México: hacia la omnipotencia del poder ejecutivo

Miles de mexicanos se dieron cita el pasado 18 de febrero en el Zócalo de CDMX y en las principales ciudades de mi país para participar en la Marcha por la Democracia. Todos los que salieron masivamente ese soleado domingo tuvieron –probablemente, tienen aún– como objetivo exigir que las futuras votaciones fueran limpias y que se conserve el respeto por las instituciones democráticas; respectivamente, nos encontramos a poco más de una semana y tres meses para que empiecen las campañas electorales y se lleven a cabo los comicios presidenciales del próximo 2 de junio. ¿Esta fue una manifestación en aras de exponer solamente consignas ciudadanas?, ¿o por el contrario, pretendía amplificar a una sola voz las miles que se oponen al cuestionable Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? Veamos.

En agosto de 2018, AMLO asumió la presidencia de México con la promesa de NO intervenir en los asuntos de los otros dos (2) poderes: legislativo y judicial, así como de respetar la independencia de los órganos autónomos del Estado. Sin embargo, desde principios de su mandato, ha atacado innumerables veces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los jueces, magistrados, diputados, senadores, consejeros de órganos autónomos, y básicamente, cualquier servidor público o periodista que tenga “otros datos”. Claramente, y en especial desde enero de 2023, sus acciones son evidentes y marcan una postura que pretende consolidar al poder ejecutivo.

AMLO ha señalado repetidamente la corrupción y falta de compromiso con la justicia que impera en el poder judicial, describiéndolo como un poder “secuestrado por el dinero”. En dicho contexto, el presidente anunció su intención de reformarlo desde la raíz, proponiendo “democratizarlo”, es decir, permitir que la población elija directamente a jueces y magistrados, argumentando que esto limpiará la corrupción y los conflictos de interés; francamente, no comprendo cómo los jueces y magistrados van a entrar en campaña como candidatos a cargos ejecutivos. ¿Acaso alguno puede proponer más justicia que los otros?

En octubre de 2023, el mandatario planteó eliminar los fideicomisos del poder judicial, según él, porque sus sueldos son estratosféricos, al punto que “los magistrados se atreven a ganar más dinero que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. Dicha propuesta fue aceptada por el Senado, la cual, además de causar controversia a nivel nacional, generó un paro nacional de los afectados, deteniendo por varios días la aplicación de justicia formal, transparente y expedita a la que todos los individuos tenemos derecho. Para justificar su accionar, López Obrador hizo hincapié en que la propuesta no solo busca la redistribución de los recursos, sino también la participación activa del poder judicial en el proceso de toma de decisiones, ya que, al ahorrarse los 15 mil millones de los “innecesarios” fideicomisos, se podría, por ejemplo, “ayudar” a los que lo perdieron todo tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Además, insiste en que el poder judicial podría ser parte integral del comité que autorizaría la aplicación de los fondos, proporcionando un “mecanismo de supervisión interno”.

Como si no fuera suficiente, el presidente mantiene su intención de eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Según AMLO, estos organismos son onerosos y no sirven a la ciudadanía, calificándolos de inútiles y trazando la “necesidad” de una reforma administrativa para desmantelar lo que él describe como un “aparato paralelo al Gobierno”. En realidad, su propuesta pone en riesgo la democracia, la transparencia del Gobierno y la rendición de cuentas a los ciudadanos, negándonos cualquier inquietud que tengamos relacionada con temas oficiales y configurando así una tiranía disfrazada de democracia, donde juez y parte son el mismo ente: el poder ejecutivo. Con esto, las palabras de Thomas Jefferson cobran relevancia: “La experiencia ha demostrado que incluso bajo el mejor de los Gobiernos, aquellos encargados de la administración pública son propensos a dejarse llevar por la corrupción, a menos que estén continuamente vigilados”. La democratización del poder judicial, la desaparición de los organismos autónomos y el fortalecimiento del poder ejecutivo plantean la pregunta sobre quién o quiénes ejercerán esa vigilancia.

Aparentemente, el nuevo encargado de evitar el despotismo y vigilar que exista orden en el país, en sus funciones de Guardia Nacional, sería la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): la milicia mexicana. Pese a que en sus orígenes se estableció como una corporación civil y fue inicialmente creada para abordar problemas de seguridad, hoy por hoy, SEDENA depende netamente del ejecutivo, por lo que lo sugerido por AMLO concentraría todo el poder en sus manos, e indudablemente iría contravía a la idea original de su concepción. Estamos cayendo en un supuesto fundamental previsto por James Madison: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en manos de una misma persona o de un mismo cuerpo de magistrados, ya sea hereditario, ya sea electivo, puede justamente considerarse como la definición muy precisa de despotismo”.

Las acciones y propuestas de AMLO, no solo indican una fuerte concentración de funciones en el poder que este represente, sino también una cuestionable militarización y la eliminación de organismos autónomos. Esto a su vez, pone en riesgo la separación de poderes y la autonomía institucional en México, y asimismo, ataca de manera directa la democracia, la transparencia, la gobernabilidad del país, y principalmente, la seguridad del individuo, dejándolo indefenso ante la omnipotencia del ejecutivo. Aun así, eventos como la Marcha por la Democracia sientan un importante precedente: que los mexicanos –y quizá todos los latinoamericanos, en sus respectivos contextos desde luego– en estos nuevos tiempos no estamos dispuestos a perder nuestra libertad.


Esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.

Joanna Guerra

Chilanga de pura cepa, es decir, originaria de Ciudad de México. Abogada por la Universidad del Valle de México y filósofa por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), con maestrías en Educación y en Arte por la Universidad Privada de Irapuato (Estado de Guanajuato, México) y por la Royal London University. Doctora en Educación por la Universidad IEXPRO, con estudios en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y otros complementarios en Harvard University y Dartmouth College en los Estados Unidos.

Desde el año 2014 se desempeña como profesora en el IPN (Instituto Politécnico Nacional de México) y en el Colegio de Bachilleres. Considera que la Educación es la única manera de que las personas sean libres, e intervenir de manera directa contribuye a la autoconciencia y, por ende, a fomentar que los individuos comprendan que cada uno es un fin en sí mismo con derechos y obligaciones. Asimismo, dirige un despacho de abogados con especialidades en Derechos de Autor, y Marcas y Patentes. También ha organizado y participado de varios eventos académicos como moderador y disertante: distintos simposios, coloquios, y seminarios a nivel nacional e internacional en su natal México, Argentina, los Estados Unidos, Perú, Polonia, Alemania, entre otros.

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