En las universidades colombianas existe una figura que muy pocas personas fuera del gremio académico conocen a fondo, pero que sostiene buena parte de la educación superios en el país: el docente de cátedra, también llamado profesor de hora cátedra, incluso profesor taxi. Se trata de profesionales contratados semestre a semestre, según el número de estudiantes que se matriculen, sin pago inferior al docente vinculado y, en muchos casos, sin ninguna certeza de que el próximo semestre tendrán trabajo. Un artículo académico publicado en la revista Nómadas (2022), explica que esta modalidad de contratación, pensada originalmente como una excepción, terminó convirtiéndose en la forma más común de vincular profesores en buena parte de las universidades estatales y privadas, lo que ha traído consigo una inestabilidad permanente y la pérdida de garantías laborales básicas para quienes enseñan bajo esta figura.
Esa inestabilidad no es un asunto de percepción, sino algo que se puede medir. Un estudio realizado con 160 profesores universitarios de cinco ciudades colombianas encontró que cerca de la mitad de ellos tenía un contrato temporal de hora cátedra, y que un porcentaje similar debía tener más de un empleo al mismo tiempo para completar sus ingresos (Romero, 2019). En otras palabras: buena parte del profesorado universitario del país reparte su tiempo entre dos, tres o más instituciones, dictando clases aquí y allá, para poder ajustar un salario que le alcance para vivir y esto ocurre tanto en universidades públicas como privadas, pues en ninguna de las dos existe realmente un salario base garantizado ni una ruta clara hacia la estabilidad laboral para este tipo de profesoras y profesores.
El testimonio de un docente universitario colombiano con posgrados ayuda a entender lo que estas cifras describen desde afuera. Él cuenta que, en su programa, varios cursos tuvieron que cerrarse recientemente por falta de estudiantes, además de tener que completar la carga de los docentes internos o de planta, lo que deja vulnerables a los docentes de cátedra, pues finalmente son los que pueden moverse como fichas de ajedrez. Esa decisión tomada por la universidad, redujo automáticamente su carga académica y con ella, de manera sustancial, su salario a menos de dos SMMLV. De ese dinero, además, debe descontar cerca del 33.24% de un SMMLV en los meses en que no hay clases, cuando termina su contrato cada semestre: mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero, para pagar de su propio bolsillo la seguridad social que en un empleo formal correría por cuenta del empleador y el empleado. “Prácticamente se trabaja para pagar la seguridad social”, resume él mismo, y agrega algo que muchos docentes de cátedra podrían afirmar sin dudarlo: ni la maestría ni el doctorado que hayan estudiado cambian en nada esa realidad.
Lo más difícil de digerir es que este desgaste llega después de años de estudio, esfuerzo y compromiso con ejercer la docencia con excelencia y vocación, además de asumir, muchas veces por iniciativa propia, labores de investigación, actualización disciplinar y producción académica. Como ya se mencionó, la mayoría de los docentes de cátedra debe completar sus ingresos dictando clases en varias instituciones de educación superior, una práctica que se ha normalizado dentro del sistema universitario colombiano.
Sin embargo, las causas que explican esta realidad presentan diferencias entre las universidades públicas y las privadas. En las universidades públicas, la expansión de la contratación temporal está estrechamente relacionada con las transformaciones del modelo de financiación de la educación superior implementado desde la Ley 30 de 1992. Aunque esta norma permitió ampliar la cobertura universitaria, el crecimiento de los recursos estatales no ha sido proporcional al aumento de estudiantes, programas académicos y nuevas responsabilidades institucionales asumidas por las universidades públicas (Congreso de Colombia 1992; SUE 2018). Esta brecha financiera ha llevado a que muchas instituciones recurran de manera creciente a profesores ocasionales y de cátedra para responder a sus necesidades académicas sin ampliar en la misma proporción sus plantas docentes.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) ha señalado que el déficit acumulado de financiación constituye una de las principales dificultades estructurales de las universidades públicas colombianas, pues limita la creación de nuevos cargos profesorales de tiempo completo y favorece modalidades de contratación más flexibles y menos estables (SUE 2018). De esta manera, una parte importante del funcionamiento cotidiano de las universidades depende de docentes cuya vinculación laboral no corresponde con la permanencia y las responsabilidades académicas que el sistema les exige.
Un análisis realizado en la Universidad de Antioquia sobre las condiciones laborales del profesorado ocasional y de cátedra muestra cómo esta modalidad contractual terminó convirtiéndose en una práctica estructural dentro de la institución. Mientras los profesores vinculados a la planta cuentan con salarios estables y tiempos reconocidos para investigar, participar en procesos de extensión, gestión universitaria y producción académica, a los docentes ocasionales y de cátedra se les demanda con frecuencia cumplir funciones similares sin que estas actividades sean reconocidas dentro de su contratación (Cardona, 2022). Esta situación genera una intensificación del trabajo académico, pues muchas tareas indispensables para la vida universitaria deben realizarse en tiempos no remunerados.
En las universidades privadas, aunque existen diferencias significativas entre instituciones según su tamaño, naturaleza y capacidad financiera, la precarización responde a dinámicas relacionadas con la flexibilización laboral y la transformación de la educación superior en un campo sometido a crecientes presiones económicas y de competencia institucional. Algunos estudios han señalado que la expansión de modelos administrativos orientados por criterios de eficiencia y reducción de costos ha favorecido el crecimiento de modalidades contractuales temporales, especialmente para actividades docentes que pueden ajustarse según la demanda de estudiantes y programas académicos (Cabrales Salazar 2011).
En este sentido, la contratación por horas en algunas instituciones privadas no responde a una insuficiencia de financiación pública, como ocurre en las universidades estatales, sino a estrategias organizacionales relacionadas con la flexibilidad administrativa y la gestión económica de la oferta académica. Esta situación ha generado que profesores altamente cualificados, incluso con formación doctoral y trayectoria investigativa, deban combinar actividades en diferentes instituciones, fragmentando su tiempo profesional y dificultando la consolidación de comunidades académicas estables (Estrada Chauta 2022).
Esta problemática hace parte de una transformación más amplia del trabajo académico en el mundo. Pierre Bourdieu señaló que la precarización laboral constituye una forma de incertidumbre que afecta también los campos profesionales altamente calificados, al debilitar la autonomía y aumentar la dependencia de los trabajadores respecto de las instituciones (Bourdieu 1999). En una perspectiva similar, Guy Standing plantea que la expansión del trabajo flexible ha producido una nueva condición laboral caracterizada por la inseguridad, la inestabilidad y la pérdida progresiva de derechos asociados al empleo tradicional (Standing 2011).
Para el caso universitario, la UNESCO ha advertido que la disminución relativa del profesorado estable y el crecimiento de formas contractuales temporales pueden afectar la calidad académica, debido a que la investigación, la innovación pedagógica y la construcción de conocimiento requieren comunidades profesorales con condiciones laborales dignas y estabilidad institucional (UNESCO 2021).
En consecuencia, aunque las razones estructurales difieren entre universidades públicas y privadas, desfinanciamiento estatal en las primeras y estrategias de flexibilización laboral en las segundas, ambas convergen en una misma realidad: un número significativo de docentes altamente cualificados desarrolla su carrera bajo condiciones de inestabilidad y precariedad. El sistema universitario les exige investigar, publicar, dirigir trabajos de grado, participar en procesos de acreditación y mantener una permanente actualización académica, sin reconocer el tiempo, los recursos y la estabilidad necesarios para cumplir dichas funciones. Esta contradicción no solo deteriora las condiciones laborales del profesorado, sino que también compromete la capacidad de las universidades para consolidar comunidades académicas estables y fortalecer la producción científica del país.
La situación plantea un desafío central para la educación superior colombiana: garantizar que la calidad académica no dependa del sacrificio individual de sus profesores, sino de políticas institucionales que reconozcan plenamente el valor del trabajo intelectual y docente.
De otro lado, un análisis reciente publicado en Opinión Caribe (2026) plantea algo que vale la pena resaltar: esta forma de contratar no es un accidente ni una simple falta de recursos, sino una manera de repartir los costos de sostener el sistema educativo, cargando ese peso sobre quienes tienen menos capacidad de reclamar. El mismo texto advierte que esta inseguridad laboral no solo golpea el bolsillo del profesor, también lo empuja, muchas veces sin que se dé cuenta, a evitar temas incómodos o posturas críticas en su trabajo, porque su continuidad en la universidad depende de no generar roces con quienes deciden si lo vuelven a contratar el próximo semestre.
En los últimos años, el Gobierno Nacional ha intentado responder a este problema pidiéndole a las universidades públicas que formalicen poco a poco a sus docentes de cátedra, con metas de aquí a 2027. Es un paso que reconoce, al menos, que el problema existe. Pero el intento ha chocado con un obstáculo de fondo: representantes de las universidades estatales advirtieron que cumplir esas metas costaría billones de pesos adicionales que el Estado no ha girado (El Tiempo, 2025), lo que en la práctica podría dejar la formalización en el papel, o incluso obligar a las universidades a buscar ese dinero por su cuenta, abriendo la puerta a una mayor dependencia de recursos privados dentro de la educación pública, según han advertido voces como la de la congresista Jennifer Pedraza.
Existe, además, una paradoja que pocas veces se menciona. En buena parte del mundo académico, la palabra catedrático representa el máximo reconocimiento a una trayectoria intelectual. En países como España, Alemania, Francia o Italia, un catedrático es un profesor que ha alcanzado la más alta jerarquía universitaria después de años de formación, investigación, publicaciones, dirección de tesis, liderazgo académico y rigurosos concursos públicos. Es una figura estable, respetada y reconocida como autoridad en su disciplina, cuya labor trasciende la enseñanza para convertirse en producción de conocimiento, orientación de nuevas generaciones de investigadores y representación intelectual de la universidad. Del mismo modo, en el mundo anglosajón, figuras equivalentes como el full professor constituyen el escalón más alto de la carrera académica y suelen ser investigadores de referencia internacional, conferencistas invitados, autores de libros y responsables de grandes proyectos científicos.
En Colombia, en cambio, la expresión docente de cátedra terminó designando casi lo contrario. No al profesor que ocupa una cátedra como reconocimiento a una trayectoria sobresaliente, sino a quien es contratado por horas, de manera temporal, sin estabilidad laboral y, con frecuencia, sin las garantías mínimas que deberían acompañar el ejercicio de una profesión altamente calificada. La coincidencia terminológica resulta bastante irónica: mientras en otras tradiciones universitarias la cátedra simboliza prestigio, autonomía y excelencia académica, en Colombia suele representar incertidumbre, fragmentación laboral y precariedad. La diferencia no es simplemente lingüística; refleja dos formas radicalmente distintas de valorar el conocimiento, el trabajo intelectual y de docencia.
Queda entonces una pregunta que el testimonio con el que arranca esta reflexión responde mejor que cualquier cifra: ¿Qué sentido tiene pedirle a un profesional altamente calificado rigor, compromiso e investigación, si al mismo tiempo se le niega la estabilidad mínima para vivir de su oficio sin que buena parte de su sueldo termine destinada únicamente a pagar su propia seguridad social? Mientras las promesas de formalización sigan aplazadas por falta de plata, la precariedad del docente de cátedra, en universidades públicas o privadas, con doctorado o sin él, seguirá siendo, como lo dice este mismo docente, un desgaste tremendo, y la renuncia silenciosa a cualquier posibilidad de una pensión digna.
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