Colombia ya conoce las consecuencias de perder el control del territorio. No es teoría ni advertencia lejana: es la realidad que vivimos durante décadas y que costó miles de vidas, millones de desplazados y generaciones enteras creciendo en medio del miedo. Hoy, mientras ciertos sectores relativizan la seguridad, los ciudadanos de bien volvemos a sentir la misma amenaza que pensábamos superada.
Más de 100.000 colombianos fueron desplazados por violencia en 2025. (defensoria.gov.co) Tres de cada cinco son mujeres y niños, familias que pierden todo mientras el Estado duda en actuar.
¿Qué pasa con los niños que pierden a sus familias y quedan solos? ¿Qué siente una madre que no ve a su hijo y pasa noches sin dormir, preguntándose si regresará vivo? Estas historias no pueden ser ignoradas: el Estado tiene la obligación de proteger a quienes trabajan, producen y construyen país.
Las noticias vuelven a hablar de secuestros, reclutamiento de menores y asesinatos de líderes. Familias que viajan por carretera con temor, campesinos desplazados y comunidades sometidas a la intimidación. Colombia ya vivió esto, y repetirlo no puede convertirse en una opción aceptable. La indiferencia y la tibieza frente a la violencia permiten que los grupos armados vuelvan a ocupar territorios, imponiendo miedo y limitando la libertad de los ciudadanos de bien.
El campo colombiano es el primer termómetro de la seguridad nacional. Allí viven los campesinos que producen los alimentos que llegan a nuestras mesas y sostienen la economía de regiones enteras. Cuando los grupos armados ocupan territorios, se debilita la producción, se encarece la vida y se frena el desarrollo. Mientras algunos discuten ideologías, son estas familias trabajadoras las que pagan el precio.
Durante años, Colombia avanzó con una idea clara: la seguridad es la base del progreso. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, no hay emprendimiento y no hay tranquilidad para las familias. Exigir firmeza frente al crimen no es un lujo: es un deber ciudadano.
La historia reciente demuestra algo evidente: cuando el Estado duda en ejercer autoridad, los grupos armados avanzan. Lo hacen ocupando territorios, reclutando jóvenes y debilitando la institucionalidad. La violencia no desaparece por discursos ni buenas intenciones, desaparece cuando el Estado protege con decisión a sus ciudadanos no a los terroristas. Los ciudadanos de bien merecen un gobierno que actúe con autoridad, no uno que negocie con el miedo.
Hoy el país enfrenta un dilema grave: el Estado actual abandona a nuestra fuerza armada y divide al país. Mientras nuestros militares y policías cumplen su deber, quienes deberían garantizar la seguridad se distraen con debates ideológicos, concesiones y negociaciones que solo benefician a los grupos armados. ¿Cómo es posible que permitamos que quienes defienden la ley queden desprotegidos mientras los bandidos avanzan?
Cada año miles de familias pierden sus hogares por la violencia armada. No son cifras: son vidas reales, niños que quedan solos y madres que no saben si volverán a ver a sus hijos. (datospaz.unidadvictimas.gov.co)
Un país no puede construir paz debilitando su capacidad de proteger a los ciudadanos. La paz no se construye negociando con la violencia, sino garantizando que ningún colombiano viva con miedo. La autoridad legítima del Estado no es un exceso; es una obligación.
No podemos permitir que el miedo y la inseguridad vuelvan a gobernar nuestras calles. No podemos aceptar que el Estado abandone a nuestra fuerza armada y divida al país mientras los bandidos avanzan.
Más de 100.000 desplazados, niños solos, madres angustiadas… esta es la realidad que exige acción inmediata. La seguridad no es negociable.
El país que queremos no se construye tolerando el miedo ni negociando con la violencia. Se construye enfrentando la amenaza con firmeza, apoyando a quienes defienden la ley y protegiendo a los ciudadanos de bien. Colombia merece avanzar con seguridad, no retroceder hacia la incertidumbre ni la anarquía.
¡La seguridad no se negocia! ¡Colombia debe ser segura para todos los ciudadanos de bien, y no para los grupos armados!
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