Colombia necesita carreteras, puentes y grandes obras de infraestructura. Nadie puede discutirlo. Lo que sí debemos discutir es cómo se están haciendo los negocios para construirlas y, sobre todo, quién termina pagando cuando las cuentas no salen como fueron proyectadas.
Una reciente publicación sobre la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— vuelve a poner sobre la mesa cifras que deberían preocupar profundamente a todos los colombianos.
Según lo expuesto, la ANI enfrenta obligaciones multimillonarias derivadas de sentencias, laudos y controversias contractuales. A ello se suman reconocimientos económicos por recaudos y otros conceptos, mientras varias obras adjudicadas hace más de una década acumularon retrasos considerables.
Entonces surge una pregunta elemental: ¿Cómo es posible que se comprometan tantos recursos públicos mientras las obras avanzan lentamente o, en algunos casos, ni siquiera se construyen en la proporción esperada?
Las Asociaciones Público-Privadas —APP— fueron presentadas como la gran solución para modernizar la infraestructura del país. La idea era sencilla: el sector privado aportaría capital y experiencia, y los riesgos serían distribuidos entre el Estado y los concesionarios.
Pero hoy debemos preguntarnos si, en la práctica, esa distribución funcionó realmente. Porque si las ganancias son privadas, pero cuando las proyecciones fallan, los recaudos no alcanzan o aparecen controversias, es el Estado quien termina pagando, estamos frente a un modelo que merece una profunda revisión.
Y cuando hablamos del Estado, hablamos de nosotros. De los impuestos que pagamos todos los colombianos.
También resulta preocupante que algunos proyectos hayan sido estructurados con expectativas de tráfico y recaudo que posteriormente no se cumplieron. Pero una mala proyección no puede convertirse automáticamente en una factura para los ciudadanos.
- La planeación tiene responsables.
- Los estudios tienen responsables.
- Los contratos tienen responsables.
- Y las decisiones que comprometen miles de millones de pesos también deben tenerlos.
No podemos seguir aceptando que cada error de cálculo, cada retraso o cada controversia termine convertido en una nueva obligación pública. El problema tampoco puede reducirse a un solo gobierno.
Las decisiones relacionadas con el modelo de concesiones y muchos de los proyectos cuestionados atraviesan diferentes administraciones. Por eso, más que buscar exclusivamente al culpable de turno, Colombia debe revisar seriamente todo el sistema.
Necesitamos inversión privada, sin ninguna duda.
Pero una cosa es permitir que los empresarios obtengan una rentabilidad legítima y otra muy diferente convertir al Estado en una especie de aseguradora permanente contra todos los riesgos del negocio.
El éxito no puede privatizarse mientras las pérdidas se socializan.
Los colombianos tenemos derecho a conocer con claridad cuánto costaba una obra, cuánto terminará costando, cuánto se ha construido realmente y cuánto falta por pagar.
Y, sobre todo, tenemos derecho a preguntar:
¿Quién tomó las decisiones?
¿Quién estructuró los proyectos?
¿Quién vigiló los contratos?
¿Y quién responde cuando las cuentas no salen?
El verdadero mal olor no está solamente en una entidad. Está en un sistema que, por su complejidad, muchas veces impide que el ciudadano comprenda qué ocurre con su dinero.
Está en las obras que se retrasan durante años.
Está en los contratos que terminan generando más litigios que infraestructura.
Está en los organismos de control que, en ocasiones, parecen llegar cuando el daño ya está hecho.
Colombia necesita más y mejores carreteras.
Pero necesita todavía más un Estado capaz de proteger los recursos públicos y una ciudadanía dispuesta a preguntar en qué, cómo y por qué se está gastando su dinero.
Porque construir una carretera es importante. Pero evitar que los recursos de los colombianos se pierdan en el camino es una obligación todavía mayor.
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