El ingreso es importante, pero no suficiente. Pobreza, algoritmos y dignidad en el nuevo registro social de Colombia

Colombia atraviesa en 2026 un cambio silencioso pero profundo en la manera en que el Estado decide quién es pobre y quién merece ayuda. El Registro Universal de Ingresos (RUI), que sustituye al Sisbén como instrumento único de focalización de subsidios y programas sociales, empezó a operar el primero de agosto de 2026 y promete algo atractivo en su superficie: identificar con mayor precisión, gracias al cruce automático de decenas de bases de datos oficiales, a quienes realmente necesitan el apoyo del Estado. Sin embargo, detrás de esa promesa técnica se esconde una serie de decisiones que no son neutrales y que merecen ser discutidas fuera del lenguaje administrativo en el que habitualmente se presentan. Aunque ya comenzó la implementación, espero llamar la atención sobre algunos problemas.

Lo que hace especialmente significativo este tránsito es que no ocurre en el vacío conceptual: sustituye a un Sisbén IV que, desde el Documento CONPES 3877 de 2016, había hecho un esfuerzo explícito por superar el enfoque puramente monetario y construir una mirada integral de la pobreza, combinando estándar de vida, capacidad de generación de ingresos y una aproximación al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Ese esfuerzo, sin embargo, arrastraba fallas de identificación documentadas por un estudio de investigación académica que realizamos recientemente, que revela una concordancia insignificante entre el Sisbén IV y el IPM oficial. El RUI llega, entonces, no como respuesta a un sistema perfecto de pobreza multidimensional que se abandona sin razón, sino como una decisión técnica que resuelve unos problemas de identificación reintroduciendo, por otra vía, el reduccionismo monetario que el propio Estado colombiano había intentado corregir.

Este ensayo sostiene que el RUI, tal como está diseñado, corre el riesgo de simplificar excesivamente la comprensión de la pobreza, de delegar decisiones que afectan derechos fundamentales en un algoritmo que el ciudadano no puede ver ni cuestionar, y de tratar a la población en situación de vulnerabilidad como sospechosa antes que como titular de derechos. Son tres problemas distintos pero entrelazados: uno conceptual —qué entendemos por pobreza—, uno técnico-ético —cómo se toman las decisiones que nos clasifican— y uno moral —desde qué actitud el Estado se relaciona con quien necesita ayuda—. Los tres convergen en una misma pregunta de fondo:

¿Puede un país reducir la complejidad de la vida humana a un solo número de ingreso sin perder, en el camino, tanto la precisión como la dignidad que dice perseguir?

El eclipse de la pobreza multidimensional

Colombia cuenta desde 2011 con un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que el CONPES 150 oficializó en mayo de 2012 como medida complementaria —no sustitutiva— de la pobreza monetaria, calculado por el DANE a partir de cinco dimensiones (educación, niñez y juventud, trabajo, salud y servicios públicos, vivienda) y quince indicadores, bajo la metodología Alkire-Foster desarrollada por la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). El propio CONPES 150 reafirma un arreglo institucional entre el DNP y el DANE precisamente para medir “de forma periódica, transparente y creíble” tanto la pobreza monetaria como la multidimensional, reconociendo formalmente que ningún indicador agota por sí solo la comprensión del fenómeno.

El propio Sisbén había intentado incorporar esta doble mirada. El Documento CONPES 3877 de 2016, que declaró de importancia estratégica al Sisbén IV, diagnosticó con precisión el problema del enfoque anterior: el Sisbén III se limitaba a un índice de estándar de vida sin considerar el ingreso del hogar, lo que generaba trayectorias divergentes entre la caída sostenida de la pobreza monetaria y multidimensional medida por el DANE y el crecimiento simultáneo del porcentaje de población con puntajes bajos en la base Sisbén, evidenciando errores de inclusión que llegaron al 49,9% en pobreza monetaria y 64,8% en IPM para 2015. La respuesta de política fue, en ese momento, no abandonar la multidimensionalidad sino integrarla: el CONPES 3877 propuso “un enfoque combinado de presunción de ingresos y estándar de vida” y, como valor agregado explícito, el desarrollo de una encuesta Sisbén que permitiera calcular el IPM a nivel municipal, departamental y nacional. Es decir, la respuesta institucional de 2016 fue sumar el ingreso a la mirada multidimensional, no sustituir una por la otra.

Sin embargo, la evidencia académica reciente muestra que ese Sisbén IV, a pesar de su ambición conceptual, falló en la práctica de identificación. Nuestro estudio, publicado en la revista Desarrollo y Sociedad de la Universidad de los Andes, compara sistemáticamente el IPM oficial con la clasificación del Sisbén IV para Colombia y para Medellín y encuentra una concordancia “insignificante” entre ambas medidas, con los valores más altos del indicador kappa por debajo de 0,36. En el estudio documentamos que el Sisbén IV identifica como pobre al 37,69% de las personas que no lo serían según el IPM, mientras que no identifica como pobres al 4,89% de quienes sí lo son bajo esa métrica; no contábamos con la información para comparar el Sisbén IV con la métrica de ingresos. Un análisis cualitativo complementario, realizado sobre cuatro familias no consideradas pobres por el sistema de identificación de beneficiarios, revela privaciones multidimensionales reales que el puntaje no captó. Nuestra recomendación es que la pobreza multidimensional debería usarse como complemento de la focalización social, “actualmente basada únicamente en el Sisbén IV”.

Este hallazgo es crucial para entender lo que está en juego con el RUI. El Sisbén IV, aun con su enfoque integral fallido en la práctica, mantenía al menos la aspiración normativa e institucional de una mirada multidimensional y la obligación de calcular un proxy del IPM como parte de su operación. El RUI, en cambio, no hereda esa aspiración: su variable central de ordenamiento es un ingreso per cápita del hogar estimado mediante registros administrativos y modelos de aprendizaje automático, calibrado contra la Gran Encuesta Integrada de Hogares, sin que el diseño reglamentario incorpore de manera estructural las quince variables de privación del IPM como criterio decisorio para el acceso a subsidios. El problema, entonces, no es solo que el RUI abandone la multidimensionalidad; es que lo hace precisamente en el momento en que la evidencia empírica había demostrado que el enfoque multidimensional del Sisbén no fallaba por exceso de ambición conceptual, sino por deficiencias de implementación y calidad de datos que un mejor diseño podría haber corregido sin necesidad de regresar al ingreso como único árbitro.

Esta elección de diseño no es neutra: al construir el instrumento único de focalización sobre una sola métrica monetaria, el RUI corre el riesgo de operacionalizar, en la práctica administrativa, una jerarquía epistemológica que subordina la pobreza multidimensional a un rol meramente descriptivo o estadístico, mientras la pobreza monetaria recupera su estatus de variable decisoria sobre el acceso real a subsidios, salud, educación y transferencias. La consecuencia es técnica y distributiva: un hogar puede tener ingresos per cápita por encima del umbral de focalización y, sin embargo, sufrir privaciones severas en vivienda, servicios públicos o acceso a la salud —exactamente el tipo de pobreza “oculta” que el IPM fue diseñado para visibilizar frente a las limitaciones del enfoque monetario—. Esa posibilidad de disociación entre ingreso y privación es el argumento central que Amartya Sen articuló contra el reduccionismo del ingreso como proxy del bienestar, al sostener que el ingreso es “solo un medio y no el fin último del bienestar humano”, y que existen “dificultades personales, sociales y ambientales” en la conversión de ingresos y recursos en funcionamientos efectivos y capacidades reales de vida.

La literatura del enfoque de capacidades —de la cual el IPM y OPHI son herederos institucionales directos— fue precisamente una respuesta crítica al consenso previo que definía la pobreza únicamente por la insuficiencia de ingreso para cubrir necesidades básicas. La Comisión Sarkozy (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2008) había advertido ya que el ingreso es “necesario pero no suficiente” para garantizar desarrollo humano, y explícitamente propuso el nuevo marco multidimensional como complemento, no como sustituto, del ingreso. Que el instrumento de focalización operativo del Estado colombiano regrese, catorce años después de oficializar el IPM y diez años después de intentar integrarlo formalmente al Sisbén IV mediante el CONPES 3877, a un ordenamiento fundamentalmente monetario para determinar el acceso concreto a la oferta social es un retroceso conceptual que reintroduce por la puerta administrativa lo que la política pública había expulsado por la puerta normativa. El riesgo es doble: primero, invisibilizar formas de pobreza no monetaria —hacinamiento, inasistencia escolar, trabajo infantil, falta de acceso a agua potable— en hogares con ingresos aparentemente suficientes; segundo, debilitar el estatus institucional del IPM al convertirlo en un indicador de seguimiento estadístico desconectado de las decisiones reales de asignación de recursos, contradiciendo el espíritu de coexistencia complementaria que tanto el CONPES 150 como el propio CONPES 3877 establecieron.

Opacidad algorítmica y la ética de la modelación

El segundo eje crítico se refiere a la naturaleza del algoritmo de estimación que sustenta el RUI. Según el proyecto de decreto reglamentario, cuando no existe ingreso observado en registros administrativos, el DNP recurre a un índice de aproximación de recursos económicos calibrado mediante modelos estadísticos y de aprendizaje automático sobre la GEIH, validados por “métricas de reducción de errores de inclusión/exclusión” —es decir, un modelo predictivo cuya lógica interna, ponderaciones y variables no se publican con el detalle necesario para que un ciudadano afectado pueda entender por qué fue clasificado de una manera específica. Esta configuración encaja con precisión en la crítica que Cathy O’Neil formuló en Weapons of Math Destruction: los modelos matemáticos problemáticos comparten tres rasgos —opacidad, escala masiva y daño potencial— y son, en sus palabras, “no regulados y no impugnables, incluso cuando están equivocados”. O’Neil advierte específicamente que estos modelos “refuerzan la discriminación: sostienen a los afortunados y castigan a los desfavorecidos, generando un cóctel tóxico para la democracia”, y que operan como cajas negras que “toman proxies pobres para abstraer el comportamiento humano y producen resultados sin tener que explicar cómo llegaron a ellos”.

La escala del RUI agrava esta preocupación: al integrar más de 40 fuentes administrativas y 55 millones de registros sobre prácticamente toda la población colombiana, cualquier sesgo, proxy deficiente o error de calibración en el modelo no afecta a un grupo acotado, sino que se escala automáticamente a la totalidad del universo de beneficiarios potenciales de la oferta social del Estado —el mecanismo exacto que O’Neil identifica como el rasgo más peligroso de las “armas de destrucción matemática”: su escalabilidad amplifica cualquier sesgo inherente para afectar poblaciones cada vez mayores. Virginia Eubanks, en Automating Inequality, documenta un patrón convergente en sistemas de bienestar social automatizados en Indiana, Los Ángeles y Allegheny County: llama a estos sistemas el “digital poorhouse” (casa de pobres digital), caracterizado por ser difícil de entender —porque los modelos son complejos y a menudo secretos o con derechos de propiedad—, masivamente escalable, persistente y prácticamente imposible de impugnar para quien resulta mal clasificado. Eubanks concluye que, más que racionalizar y optimizar beneficios como se anuncia oficialmente, el objetivo efectivo de estos sistemas ha sido históricamente “perfilar, vigilar y castigar a los pobres”.

Esta preocupación no es nueva en el debate colombiano sobre focalización. Ya en 2003, un análisis publicado en la Revista de Gerencia y Políticas de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana criticaba la actitud del DNP de mantener en secreto los detalles de las metodologías del “nuevo” índice Sisbén de la época, señalando que esa opacidad era “dudosa desde el punto de vista del marco jurídico colombiano” y que, al ocultar el funcionamiento del instrumento, se “reafirma la desconfianza existente y se quita legitimidad al instrumento, bajo la suposición de que la población es pasiva y tramposa”. Que esta misma tensión reaparezca dos décadas después, ahora amplificada por modelos de aprendizaje automático de mayor complejidad y por una escala poblacional total, sugiere que la opacidad no es un defecto incidental corregible con el tiempo, sino un rasgo estructural recurrente de la manera en que el Estado colombiano ha diseñado sus instrumentos de focalización.

Frente a esta problemática, existen ya marcos normativos de referencia sobre transparencia algorítmica que el diseño del RUI no satisface plenamente. Propuestas de tratados y reglamentos de inteligencia artificial establecen que los sistemas inteligentes usados en el sector público “deben ser transparentes… poniendo a disposición los algoritmos y datos utilizados para su entrenamiento”, visibilizando explícitamente los procesos que emplean IA para tomar decisiones, y que “las personas afectadas deben tener derecho a obtener una explicación cuando la decisión las impacte”. El decreto reglamentario del RUI sí contempla un mecanismo de corrección de datos ante la entidad fuente del registro administrativo, pero este derecho opera sobre el dato de entrada, no sobre la lógica del modelo de estimación en sí: un ciudadano puede corregir un dato de la DIAN o del Ministerio de Salud, pero no tiene una vía clara para cuestionar por qué el algoritmo de aproximación de ingresos lo ubicó en una categoría específica cuando no existe ingreso observado directo. Esa asimetría —derecho a corregir el insumo, ausencia de derecho a impugnar el modelo— es precisamente el vacío que la literatura sobre ética algorítmica identifica como una violación sustantiva del derecho a la explicación y del debido proceso administrativo en la era de la toma de decisiones automatizada.

La política de la desconfianza y la erosión de la dignidad

El tercer argumento crítico atañe al régimen moral implícito en el diseño del RUI: la lógica de verificación cruzada, autodeclaración bajo gravedad de juramento y detección de “colados” —término que la propia literatura técnica sobre focalización usa para referirse al error tipo II o de inclusión— revelan una premisa institucional de sospecha generalizada hacia la población beneficiaria de la oferta social. El hallazgo reportado de que más del 30% de las personas clasificadas en pobreza extrema por el Sisbén corresponderían en realidad a una categoría distinta bajo el RUI, y que entre uno y 17 millones de personas estarían “invisibilizadas” en el sistema anterior, se ha presentado públicamente con mayor énfasis en el riesgo de error de inclusión (”colados”) que en el riesgo simétrico y más grave de error de exclusión —personas realmente vulnerables sin acceso a ningún beneficio—.

Este desequilibrio narrativo no es exclusivo del RUI: acompaña a la focalización colombiana desde hace más de dos décadas. Un análisis de 2003 sobre el régimen subsidiado de salud advertía ya que “los errores de exclusión son mucho más graves que los de inclusión, ya que significan una negación de los derechos y servicios iguales para quienes reúnen condiciones semejantes según un criterio de asignación”, y documentaba errores de exclusión de hasta 53,1% frente a errores de inclusión de apenas 14,9% en la aplicación del Sisbén de la época. Un llamado de atención al que se unió Esther Duflo en la conferencia del 2024 en el Banco Mundial (Addressing the Hidden Dimensions of Poverty), al recordar que los gobiernos suelen diseñar programas de asistencia bajo la premisa de que los pobres son perezosos o derrochadores; la autora propone transicionar hacia un sistema de protección social que asuma la dignidad y la buena fe del ciudadano, eliminando las barreras de la sospecha estructural.

En Colombia, que el debate público y político en torno al RUI en 2026 continúe privilegiando la narrativa de “cazar colados” sobre la de “encontrar a los excluidos” muestra que la política de la desconfianza no es un efecto colateral pasajero, sino una orientación institucional persistente que la sola modernización tecnológica no corrige por sí misma —de hecho, puede agravarla al dotarla de mayor capacidad de vigilancia—.

Esta lógica reproduce exactamente lo que Eubanks describe como la herencia moralizante y punitiva de las “casas de pobres” del siglo XIX, ahora digitalizada: los sistemas de bienestar automatizados administran recursos, “perfilan, vigilan y castigan” bajo el supuesto de que la población pobre debe demostrar continuamente su elegibilidad y su honestidad, en lugar de que el Estado asuma la obligación de ampliar activamente la cobertura hacia quienes permanecen fuera del sistema. Eubanks señala que estas poblaciones “soportan una carga mucho mayor de monitoreo, seguimiento y clasificación social que los grupos aventajados”, y advierte que las herramientas de vigilancia digital estatal “controlan qué vecindarios son vigilados, qué familias acceden a recursos necesarios… y quién es investigado por fraude”. La arquitectura del RUI, con su énfasis normativo en la verificación cruzada permanente, la actualización obligatoria de autodeclaraciones y la responsabilidad del ciudadano de probar su condición mediante gravedad de juramento, traslada la carga probatoria hacia el sujeto pobre, en lugar de construir un sistema orientado prioritariamente a la detección proactiva de quienes deberían estar cubiertos y no lo están.

Este giro tiene una implicación normativa profunda desde la perspectiva de la dignidad humana: cuando el diseño institucional parte de la sospecha —buscar activamente a quien “no debería estar”— antes que de la garantía —buscar activamente a quien “debería estar y no está”—, el Estado invierte la relación de confianza que debería sostener cualquier política social de derechos. Sen advertía que la pobreza es, en última instancia, “la privación de capacidades básicas” y una “falta de equidad en relación con las oportunidades de acceso a medios de vida”; una política de focalización que trata al beneficiario primariamente como sospechoso de fraude potencial, antes que como titular de un derecho social, erosiona precisamente la dimensión de agencia y respeto que el enfoque de capacidades sitúa en el centro del desarrollo humano. La consolidación de más de 40 fuentes administrativas sobre la totalidad de la población para verificar continuamente su elegibilidad es un ejercicio técnico de interoperabilidad, también es, siguiendo a Eubanks, una forma de vigilancia diferenciada que normaliza el escrutinio constante de la vida económica, laboral y patrimonial de las personas en situación de pobreza como condición de acceso a derechos básicos, mientras el resto de la población permanece fuera de ese régimen de transparencia forzosa.

Síntesis

Los tres argumentos convergen en una tensión común: el RUI, presentado como una modernización técnica orientada a mejorar la precisión y la equidad de la focalización, puede terminar reproduciendo tres formas distintas de reducción de la pobreza a una gestión administrativa de riesgo y sospecha antes que a una garantía ampliada de derechos. La subordinación de la pobreza multidimensional a un ordenamiento monetario contradice el consenso técnico-normativo que el propio Estado colombiano construyó desde 2012 y reafirmó en 2016 con el CONPES 3877 —aun cuando ese Sisbén IV, según lo documenta la evidencia académica reciente, fallara en la práctica de identificación con una concordancia insignificante frente al IPM oficial—; la dependencia de un algoritmo de estimación opaco sin mecanismos robustos de impugnación choca con los estándares de transparencia algorítmica que la propia discusión regulatoria sobre IA en el sector público reclama, y repite una crítica a la opacidad del Sisbén que ya se formulaba hace más de veinte años; y la arquitectura institucional de verificación permanente reproduce la lógica de vigilancia y sospecha que la literatura crítica sobre bienestar digital ha documentado como perjudicial precisamente para las poblaciones más vulnerables, y que en Colombia ha priorizado históricamente combatir los errores de inclusión sobre los errores de exclusión, más graves en términos de derechos negados.

Ninguno de estos riesgos es inevitable en un sistema de registros administrativos interoperables, pero su mitigación exigiría decisiones de diseño explícitas que, a la fecha, no aparecen como prioridades centrales en la reglamentación del RUI.

Líneas de avance: hacia una focalización coherente y respetuosa

La crítica anterior no busca descartar el uso de datos administrativos ni negar que el Sisbén tenía fallas reales de cobertura y precisión —incluida su baja concordancia con el IPM oficial— que el RUI intenta corregir. El problema no es la interoperabilidad de registros en sí misma, sino las decisiones de diseño que determinan a quién sirve, cómo se explica y desde qué actitud moral opera. A partir de esa distinción, pueden proponerse rutas concretas de mejora:

• Integrar el IPM como criterio vinculante, no solo descriptivo. Recuperando la aspiración original del CONPES 3877 de calcular un proxy del IPM junto al ingreso, el Índice de Pobreza Multidimensional debería incidir directamente en las decisiones de permanencia y salida de programas sociales, no limitarse a un indicador de seguimiento estadístico paralelo al ordenamiento por ingresos. Un hogar con ingresos por encima del umbral pero con privaciones severas en vivienda, salud o educación no debería perder automáticamente el acceso a la oferta social.
• Corregir la identificación, no abandonar la multidimensionalidad. La evidencia académica muestra que el problema del Sisbén IV no era su ambición conceptual sino su baja capacidad de identificación conjunta con el IPM; el RUI debería usar la mejor calidad de datos administrativos que promete precisamente para mejorar esa concordancia, en lugar de descartar la mirada multidimensional.
• Publicar y auditar el modelo de estimación de ingresos. El algoritmo que aproxima el ingreso cuando no hay registro administrativo directo debe estar sujeto a auditorías externas periódicas, con metodología y variables de ponderación accesibles al público académico y a organismos de control, no solo a documentos técnicos dispersos.
• Crear un derecho efectivo de explicación y réplica. Además de poder corregir un dato de entrada ante la entidad fuente, toda persona clasificada por el RUI debería tener derecho a solicitar una explicación comprensible de por qué el sistema llegó a esa clasificación, y un mecanismo ágil de reclamación cuando considere que el resultado no refleja su situación real.
• Invertir la lógica de búsqueda: priorizar a los excluidos, no solo a los “colados”. Los recursos institucionales destinados a detectar errores de inclusión deberían equilibrarse con esfuerzos iguales o mayores para identificar activamente a la población que permanece fuera del sistema, revirtiendo la carga de la prueba que hoy recae desproporcionadamente sobre quien ya es vulnerable, y corrigiendo un sesgo narrativo documentado desde hace más de dos décadas en la focalización colombiana.
• Fortalecer la protección de datos personales como límite, no como trámite. La consolidación de más de 40 fuentes administrativas sobre toda la población exige garantías reales de finalidad legítima, minimización de datos y seguridad, con supervisión independiente que evite que la información socioeconómica se convierta en un instrumento de vigilancia más allá de su propósito social.
• Mantener espacios de participación de la población beneficiaria en el diseño. Las decisiones sobre qué mide el sistema y cómo se usa no deberían tomarse exclusivamente entre técnicos y entidades administrativas; las comunidades directamente afectadas por la clasificación tienen un conocimiento situado de su propia pobreza que ningún cruce de bases de datos puede sustituir.

Ninguna de estas propuestas exige abandonar la modernización tecnológica del Estado ni renunciar a la promesa de mayor precisión en la focalización. Exigen, en cambio, que esa modernización se construya sobre los mismos principios que ya reconoce la política pública colombiana desde 2012 y que intentó, con resultados imperfectos, el propio CONPES 3877 en 2016: que el ingreso es un medio necesario pero insuficiente para comprender el bienestar humano, y que ninguna eficiencia administrativa justifica tratar a quien necesita ayuda del Estado como una amenaza potencial antes que como un titular pleno de derechos.