«Si la democracia quiere sobrevivir sin traicionarse, necesita una regla simple: toda regularización debe ser transparente, controlable, auditable y jurídicamente estable, precisamente para impedir que el poder la convierta en dispositivo de lealtad. La ciudadanía no puede ser un contrato con el gobernante. Debe ser un vínculo con la ley, no un boleto a la tiranía.».
Me levanté todavía con el collage de noticias sobre los complejos procesos migratorios que se están gestando en el mundo, cada uno con sus propias particularidades. De ahí nació la idea de inventar un país imaginario: Loreca. El lector podrá extrapolar esta tendencia macabra a su propio contexto sociopolítico y territorial. Quizá se pregunte: ¿por qué Loreca? Porque, a veces, muchos ciudadanos vivimos felices en nuestro terruño sin advertir la reconfiguración en curso del sistema político y demográfico, sostenidos por una falsa percepción de bienestar y por la hipocresía de lo políticamente correcto, evitando a toda costa una posible funa.
En Loreca nadie proclamó el fin de la democracia: no hubo violencia armada, ni guerra de guerrillas, ni caudillos o insurrectos; no se clausuró el Parlamento ni se suspendieron de manera formal las elecciones. La erosión avanzó con un lenguaje amable —derechos, apertura, inclusión, minorías, humanidad—. Y, sin embargo, esa combinación de pasividad de lo políticamente correcto, apertura democrática e inflación de lo que debe considerarse derecho humano empezó a incubar una forma nueva de poder: una modalidad de sharp power invertida, ya no solo ejercida desde afuera, sino gestionada desde adentro por un líder capaz de vender la soberanía de su país con tal de mantenerse en el poder, usando las garantías del Estado como palanca para torcerlo.
El contexto era propicio. La tasa de descontento social había escalado durante años; la confianza pública se evaporó; la abstención electoral de los nativos se volvió rutina. Allí, el líder de tendencia autoritaria entendió lo que muchos no quisieron ver: cuando una parte creciente de la población deja de votar, el problema del poder no siempre es persuadir, sino reconfigurar el terreno electoral en el que se define la mayoría. Si una ciudadanía cansada se retira de la política, el régimen no necesita reconciliarse con ella: puede reemplazar su peso relativo mediante ingeniería institucional, judicial, propagandística… y también demográfica.
Ese fue el giro de Loreca: una jugada poco espectacular, casi burocrática, presentada no como estrategia electoral sino como gesto humanitario. El gobierno impulsó una regularización masiva de inmigrantes ilegales e irregulares y la vendió como victoria moral —un acto de humanidad frente a la vulnerabilidad—. Pero el programa no se limitó a ordenar expedientes: también cobijó a personas con delitos vigentes o antecedentes que, en una democracia saludable, exigirían filtros estrictos y decisiones transparentes. La clave, sin embargo, no fue solo quiénes entraban en el sistema, sino cómo quedaban dentro: la permanencia legal se convirtió en un bien renovable y frágil, administrado desde el Ejecutivo; un permiso que no era un derecho estable, sino un favor revocable.
Ahí surge el concepto de ciudadanía condicionada. Eso sí, con la condición más importante garantizada: el derecho al voto.
En Loreca la residencia dejó de ser una categoría jurídica relativamente objetiva para convertirse en un vínculo político: «tu estancia depende de la continuidad del orden vigente». Y, en paralelo, la inmigración descontrolada aburrió y empujó a muchos nativos —sobre todo a quienes aún contaban con medios propios y redes— a emigrar por su cuenta hacia países un poco más estables, reduciendo aún más su peso relativo.
La fórmula nunca se proclamó con crudeza, porque los autoritarismos contemporáneos rarísima vez hablan en voz alta. Bastó con diseñar el andamiaje: renovaciones cortas de seis meses o menos, requisitos que cambian sin previo aviso, discrecionalidad burocrática, trámites que avanzan o se estancan según la temperatura política. En ese esquema, el inmigrante no es integrado como ciudadano libre; es convertido en sujeto administrativamente precario. La precariedad, entonces, se transforma en disciplina.
El líder con tendencia autoritaria gana tres cosas.
Primera: crea un bloque poblacional cuyo futuro legal queda íntimamente ligado a la supervivencia del gobierno. No se trata de que todos «voten por gratitud»; se trata de que el sistema instala una percepción —a veces explícita, a veces tácita—: criticar puede costar papeles, organizarse puede atrasar el expediente, disentir puede volverte sospechoso. El voto deja de ser convicción y se aproxima a un mecanismo de autoprotección.
Segunda: amplifica la polarización. Al nativo se le exige silencio: cualquier pregunta sobre filtros, seguridad, capacidad institucional o sostenibilidad es etiquetada como odio. Al inmigrante se le ofrece salvación administrativa: el Estado aparece como única puerta. El líder queda en el centro, monopolizando el bien, administrando culpas, castigando matices. Se instala un chantaje moral perfecto: si criticas el diseño, eres inhumano; si callas, aceptas la captura.
Tercera y última: reduce la democracia a procedimiento, mientras vacía sus condiciones. La elección sigue existiendo, pero el entorno se altera. Si el nativo se abstiene, si los controles institucionales son debilitados, si la justicia se vuelve instrumento, si la administración premia y castiga, entonces la democracia no muere por ausencia de urnas, sino por pérdida de libertad real alrededor de ellas.
La ingeniería demográfica, en este sentido, no necesita teorías conspirativas para ser verosímil como riesgo. Basta con observar variables. En Loreca se volvieron visibles: cambios súbitos en políticas de frontera y asilo; regularizaciones sin auditoría; discrecionalidad administrativa; intermediarios políticos gestionando trámites; campañas propagandísticas que cancelan cualquier deliberación; concentración territorial de nuevos residentes en distritos electorales decisivos; y, sobre todo, la normalización de una idea peligrosa: que la pertenencia legal a la comunidad política puede depender de la continuidad de un liderazgo. Cuando algunos lorequeros cuestionaron fueron acusados públicamente de xenófobos, fascistas, fachos, cerdos —la burda terminología va mutando en cuanto cada constructo va perdiendo valor lingüístico—. Las redes de influencers y microinfluencers en un coro aparentemente desorganizado iniciaron campañas espontáneas de cancelación digital.
Y aquí conviene decirlo con claridad: el problema no son los inmigrantes. El problema es el poder que los utiliza.
Quien cree que esto es inclusión no está viendo el panorama completo. La inclusión auténtica crea ciudadanos con derechos estables, no clientelas con miedo; crea integración con garantías, no dependencia con discreción. Cuando el Estado entrega papeles como si fueran recompensa política, degrada tanto al que recibe —porque lo obliga a vivir bajo la sombra de la revocación— como al sistema que los concede, porque convierte el derecho en herramienta electoral.
Loreca ilustra un patrón más amplio: los proyectos autoritarios híbridos contemporáneos han aprendido a operar dentro del lenguaje democrático, no necesariamente contra él. No derriban la Constitución; la reinterpretan. No eliminan derechos; los inflan hasta volverlos confusión útil. No callan la crítica por censura explícita; la degradan por estigmatización moral. Y, cuando es necesario, no conquistan el voto por persuasión, sino por rediseño poblacional y por administración de la precariedad.
La pregunta es si seremos lo suficientemente lúcidos para que la compasión y la empatía no sean secuestradas por el autoritarismo, que suele ser el paso previo a la tiranía.
Si la democracia quiere sobrevivir sin traicionarse, necesita una regla simple: toda regularización debe ser transparente, controlable, auditable y jurídicamente estable, precisamente para impedir que el poder la convierta en dispositivo de lealtad. La ciudadanía no puede ser un contrato con el gobernante. Debe ser un vínculo con la ley, no un boleto a la tiranía. Menos mal que Loreca no existe… todavía.
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