“Un bono al 9,75%, reservas líquidas de apenas 52 millones y una economía que se contrae mientras las protestas cumplen veinte días”
El pasado 14 de mayo, las reservas internacionales netas de Bolivia alcanzaron los 4.819 millones de dólares. Una buena noticia, hasta que se descompone, cerca del 95% de ese total son reservas de oro, un activo ilíquido que difícilmente puede movilizarse para enfrentar necesidades inmediatas de divisas. Lo que resta de reservas líquidas ronda los 52 millones de dólares, un colchón apenas simbólico para una economía de 47.000 millones de producto interno bruto. Ese es el verdadero punto de partida de la emisión de bonos que el gobierno de Rodrigo Paz colocó en los mercados internacionales, un bono a 2031 en dólares con un cupón del 9,75%. Con una inflación estadounidense proyectada del 2,3% para los próximos cinco años, la tasa real supera el 7,3%. No es financiamiento en condiciones de mercado, es el precio que se paga cuando ya no hay alternativa.
Este nivel de tasa refleja, en el lenguaje de los mercados, expectativas de riesgo extremo. Pero conviene ser más precisos, la prima que exigen los mercados no es solo un reflejo de la realidad boliviana; es también su amplificación interesada. Las agencias calificadoras no se limitan a medir el riesgo soberano, lo producen. Cuando Standard & Poor’s (S&P) elevó en marzo de 2026 la calificación de Bolivia de CCC- a CCC+, no estaba emitiendo un diagnóstico neutral, estaba señalando a otros acreedores, a inversionistas institucionales y a organismos multilaterales cuál es el precio al que Bolivia puede existir en los mercados. Fitch Ratings, por su parte, mantiene la calificación en C, su categoría más baja antes del impago. Esa señal tiene consecuencias materiales sobre las condiciones de negociación que enfrenta cualquier gobierno. Esto no exime a Bolivia de sus responsabilidades fiscales, pero obliga a nombrar que el poder de las calificadoras es político y no técnico.
El Fondo Monetario Internacional proyecta para Bolivia una inflación superior al 20% en 2026 y una contracción económica. El Banco Mundial prevé una caída del 3,2% este año, el peor desempeño regional, el déficit fiscal proyectado ronda el 9% del PIB algunas estimaciones lo elevan al 10,9% y la deuda pública bruta ya supera el 82%, según el último informe de Perspectivas de la Economía Mundial World Economic Outlook (WEO) de abril de 2026. Con obligaciones de deuda por 2.300 millones de dólares en 2026 y reservas líquidas prácticamente agotadas, esa aritmética describe una trayectoria con pocas salidas. Pero no prescribe quién debe absorber el costo del ajuste. Esa es una decisión política, no técnica, y conviene no confundir ambas cosas.
La crisis tampoco es sorpresa, la producción de gas natural, antaño motor de la economía y principal fuente de divisas, cayó de 59 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a entre 37 y 38 millones actualmente, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta que para 2031 se reducirá a 14,8 millones de metros cúbicos diarios, lo que obligará al país a importar el recurso que durante décadas exportó. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de hidrocarburos apenas alcanzaron 120 millones de dólares, frente a los 951 millones de la minería. El presidente Paz apuesta por el agro y la minería como nuevos pilares, y proyecta exportaciones récord de 14.000 millones de dólares este año. Es una apuesta plausible, pero no modifica la dependencia estructural de Bolivia respecto a materias primas cuyos precios, volúmenes y condiciones de acceso siguen siendo definidos afuera de sus fronteras.
El presidente Paz asumió con la promesa de estabilizar la economía y en sus primeros meses impulsó medidas de ajuste, una ley de liquidación de empresas públicas y la reducción del déficit proyectado del 15% al 9%. Pero esas mismas medidas desataron protestas sociales que llevan veinte días en las calles. No es ruido, es una lectura popular de a quién le cuesta el ajuste y a quién le rinde, pues cuando el Estado se retira de la empresa pública para cumplir con los acreedores externos, la pregunta que circula en las calles no es técnica; es política, ¿quién gobierna para quién?
América Latina ha visto esta película antes. La combinación de agotamiento del modelo extractivo, pérdida de reservas, déficits gemelos y financiamiento externo a tasas usurarias suele terminar mal, y siempre termina peor para los sectores más vulnerables. Pero también existe un acervo técnico y político acumulado sobre cómo actuar en estos momentos. La literatura sobre reestructuraciones soberanas, desde los trabajos de Joseph Stiglitz sobre arquitectura financiera internacional hasta los marcos desarrollados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el mecanismo de reestructuración del Grupo de los Veinte, documenta que los Estados tienen más margen de negociación del que los mercados están dispuestos a reconocer. Ese margen no se activa solo porque requiere de voluntad política, coaliciones internas y, sobre todo, claridad sobre qué se está defendiendo, esos caminos no son fáciles ni limpios pero existen.
El bono a 2031 al 9,75% es un síntoma, no una solución. Y como todo síntoma grave, no solo exige un diagnóstico honesto, exige preguntarse quién tiene derecho a hacer ese diagnóstico y qué intereses porta. La soberanía fiscal no es un lujo de los tiempos buenos, es precisamente, lo que se defiende en los peores momentos.
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