“Tras las elecciones presidenciales, ha quedado patente que el principal desafío al que se enfrenta la izquierda colombiana no radica en los resultados electorales, sino en la aceptación de estos. Durante 4 años, habló de democracia, de participación, de soberanía popular y de la necesidad de respetar la voluntad ciudadana. Hoy, cuando dicha voluntad ha decidido entregar el rumbo del país a Abelardo de la Espriella, algunos de sus principales dirigentes parecen no estar preparados para asumir con serenidad el papel que corresponde a toda fuerza política derrotada, esto es, hacer oposición y respetar el mandato popular.”
La democracia no puede ser aplicada de manera selectiva. Su validez no puede limitarse a beneficiar a un proyecto político específico, sino que debe ser aplicada de manera objetiva y neutral, independientemente de los cambios en el gobierno. La legitimidad de las instituciones se fundamenta precisamente en la aceptación de que el voto ciudadano conlleva consecuencias, incluso cuando estas no satisfacen nuestras aspiraciones ideológicas. Por lo tanto, surge una pregunta inevitable ¿qué es exactamente lo que teme la izquierda colombiana?
Las reacciones posteriores a la elección sugieren que ciertos sectores del progresismo podrían estar enfrentando dificultades para aceptar el cierre del ciclo político iniciado hace cuatro años. En lugar de iniciar un proceso de reflexión sobre los errores cometidos, las promesas no cumplidas y el evidente desgaste de su proyecto político, el discurso parece centrarse en fomentar la confrontación permanente, cuestionar las decisiones institucionales y mantener un ambiente de polarización. La situación no se reduce únicamente a discrepancias de carácter ideológico. La democracia requiere de un proceso de debate, de la existencia de una oposición y de un control político. Es preocupante que, en lugar de orientarse hacia la deliberación democrática, el debate se centre en la sospecha permanente hacia cualquier institución que no responda a los intereses del proyecto derrotado.
Los ciudadanos colombianos ejercieron su derecho al voto. Su participación fue completamente libre. En consecuencia, se eligió a Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Este resultado podrá ser bien recibido o rechazado, y podrá ser objeto de celebración o crítica. La legitimidad de dicha elección no puede ser cuestionada por el hecho de que se haya favorecido una opción distinta a la izquierda. Durante años, Gustavo Francisco Petro Urrego defendió el principio de que la voluntad popular debía prevalecer sobre cualquier interés político. Hoy es crucial demostrar que este principio también se aplica cuando la decisión ciudadana beneficia a sus oponentes. Ese es el verdadero compromiso democrático.
Iván Cepeda Castro, una de las figuras más destacadas del progresismo colombiano, se enfrenta al mismo desafío. La oposición tiene pleno derecho a cuestionar al nuevo gobierno, ejercer control político y expresar desacuerdos. Lo que resulta contrario a la estabilidad institucional es fomentar un ambiente de confrontación permanente que impida al país iniciar una nueva etapa política.
La democracia colombiana, a pesar de sus desafíos, ha demostrado una notable capacidad de alternancia. Ningún gobierno es eterno. Ninguna agrupación política posee un derecho adquirido sobre la Casa de Nariño. El poder es una responsabilidad inherente a los ciudadanos, quienes lo confieren temporalmente a través del voto y tienen la facultad de revocarlo cuando las circunstancias lo ameriten.
Es posible que la principal complejidad del progresismo radique en aceptar que los ciudadanos han modificado su perspectiva. Durante el mandato del Gustavo Francisco Petro Urrego, se prometió una transformación nacional profunda y estructural. No obstante, una parte significativa del debate nacional se centró en la confrontación política constante, en la tensión institucional y en un discurso que con frecuencia exacerbó las divisiones entre los colombianos. Muchos ciudadanos esperaban resultados concretos en materia de seguridad, crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento institucional. La percepción generalizada es que dichas expectativas no fueron plenamente satisfechas.
Las elecciones reflejan de manera precisa la evaluación ciudadana. En un sistema democrático, los gobiernos no ostentan la titularidad del poder; simplemente lo administran mientras conservan la confianza del electorado. Por lo tanto, resulta más conveniente para la izquierda cuestionar las causas de su derrota en lugar de buscar responsables externos. Ninguna estrategia discursiva podrá reemplazar la necesidad ineludible de una reflexión profunda sobre los errores cometidos. Las próximas elecciones locales constituirán un escenario crucial para evaluar si el progresismo conserva la capacidad de movilización y si verdaderamente respaldan su proyecto más de 12 millones 700 mil colombianos.
Será un desafío conservar el respaldo de millones de ciudadanos si la respuesta ante la derrota consiste en prolongar la confrontación en lugar de reconstruir la confianza. Si se opta por el ideario beligerante y sin sentido del M-19 y el comunismo recalcitrante conexo a la violencia de la lucha guerrillera, el narcotráfico y la delincuencia común que alejados están del compromiso con los principios democráticos. Una oposición que ejerza un control efectivo sobre el gobierno, garantizando el cumplimiento de las normas establecidas en todo momento, independientemente de los resultados electorales debería ser el camino del progresismo. El país no requiere una campaña política continua; es necesario establecer estabilidad institucional, respetar las decisiones de los ciudadanos y fomentar un debate público centrado en propuestas concretas.
Las discrepancias ideológicas perdurarán y son inherentes a cualquier democracia. No obstante, no puede considerarse como una práctica estándar la premisa de que la democracia se restringe únicamente a los sectores políticos predominantes. Esta lógica puede tener consecuencias nefastas, ya que debilita las instituciones y erosiona la confianza de la ciudadanía. La verdadera grandeza democrática no radica simplemente en saber ganar. Es fundamental saber aceptar una derrota de manera adecuada. En la actualidad, la izquierda colombiana se enfrenta a este desafío. Se le brinda la oportunidad de demostrar que su compromiso con la democracia trasciende el discurso y que reconoce la soberanía popular, incluso cuando esta favorece a sus oponentes políticos. Si se decide por la confrontación permanente, la descalificación sistemática o la resistencia política como estrategia, existe el riesgo de profundizar el desgaste que ya evidenciaron las urnas.
El mensaje de los ciudadanos fue inequívoco. El poder se ha transferido a las nuevas autoridades, en virtud de la decisión adoptada por el pueblo colombiano. En este sentido, corresponde al nuevo gobierno asumir el mandato de gobernar, mientras que la oposición debe ejercer su función con responsabilidad. Así es como operan las democracias sólidas. La historia política demuestra que ningún liderazgo es permanente y que ninguna corriente ideológica posee el monopolio de la representación popular. Aquellos que olvidan esta lección terminan confundiendo el respaldo ciudadano con un derecho perpetuo al poder. Cuando esto sucede, la situación deja de ser meramente electoral para convertirse en una crisis de comprensión democrática.
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