“El conflicto entre Trump e Irán dispara la inflación, destruye presupuestos y puso en jaque a las economías emergentes”
El 19 de marzo de 2026, el barril de petróleo Dubai alcanzó los 166 dólares, su máximo histórico. En Chile, llenar un tanque de gasolina de 50 litros consumía cerca del 15% del salario mínimo mensual. En Honduras, país donde el 60% de la población vive en pobreza, el gobierno desembolsaba cerca de dos millones de dólares semanales solo para amortiguar parcialmente el alza de los combustibles. En Colombia, el Ejecutivo declaró el 21 de marzo que “los subsidios a la gasolina ya no son posibles”. En Argentina, el espectro de la inflación volvía a agrandarse justo cuando el gobierno prometía que desaparecería. Todo esto no ocurrió por una catástrofe natural ni por una crisis financiera sistémica. Ocurrió porque el presidente de Estados Unidos decidió bombardear Irán mientras sus propios mediadores negociaban con Teherán un acuerdo nuclear que, según reportaban, estaba al alcance de la mano.
La guerra que comenzó el 28 de febrero de 2026 fue, ante todo, una decisión política. Y sus costos los están pagando, de manera desproporcionada, quienes menos tuvieron que ver con ella.
Según el Reporte del Mercado Petrolero de marzo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el conflicto creó la mayor perturbación de suministro en la historia del mercado petrolero global, los flujos de crudo y productos refinados por el Estrecho de Ormuz cayeron desde aproximadamente 20 millones de barriles diarios antes de la guerra a un goteo, obligando a los productores del Golfo a reducir drásticamente su producción. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, lo resumió con claridad en abril: “Al principio, los gobiernos subestimaron la situación”, advirtiendo que esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas. No era hipérbole. Los países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas la mayor liberación en los 50 años de historia del organismo, pero incluso esa cifra representaba apenas cuatro días de consumo global y cubría solo el 15% de la producción perdida por el cierre de Ormuz.
El alto el fuego provisional anunciado el 8 de abril produjo un alivio momentáneo en los mercados, el índice bursátil S&P 500 subió 2,5%, y el petróleo cayó cerca del 15% en un solo día. Pero la calma duró poco. El 18 de abril, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado una reapertura. Los precios del crudo, que habían llegado a caer por debajo de los 90 dólares, comenzaron a subir nuevamente. Este lunes 20 de abril, el Brent cotiza en torno a los 95 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ronda los 88 dólares. El panorama sigue siendo incierto, el presidente Trump ha declarado que es “altamente improbable” que renueve el alto el fuego cuando expire esta semana, mientras que Irán amenaza con mostrar “nuevas cartas” en la guerra.
Las cadenas de suministro no se desenredan de la noche a la mañana; el daño a la infraestructura energética podría tardar años en repararse. Además, Irán ha dejado claro que mantiene un control efectivo sobre el estrecho, condicionando el tráfico y cobrando peajes. A esto se suma una dimensión frecuentemente ignorada en los análisis energéticos, más del 30% del comercio global de urea que es el fertilizante esencial para la producción agrícola que transita por el Estrecho, junto con cerca del 20% del comercio de amoníaco y fosfato. El bloqueo ya ha disparado los precios internacionales de los fertilizantes, la urea subió un 55% en abril, alcanzando los 850 dólares por tonelada, lo que genera riesgos directos para los precios y la seguridad alimentaria mundial.
América Latina y el costo de la distancia que no existe
Hay una ilusión geográfica que conviene desmontar, la de que lo que ocurre en el Golfo Pérsico es un asunto lejano para esta región. No lo es.
Cuando en 2025 los gobiernos de Colombia, Brasil y México elaboraron sus presupuestos para 2026, lo hicieron con supuestos muy distintos, Colombia proyectó el petróleo en torno a los 60 dólares por barril; Brasil, en 65; México, en 70. El Brent superó los 100 dólares el 11 de marzo y, aunque ha bajado, la volatilidad persiste. Ese desfase tiene un nombre y son las presiones inflacionarias. Transporte, fertilizantes, fletes, todo se encarece rápidamente y termina impactando la estructura de precios, el poder adquisitivo de las familias y, en última instancia, la estabilidad política de los países.
La fractura entre exportadores e importadores de energía es la primera línea de división regional. Los países más beneficiados por la suba del precio son los exportadores netos como Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, mientras que los importadores como Chile, Uruguay, Perú y los países centroamericanos no tienen más opción que trasladar casi todo el impacto al consumidor final. Sencillamente no les alcanza la capacidad fiscal para sostener subsidios.
Pero incluso los exportadores enfrentan paradojas. En Ecuador, el presidente Noboa obtiene más ingresos por exportaciones de crudo, pero también paga más por los productos refinados que debe importar, como el gasóleo. El galón de gasolina extra ya alcanzó los 3,02 dólares en abril, un incremento del 22% en menos de dos años, y el gobierno se niega a retomar los subsidios. En Brasil, Lula ha optado por el camino contrario, aumentó los subsidios al diésel (1,20 reales por litro para el importado) y al gas licuado de petróleo (850 reales por tonelada) para contener el impacto social.
En Colombia, el déficit fiscal que ya alcanzaba el 5,1% del PIB, se ha visto agravado por la necesidad de reasumir subsidios costosos. El gobierno aumentó los precios internos de la gasolina un promedio de 375 pesos por litro en abril, pero los ajustes se han quedado cortos frente a la magnitud de la crisis. En México, la situación es aún más paradójica, el gobierno de Sheinbaum mantiene el precio de la gasolina magna en 24 pesos por litro mediante subsidios que, según estimaciones, cuestan más de 12.200 millones de pesos mensuales, una carga fiscal insostenible. La Secretaría de Hacienda incluso eliminó por completo el estímulo fiscal para la gasolina premium durante la semana del 18 al 24 de abril.
La dimensión política del impacto es igualmente significativa. En Chile, que importa el 95% del crudo que consume, el gobierno de Kast aplicó una histórica alza de combustibles en marzo en lugar de usar subsidios, lo que ha encendido el malestar social por la crisis energética.
El escándalo económico tiene un correlato jurídico que no puede soslayarse. El ataque del 28 de febrero fue una guerra de elección, premeditada e ilegal, no autorizada ni debatida por el Congreso, como exige el artículo I, sección 8 de la Constitución estadounidense y la Ley de Poderes de Guerra de 1973, lo que constituye una grave violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU.
A esto se suma otra dimensión que inquieta profundamente a los especialistas en derecho humanitario, Trump amenazó con atacar todos los puentes y plantas eléctricas de Irán. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió el 23 de marzo: “La guerra contra la infraestructura esencial es una guerra contra las personas civiles. Debe detenerse”. Y añadió, a principios de abril, que “estamos perdiendo nuestra humanidad en la guerra”.
Lo ocurrido con Irán no es un episodio aislado, sino la expresión más extrema de un patrón, la sustitución sistemática de las normas internacionales por la lógica de la coerción unilateral. La retirada formal de Estados Unidos del Acuerdo de París, efectiva desde el 27 de enero de 2026; la captura militar del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, una operación sin precedentes que dejó al menos 55 militares venezolanos muertos; las amenazas de fuerza contra Groenlandia, que Trump sigue sin descartar del todo; el ataque a Irán mientras se negociaba con ella… Todos son síntomas del mismo fenómeno, un poder que actúa como si las reglas que contribuyó a construir no le aplicaran.
El acuerdo de alto el fuego es, en palabras de analistas, un arreglo extremadamente frágil y quebradizo. Dos semanas para negociar una paz duradera entre partes sin confianza mutua, con un estrecho estratégico que sigue sin abrirse plenamente y propuestas que se contradicen en sus puntos centrales.
Para América Latina, la crisis expone una vulnerabilidad que los discursos de integración regional llevan décadas prometiendo resolver y nunca resuelven. La ausencia de autonomía estratégica real multiplica los riesgos y reduce el margen de maniobra, cualquier desviación de las reglas sistémicas no escritas se paga con fuga de capitales, depreciación de la moneda o más inflación.
La oportunidad existe en el “tridente sudamericano” Argentina, Brasil y Guyana, junto a Venezuela, podrían impulsar la producción regional. Venezuela ya ha logrado aumentar su producción a 1,1 millones de barriles diarios en marzo, un crecimiento del 7% respecto a febrero. Pero la historia de la región está llena de bonanzas que no se tradujeron en industrialización, en capacidad refinadora propia ni en menor dependencia de los mercados externos. Convertir este momento en sustitución real de importaciones energéticas, integración regional y diversificación productiva no es idealismo, es la única respuesta estructural posible. La pregunta no es si la región fue afectada, la pregunta es si esta vez aprenderá la lección.
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