Cuando se estatizaron las AFJP, el Estado se quedó con acciones en algunas compañías en las que hay directores que cobra suculentos honorarios que pagan las empresas, lo que constituye un verdadero exilio dorado. Obviamente, ninguno es un jubilado de la mínima.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se creó originalmente en el año 2007, mediante el Decreto 897, con un objetivo central: garantizar la sostenibilidad y el financiamiento a largo plazo del sistema previsional público ante posibles crisis económicas o caídas en la recaudación impositiva.
Los directores propuestos por el Estado Nacional a través de la ANSES, en virtud de las acciones heredadas de las antiguas AFJP, no reciben técnicamente un “sueldo” de empleado tradicional, sino que perciben honorarios de directorio, pagados directamente por la propia empresa privada en la que ejercen funciones.
Esta situación no afecta a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Con esa plata que se quedó el Estado al estatizar se formó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que maneja la ANSES y suma en la actualidad algo así como 85.000 millones de dólares, que están invertidos en diferentes lugares.
- Casi el 80% en deuda pública, sobre lo que los comentarios sobran.
- Del casi 20% restante, se utilizarán 2 billones de pesos para préstamos hipotecarios que se prestarán a los bancos, quienes pagarán un interés como si se tratara de un plazo fijo.
Hasta ahí, no pasa nada. El FGS cobra intereses y los bancos prestan a un interés controlado para la compra de viviendas.
Por otra parte, cuando se aprobó la Ley de Modernización Laboral, se creó otro: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a ayudar a las empresas a pagar indemnizaciones, con aportes patronales que, en vez de ir íntegramente al Sistema Integrado Previsional Argentino, una parte vaya a ese nuevo Fondo.
Esto puede no ser tan agradable, pero si sirve para que los empresarios registren al personal, seguramente ingresará al sistema una cantidad similar a la que se desvía para el nuevo fondo.
Todo esto, si alguien lo explicara con términos sencillos, quizás sería entendido por casi todos y se evitaría el erróneo pensamiento que las indemnizaciones se pagarán con la plata de los jubilados y que los préstamos hipotecarios también serán financiados por el mismo sector.
Mala leche no tiene nadie, pero que la hay, la hay.
El problema realmente grave es que nadie explica nunca las cosas. Entonces cada uno las interpreta como mejor le conviene, según sus intereses o los de quienes lo ensobran.
Tampoco queda muy claro si esa deuda pública algún día será pagada, ya que esa plata sí que es para absorber variaciones muy importantes en los aportes. Se trata de un seguro que garantiza que el Estado pueda pagar en fecha estas vergonzosas jubilaciones y pensiones que paga.
Si esa plata hubiera que darla por perdida, habría que ver si aparece algún responsable, cosa que dudo. Con lo cual, sería bastante lógico que se terminara aplicando esa máxima atribuida al Premio Nobel de Economía: Go sing to Gardel. Go cry in church.
CONCLUSIONES:
- Que haya directores en cada empresa que cobren seguramente una fortuna no afecta a los jubilados porque no se pagan con fondos de la ANSES.
- Que se financie parte de las futuras indemnizaciones, en la medida en que se trate de una gestión de suma cero, porque haya un incremento de aportes por aumento de la cantidad de trabajadores registrados, tampoco generaría ningún problema.
- Que se destine una parte para financiar préstamos hipotecarios tampoco generará ningún inconveniente, ya que será dinero que tomarán los bancos pagando un interés y serán ellos quienes corran los posibles riesgos de las operaciones.
- Que casi el 80% del capital esté en bonos del Estado tampoco es ningún problema. Ya pasó. Es como llorar sobre la leche derramada.
Por todo esto, mis queridos hermanos jubiletes pueden estar tranquilos: la situación no cambiará y, teóricamente, mucho menos empeorará. Seguiremos cobrando la miseria insultante y vergonzosa como hasta ahora, perdiendo cada mes capacidad de compra y calidad de vida.
Pero no todo está perdido.
Cuando nuestros primos hermanos lejanos, los empleadores, registren a todo su personal por el sueldo íntegro que pagan y hagan los aportes que correspondan, y los monotributistas de facto sean empleados y no emprendedores con casco y en bicicleta, y el Estado, el presente populista y/o el desertor libertario dejen de pagar sumas no remunerativas, en ese momento, más que por Vaca Muerta o Toro Vivo, la cosa cambiará.
Ni te cuento cuando realmente den de baja a las jubilaciones de privilegio y a esos regímenes especiales que ni se sabe cuáles terminan siendo.
En ese momento, los beneficiarios del Rentenversicherung, el seguro de pensiones público y obligatorio para la mayoría de los trabajadores alemanes, van a pasar sus aportes aquí para cobrar nuestras jubilaciones.
Las obras sociales sindicales y el PAMI, entre otros, recibirán más fondos sin aumentar la cantidad de afiliados, lo que redundará en más y mejores beneficios, mayores bonificaciones en medicamentos y turnos más cercanos en el tiempo.
Con este esquema, simplemente de control exhaustivo y lucha contra la evasión, se generarán igualdad de oportunidades a la hora de competir por una oferta y mejorará la salud pública, ya que la gente irá menos a los hospitales porque su obra social habrá mejorado.
Para que esto suceda solamente hay que controlar.
Y si todos los empleadores pagan lo que les corresponde, nadie tendría que tener problemas porque habría igualdad al momento de elaborar los costos, algo que hoy no sucede.
Controlar el pago de las cargas sociales no es de un Estado persecutorio, es justicia bien entendida, que debería ser bienvenida por quienes hacen de la honestidad empresarial una bandera y no un ejercicio de picardía delincuencial.
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