En toda democracia, el diálogo entre gobierno y sectores productivos es una herramienta legítima para construir soluciones. Los acuerdos con empresarios, productores agrícolas, comerciantes o industriales forman parte de la vida económica de cualquier país. El problema no radica en que existan acuerdos; el problema aparece cuando éstos sustituyen las reglas del mercado, debilitan las instituciones y concentran cada vez más poder en el gobierno.
En los últimos meses hemos visto cómo la administración federal ha impulsado acuerdos con distintos sectores económicos. Primero fueron los gasolineros, a quienes se convocó para contener el precio de los combustibles. Después, los productores y comercializadores de jitomate han sido parte de negociaciones para enfrentar presiones comerciales y de precios. A simple vista, estas acciones pueden parecer positivas, pues buscan proteger la economía familiar y evitar incrementos que afecten a millones de mexicanos.
Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿qué sucede cuando las decisiones económicas dependen cada vez más de acuerdos políticos y menos de instituciones sólidas y reglas claras?
La historia demuestra que los gobiernos con tendencias autoritarias suelen comenzar por intervenir en sectores estratégicos bajo la promesa de proteger al pueblo. Lo hacen justificando medidas extraordinarias frente a problemas reales. Poco a poco, el Estado deja de ser árbitro para convertirse en jugador principal. Entonces las empresas, los productores y los ciudadanos empiezan a depender de la voluntad gubernamental para operar, crecer o simplemente sobrevivir.
México necesita estabilidad en los precios de los combustibles y certidumbre para el campo. Nadie puede estar en contra de ello. Pero existe una diferencia fundamental entre generar condiciones de competencia, inversión y productividad, y pretender administrar los precios mediante acuerdos políticos que pueden cambiar según las necesidades del gobierno en turno.
Cuando una administración concentra la capacidad de decidir quién recibe beneficios, quién participa en las negociaciones y bajo qué condiciones se desarrollan determinadas actividades económicas, surge un riesgo evidente: la discrecionalidad. Y donde existe discrecionalidad excesiva, inevitablemente se abre la puerta al favoritismo, a la dependencia política y a la erosión de la libertad económica.
Los productores de jitomate, por ejemplo, enfrentan desafíos complejos relacionados con exportaciones, costos de producción y competencia internacional. Los gasolineros, por su parte, operan en un mercado influenciado por factores globales que ningún acuerdo local puede controlar completamente. Pensar que estos problemas pueden resolverse únicamente mediante pactos políticos puede generar soluciones temporales, pero difícilmente atenderá las causas estructurales.
Más preocupante aún es la narrativa que comienza a construirse alrededor de estos acuerdos. Se presenta al gobierno como el único actor capaz de ordenar la economía, corregir los mercados y proteger a los consumidores. Esa visión puede resultar atractiva en tiempos de incertidumbre, pero históricamente ha sido la antesala de modelos donde las instituciones pierden relevancia y las decisiones se concentran en una sola figura o grupo político.
Las democracias modernas funcionan precisamente porque limitan el poder. Las leyes, los organismos reguladores, los tribunales y los contrapesos existen para evitar que cualquier gobierno, sin importar su popularidad, acumule facultades excesivas. Cuando los acuerdos sustituyen gradualmente a las reglas, la línea entre coordinación y control comienza a desdibujarse.
La verdadera solución no consiste en que el gobierno negocie permanentemente los precios o las condiciones de los mercados. La solución pasa por fortalecer la competencia, garantizar seguridad jurídica, fomentar la inversión, combatir la corrupción y generar condiciones para que productores y empresarios puedan desarrollarse sin depender de la intervención política.
Por ello, el debate no debería centrarse en si los acuerdos con gasolineros o jitomateros son buenos o malos. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es mucho más importante: ¿estamos construyendo instituciones más fuertes o estamos acostumbrándonos a que cada vez más decisiones económicas dependan de la voluntad del poder político?
La diferencia entre una democracia sólida y una deriva autoritaria suele ser gradual. No comienza con la cancelación de elecciones ni con la desaparición de los partidos de oposición. Comienza cuando la sociedad acepta que el gobierno sustituya a las instituciones, cuando los acuerdos reemplazan a las reglas y cuando la concentración de poder se justifica en nombre de resultados inmediatos.
México necesita acuerdos, sí. Pero necesita aún más instituciones fuertes, mercados transparentes y contrapesos efectivos. Porque cuando los acuerdos dependen exclusivamente del poder político, la tentación de la dictadura siempre está más cerca de lo que parece.
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