mi confesión: Estas fueron las palabras de Pizarro: “Un millón de dólares para el M-19 por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía y un millón de dólares adicionales por destruir todos los archivos”. Paso a paso, el abogado Guido Parra les explicó dónde encontrar los archivos a quemar y Pizarro enfatizó en la forma de proceder a la Sala donde se mantenían los procesos de extradición contra Pablo Escobar. Recuerdo como si fuera ayer, a otro narco que se levantó molesto diciendo: “¿Bueno, se van a tomar el Palacio o solamente la Sala donde archivan los procesos del patrón?”. Ahí intervino nuevamente el hombre que acompañaba a Pizarro: “No, no, no… Un momento. También es posible incinerar lo de él”. Por esto recibieron trescientos mil dólares más. Las armas que puso Fidel Castaño para la toma del Palacio, las entregué yo. Se les dieron dos metras, una MP5, un AR-15, un M-16 y otros fusiles. Escobar puso las armas cortas, granadas y dinamita. Esta última no sé para qué.”
De la misma manera, ese grupo guerrillero secuestró, violó y asesinó a Gloria Lara de Echeverri; asesinó al líder sindical José Raquel Mercado; secuestró y asesinó al colombiano, en ese entonces gerente en Colombia de la Texas Petroleum Company, Nicolás Escobar Soto. Gustavo Petro recibió personalmente el pago del rescate del hacendado Jesús Eduardo Sarmiento, secuestrado en el Tolima, cuando hizo parte del M19.
Con todo ese prontuario del grupo guerrillero del cual hizo parte Gustavo Petro y todo el desastre que está haciendo a nuestro País, especialmente el ataque frontal a Antioquia al querer quitarle el dinero para terminar las vías 4 G, al tratar de cercenarnos a Urabá citando por medio de su hermano a reuniones clandestinas a los alcaldes de esa zona https://caracol.com.co/2024/02/19/que-hacia-el-hermano-del-presidente-petro-con-los-alcaldes-del-uraba-en-medellin/, es necesario salir a pronunciarnos el próximo 6 de marzo del 2024 a las 10,00 am en la Av Oriental con la Av La Playa de la ciudad de Medellín y advertirle a Gustavo Petro que Antioquia se respeta, que no estamos de acuerdo con su gobierno, que no vemos la hora de que se den las elecciones para Congreso y Presidente en el 2026 y que haremos respetar la democracia colombiana.
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