“Cualquier administración es, en última instancia, valorada en función de sus resultados. Las promesas pueden resultar decisivas en procesos electorales; los discursos generan emociones y las consignas fomentan adhesiones. No obstante, al concluir un mandato, lo que perdura es la realidad que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana. El verdadero legado de un proyecto político se mide en función de los resultados que se obtengan en este ámbito.”
Durante el último cuatrienio, Colombia experimentó el primer gobierno de izquierda en su historia democrática. Para una gran parte de la población, esto supuso una oportunidad de cambio; para otros, un experimento cargado de incertidumbre. Al concluir el actual ciclo político, una parte significativa de la población ha realizado un balance profundamente negativo. El movimiento político y social conocido como “progresismo” accedió al poder mediante la promesa de unificar el país. Sin embargo, en la opinión de sus detractores, y algunos de sus seguidores, lo que logró fue conducir a un incremento en la polarización política. Se comprometió a fortalecer las instituciones, pero mantuvo una confrontación permanente con las diferentes ramas del poder público. Se reconoció la importancia del diálogo nacional, pero el tono del debate público se tornó progresivamente más hostil, caracterizado por la constante descalificación de aquellos con opiniones divergentes.
La narrativa del enemigo permanente evolucionó hasta convertirse en una estrategia de gestión gubernamental. Para justificar los errores propios, se recurrió a la presencia de un responsable externo, ya sea la oposición, los empresarios, los medios de comunicación, las cortes, el Congreso, los gremios, los alcaldes, los gobernadores o incluso gobiernos anteriores. En contadas ocasiones se permitió la autocrítica. La responsabilidad casi nunca recayó en el seno del propio Gobierno. En el ámbito económico, el país experimentó un período marcado por una elevada incertidumbre. La desconfianza en las decisiones oficiales repercutió en el ambiente de inversión, lo que resultó en una desaceleración del crecimiento económico en comparación con las expectativas iniciales del mandato. Si bien múltiples factores de carácter internacional ejercieron su influencia en dicho comportamiento, para un gran número de analistas la incertidumbre regulatoria y los mensajes contradictorios emanados del Ejecutivo fueron factores determinantes en lo que respecta a la confianza empresarial y la generación de empleo.
La seguridad tampoco respondió a las expectativas creadas durante la campaña. La denominada “Paz Total”, concebida como una estrategia para reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas con diversos actores armados, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a su percepción de haber permitido el fortalecimiento territorial de varias organizaciones ilegales, mientras que los resultados concretos para la población han sido considerados insuficientes. En varias regiones del país se han registrado casos de extorsión, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Asimismo, en el ámbito de la política exterior, se percibió una tendencia hacia una diplomacia excesivamente ideologizada. Colombia ha experimentado un cambio en su imagen de liderazgo regional, anteriormente fundamentada en el pragmatismo, hacia una orientación más enfocada en alianzas políticas ideologizadas. Esta transición ha generado tensiones con algunos aliados históricos y ha planteado interrogantes sobre la estabilidad de la política internacional colombiana.
Otro aspecto que suscita una profunda inquietud es la relación entre el Gobierno y la institucionalidad democrática. Durante el mandato, se plantearon cuestionamientos públicos a organismos de control, tribunales, autoridades electorales y medios de comunicación cuando sus decisiones o investigaciones no se alinearon con los intereses del Ejecutivo. En una democracia sólida, el equilibrio entre poderes constituye una garantía para todos los ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Presidencia. Paradójicamente, un proyecto político que prometía combatir la corrupción terminó enfrentando múltiples controversias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, cuestionamientos sobre contratación, denuncias de financiación política y crisis permanentes dentro de su propio gabinete. Si bien cada caso requiere investigaciones específicas con procedimientos adecuados, el discurso ético que acompañó la llegada al poder ha experimentado una disminución en su autoridad moral desde entonces.
Sin duda, uno de los aspectos más significativos fue el deterioro del clima de confianza. La gestión efectiva requiere la construcción de consensos, la generación de certezas y la promoción de estabilidad. Durante gran parte del cuatrienio de la izquierda progresista, la confrontación predominó como método político. La tensión constante generó un agotamiento en la ciudadanía, que esperaba soluciones tangibles y no enfrentamientos diarios entre las instituciones. Sin embargo, el mayor revés de Gustavo Francisco Petro Urrego no se limita únicamente a las cifras económicas, los indicadores de seguridad o las polémicas políticas. Su principal fracaso radica en haber desaprovechado una oportunidad histórica.
Por primera vez, la izquierda tenía la oportunidad de demostrar su capacidad para gobernar de manera efectiva, construir consensos y ofrecer un modelo alternativo de desarrollo institucional. Se vislumbraba como la ocasión propicia para consolidarse como una opción democrática que tuviera la capacidad de trascender el discurso de oposición y asumir plenamente las responsabilidades inherentes al poder. Para muchos colombianos, la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico y social se ha visto comprometida por la improvisación, la confrontación permanente y la incapacidad para transformar las promesas en resultados sostenibles. En lugar de consolidar la confianza en una izquierda democrática, el balance de este período sugiere que ha habido un aumento del escepticismo entre amplios sectores de la sociedad respecto a este proyecto político.
La democracia, no obstante, cuenta precisamente con una virtud, que permite rectificar el rumbo a través del sufragio. Ningún gobierno cuenta con recursos ilimitados, y ningún proyecto político puede reclamar continuidad simplemente por la legitimidad de su elección. Cada administración debe ser responsable de sus resultados. El progresismo colombiano ha dejado un legado complejo y multifacético que no puede ser resumido en un eslogan de campaña. Su mandato será recordado por muchos ciudadanos como una etapa de confrontación institucional, incertidumbre económica, cuestionamientos sobre seguridad, polarización política y el incumplimiento de expectativas que habían generado grandes esperanzas de cambio.
La historia será la encargada de emitir el juicio definitivo. No obstante, la política cuenta con un primer tribunal mucho más inmediato, que es la memoria de los ciudadanos. Cuando las expectativas generadas no se corresponden con los resultados obtenidos, la memoria suele ser implacable. El mandato de Gustavo Francisco Petro Urrego está llegando a su fin, y cada hora parece representar un desafío significativo para los militantes de la izquierda progresista. Las tensiones dentro del propio gobierno se están intensificando, y las desavenencias entre las partes implicadas están quedando a la luz pública. Los defensores de la moral que aseguraban proteger al pueblo demostraron ser peores que aquellos a los que habían criticado durante años. Este mandato deja entonces un legado decepcionante para la historia de la nación.
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