Era 25 de julio de 2024 cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda fue atacado a balazos en una gasolinera de La Presita, hecho confirmado en video. En el trayecto hacia el hospital, el diputado federal falleció por heridas de arma de fuego, según el reporte de la Fiscalía Estatal de Sinaloa. Ese mismo día, en un aeropuerto privado cerca de Texas, aterrizaba una avioneta que traía entre sus pasajeros al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López. Autoridades federales de Estados Unidos ya esperaban en tierra a ambos pasajeros.

Llamó la atención que los dos eventos ocurrieran el mismo día, especialmente porque el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró no haber estado enterado del operativo para la captura del Mayo.

La sorpresa aumentó luego de que el Mayo remitiera una carta a su abogado en la que aseguró haber sido citado a una reunión en una finca de Culiacán donde se encontraban Héctor Melesio Cuén y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y principal rival político del diputado. En la carta negaba haberse entregado voluntariamente a EE. UU., sosteniendo que fue engañado por Guzmán López. Añadió que Cuén fue asesinado frente a él en esa finca. Aquí empezó a tambalearse toda la versión de la Fiscalía Estatal.

La Fiscalía General de la República afirmó que Cuén fue asesinado en la misma finca donde fue capturado el Mayo. Asimismo, aportó múltiples pruebas, como rastros de sangre del diputado. Señaló también que el video que había mostrado la Fiscalía Estatal era un montaje realizado horas después del asesinato.

Mientras en México no se ponían de acuerdo sobre cuál fiscalía tenía la razón y muchos otros no entendían cómo es que Estados Unidos había capturado al Mayo sin que el mandatario mexicano tuviera idea de dicha operación, la administración de Joe Biden celebraba la captura de uno de los capos más buscados por años.

Es importante recordar aquellos sucesos para entender la narrativa de las últimas semanas en México que se ha movido en torno a dos acontecimientos. El primero es la acusación de EE. UU. contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa por narcotráfico; el segundo, la operación realizada por la gobernadora de Chihuahua en conjunto con la DEA para desmantelar un laboratorio de fentanilo, la cual no fue informada al gobierno federal.

La presión estadounidense va más allá de Trump

Son ya bastantes los rumores que hay detrás de esta pregunta. Hay analistas simpatizantes del actual gobierno que consideran conveniente el triunfo demócrata en las siguientes elecciones para que así Estados Unidos deje por la paz el tema de los cárteles. La realidad es que el problema trasciende a Trump y al Partido Republicano.

La captura del Mayo fue llevada a cabo durante el mandato de Joe Biden por autoridades federales estadounidenses, sin avisar siquiera al gobierno mexicano. Además, varios gobernadores demócratas han solicitado la intervención de las autoridades federales de su país para enfrentar a estos grupos delictivos. Lo han hecho debido a la crisis de fentanilo, a la violencia generada por estas organizaciones en condados y al alto tráfico de personas en ciudades fronterizas del sur.

De hecho, en la administración de Biden se desplegaron acciones contundentes contra los cárteles, desde sanciones a integrantes, empresas operadoras y esquemas de lavado de dinero, hasta coordinación con México para perseguir redes de fentanilo, realizar capturas y concretar extradiciones.

La presión de EE. UU. sobre las autoridades mexicanas en materia de combate a los cárteles no fue una ocurrencia de Trump; es algo de lo que México ya no podrá desprenderse, venga quien venga. Los estadounidenses ya ven a los cárteles mexicanos como una amenaza directa para su país debido al nivel de violencia extrema y al grado de control territorial y político que han alcanzado.

Hace algunos años podía pensarse que todo respondía a las muertes relacionadas con el fentanilo. Sin embargo, estas llevan casi un lustro a la baja, según la CDC, y Washington decidió aumentar la presión contra los cárteles.

El argumento predominante para infundir miedo y molestia por la supuesta injerencia de Trump para instalar un mandatario afín se sostiene en este pretexto: ¿cómo es que los vecinos actúan en territorio de México sin avisar al gobierno federal? Antes de indignarnos, deberíamos preguntarnos primero: ¿por qué es que Estados Unidos no confía en las autoridades mexicanas? ¿Por qué el gobierno mexicano no actúa contra los cárteles?

El argumento mencionado anteriormente se desmorona desde que la administración de Biden trabajó para atrapar al Mayo sin dar aviso a ninguna autoridad de México.

En las recientes semanas vimos cómo el gobierno de MORENA salió a defender a Rocha Moya y al resto de los acusados una vez que la Casa Blanca los señaló. La presidente y las bancadas oficialistas exigieron pruebas de las acusaciones. Conviene recordar que los señalamientos forman parte de un proceso en el que se presentarán pruebas.

No solo eso. Culiacán es una ciudad que lleva casi dos años inmersa en una crisis de violencia. ¿Cómo es que nunca se ha investigado al gobernador por ello?

Pero la situación no se limita a Sinaloa. Ya se han visto videos y declaraciones de población civil denunciando desplazamientos en Guerrero por el cártel de Los Ardillos. También hay reportajes sobre desplazamiento de población indígena en Chiapas por el control territorial del cártel de San Juan Chamula. En cada Estado hay un cártel pequeño que continúa acaparando territorio y creciendo sin que ninguna autoridad estatal, municipal y mucho menos federal intervenga.

¿Por qué México se niega a recibir ayuda externa para atacar al crimen organizado? ¿Por qué no hay un solo nivel de gobierno que actúe en contra de estos grupos criminales? ¿Quedan dudas de por qué EE. UU. no confía en el gobierno federal?

La presidente mexicana tiene una oportunidad para corregir el rumbo de los últimos años en México. Podría colaborar con el país del norte y poner condiciones —dinero, capacitación, armas o acuerdos comerciales— para empezar a enfrentar uno de los principales desafíos del país: la violencia y el crimen organizado. Está de más decir que a Estados Unidos no le importa nuestra seguridad: le importa la suya, lo cual no impide que ambos países saquen provecho de esa cooperación.

La otra opción es envolverse en la bandera y gritar por una soberanía que de poco sirve cuando grupos criminales controlan el territorio, mientras EE. UU. actúa tal como lo hizo con el Mayo y con Maduro en Venezuela. El problema es que México no obtendría beneficio alguno.

Suena poco razonable la segunda opción, ya que pone en juego la seguridad e incluso la relación entre México y su principal socio comercial. De ahí surge una pregunta inevitable: ¿protege a alguien la presidente?

La versión original de esta columna fue publicada inicialmente en el blog Marcio P. | Substack y posteriormente en El Insubordinado.