Por Diego Zapata Córdoba y Humberto Barrera Jiménez
Todo empezó con un mensaje presidencial en X. El domingo 23 de agosto, Abelardo De La Espriella ordenó a la Ministra de Transporte revisar las cámaras de fotodetección del país. El propósito declarado era verificar que salvaran vidas en lugar de engordar las arcas municipales. “El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, escribió.
En Cali, 2,7 millones de comparendos podrían quedar sin validez porque las cámaras funcionaron, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, sin el concepto técnico obligatorio del Instituto Nacional de Metrología. En Bogotá, el recaudo pasó de 6.700 millones de pesos en 2020 a 251.000 millones en 2024. Cada cámara cuesta 417 millones. La Contraloría detectó, además, un presunto sobrecosto de más de 1.535 millones en un contrato por 25 dispositivos.
No hace falta ser enemigo de las fotomultas para reconocer el escándalo. Basta con creer que el Estado no solo es el ejecutivo, y que debe obedecer sus propias normas.
El problema aparece cuando la indignación legítima contra un sistema mal administrado se transforma en una ofensiva contra el instrumento. Una cámara instalada para maximizar comparendos desnaturaliza la política pública; un contrato con sobrecostos exige responsabilidades. Pero nada de esto demuestra que controlar automáticamente la velocidad sea inútil. Demuestra que la institucionalidad encargada de hacerlo debe hacerlo mucho mejor. Confundir ambas cosas sería como clausurar los hospitales porque se encontró corrupción en la compra de medicamentos.
Y es que la evidencia internacional es consistente. España redujo en un 75% las víctimas mortales desde que puso en marcha su Plan Nacional de Radares Fijos en 2005. Los radares de tramo reducen un 30% los accidentes y un 56% los siniestros con muertos o heridos graves. En Francia, el control automatizado fue responsable del 75% de la caída de la mortalidad entre 2003 y 2010; durante la década siguiente se estimaron 23.000 vidas salvadas.
El estado de Victoria, en Australia, registró una reducción del 45% en fallecidos después de desplegar cámaras fijas y móviles. En Londres, las zonas de baja velocidad contribuyeron a reducir un 75% las muertes infantiles por atropello.
No se trata de una superstición tecnológica. El modelo de Nilsson, adoptado como referencia por la OCDE – de la cual aún hacemos parte -, muestra que una reducción del 5% en la velocidad media disminuye aproximadamente un 10% los accidentes con heridos y un 20% los accidentes mortales. La física no distingue entre una cámara pública, una concesionada o una comprada con sobrecostos: cuanto mayor es la velocidad, mayor es la energía liberada en el impacto y menor la posibilidad de sobrevivir.
La discusión, entonces, no debería reducirse a escoger entre cámaras o ciudadanía. Debería obligarnos a demandar que la función de las cámaras – y las infraestructuras tecnológicas e institucionales en las que estas operan – estén alineadas con y soportadas en buenas políticas de gestión de velocidad, y del sistema de movilidad en general.
Bogotá encarna ese debate. Mientras el concejal Julián Forero denuncia que la siniestralidad aumentó un 21% durante el primer trimestre de 2026 pese al auge del recaudo, la experiencia acumulada de la ciudad muestra que la combinación del límite de 50 kilómetros por hora con las “Cámaras Salvavidas” redujo un 20% los siniestros y un 50% las muertes. Que los resultados recientes exijan una evaluación no invalida los anteriores; obliga a establecer dónde se instalaron los dispositivos, qué riesgos buscaban corregir y qué se hizo con el dinero recaudado.
La revisión ordenada por el presidente no debería convertir el descrédito de algunas autoridades en una coartada contra el control de velocidad.
Fedemunicipios recordó una cifra que debería poner límite a la demagogia: en Colombia mueren cada año entre 7.000 y 8.000 personas en las vías – 8679 en 2025 según la Agencia Nacional de Seguridad Vial – y alrededor de 30.000 quedan lesionadas, con profundos impactos en la productividad, las estructuras familiares de cuidado y el sector asegurador, ya golpeado por el sismo del pasado 10 de Agosto. No hay – ni habrá – suficientes agentes para vigilar todo el territorio. Las cámaras no reemplazan la ingeniería, la pedagogía ni el control humano, pero tampoco estas alternativas pueden sustituir la vigilancia permanente.
Sí, hay que investigar los sobrecostos. Sí, hay que revisar lo que se haya llegado a cobrar ilegalmente. Pero eliminar o debilitar un instrumento capaz de salvar vidas porque algunos aprendieron a lucrarse con ella sería castigar a las futuras víctimas por los pecados de los actuales administradores.
La pregunta no es si necesitamos más cámaras. Es si estamos dispuestos a construir una esquema en el que más que cajas registradoras, sean parte de un sistema de movilidad capaz de salvar vidas.
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