“El progresismo de izquierda en Colombia ha demostrado ser altamente eficaz en la construcción de relatos, pero presenta deficiencias significativas en la gestión de la realidad. Su principal virtud, la capacidad de persuadir mediante discursos impregnados de moralidad, justicia social y redención histórica, se convierte simultáneamente en su mayor debilidad cuando se trata de ejercer el gobierno. Es importante distinguir entre la teoría y la práctica, ya que predicar y ejecutar son acciones diferentes.”
El país ha sido testigo de cómo, una vez más, se evidencia una contradicción estructural: un gobierno que habla de transformación, pero que deja tras de sí desorden, improvisación y deterioro institucional. El incidente reciente relacionado con la expedición de pasaportes no debe ser considerado como un hecho aislado o un mero error administrativo. Esta situación representa una forma de gobernar que se centra más en la ideología que en la técnica, en la confrontación que en la solución y en la narrativa que en los resultados concretos. Se procedió al desmantelamiento de un sistema que, si bien necesitaba ajustes, operaba con eficacia, para sustituirlo por un entorno de incertidumbre. El resultado es que los ciudadanos se ven atrapados en trámites burocráticos, la desconfianza institucional es palpable y el Estado parece no poder garantizar un servicio básico.
Este caso, sin embargo, no es aislado. Cabe señalar que este es apenas un síntoma. El sector salud, por ejemplo, ha sido objeto de una campaña ideológica simplista que propone la eliminación del sistema existente para imponer un modelo que, hasta la fecha, no ha demostrado su viabilidad. Es posible y pertinente discutir las deficiencias de las EPS, pero no es aceptable poner en riesgo la atención de millones de colombianos por una obsesión política. La salud no se puede reducir a un ámbito de experimentación ideológica. Se trata de un servicio de vital importancia que requiere responsabilidad, conocimiento y prudencia.
Esta situación se refleja igualmente en el sector de los hidrocarburos. En nombre de una transición energética que ha sido planteada de manera deficiente y ejecutada de forma inadecuada, se ha tomado la decisión de debilitar una de las principales fuentes de ingresos del país. No se trata de negar la necesidad de avanzar hacia energías limpias, sino de hacerlo con realismo, planificación y responsabilidad fiscal. La implementación de prácticas que no consideren opciones viables no puede ser considerada como un acto de progreso, sino como una falta de responsabilidad.
Asimismo, en el ámbito económico, la situación resulta igualmente inquietante. La confrontación con el Banco de la República, la deslegitimación de sus decisiones técnicas y la simplificación del debate económico en términos ideológicos reflejan una preocupante incomprensión de los mecanismos que sustentan la estabilidad macroeconómica. Reducir el debate sobre las tasas de interés a una supuesta conspiración en favor de los banqueros no solo es falaz, sino peligroso. Es un hecho que las decisiones que se toman en este ámbito pueden tener consecuencias nefastas en el futuro, ya que el mercado es altamente inestable y los cambios en la economía pueden tener efectos devastadores.
El problema fundamental es evidente, este progresismo no gobierna para resolver problemas, sino para imponer soluciones. Su metodología no se basa en la construcción sobre lo existente, sino en su destrucción. No se trata de una corrección, sino de una eliminación total. Cuando los resultados no son favorables, como en el caso actual, se implementa una estrategia recurrente que consiste en atribuir la responsabilidad a terceros. La oposición, el “establecimiento”, los empresarios, los medios de comunicación, el pasado… todos han sido utilizados como chivos expiatorios para evadir la responsabilidad. Sin embargo, la realidad es tozuda. Y los hechos, pese a que se intente silenciarlos con gritos o descalificaciones, terminan imponiéndose.
En este contexto, resulta particularmente inquietante la falta de reconocimiento de la realidad por parte de aquellos que, debido a su adhesión ideológica, se muestran reacios a aceptar lo evidente. Se ha establecido una lógica de militancia emocional en la que cualquier crítica es interpretada como una traición y cualquier cuestionamiento como un ataque. En lugar de responder con argumentos, se optó por el uso de insultos. El objetivo principal no es debatir con él, sino cancelarlo. Esta situación no se alinea con los principios de una democracia saludable. Por el contrario, se trata de un indicador de una tendencia alarmante hacia el dogmatismo.
Colombia no requiere discursos grandilocuentes ni promesas redentoras. Es necesaria una gestión adecuada. La implementación efectiva del cambio requiere de instituciones sólidas y eficientes. Resulta imprescindible adoptar decisiones fundamentadas en la evidencia, y no en consignas. El país requiere de un gobierno que comprenda que administrar una nación no es un acto de activismo, sino una responsabilidad que debe ser abordada con seriedad y compromiso. Es crucial que los ciudadanos desarrollen la capacidad de evaluar los asuntos más allá de los meros relatos. Lo que está en juego no es una ideología, ni una corriente política, ni una figura en particular. Lo que está sobre la mesa es la estabilidad de un país que no puede permitirse seguir experimentando con enfoques que, en la práctica, han demostrado más intención de confrontar que de gobernar.
El progresismo colombiano podrá seguir predicando con eficacia. Tendrá la capacidad de generar emociones, construir narrativas y alentar causas nobles. Sin embargo, si no logra traducir ese discurso en resultados concretos, en soluciones reales y en una gestión eficiente, su proyecto terminará agotándose en su propia retórica. En el momento en que esto suceda, ningún relato podrá ocultar la realidad. Gobernar no se reduce a la mera expresión verbal. Es un hecho. En Colombia, esta diferencia se ha vuelto cada vez más evidente.
Es importante evitar caer en la falta de visión que impide reconocer las oportunidades. Colombia no puede permitirse una memoria selectiva que ignore los errores recientes ni una ciudadanía que prefiera el consuelo del relato a la realidad incómoda. Aquellos que no extraen enseñanzas de su historia están sujetos a repetir sus errores, y en la actualidad, esta advertencia adquiere plena relevancia. La omisión de los hechos que están teniendo lugar, bien sea minimizando los síntomas de deterioro institucional, relativizando los errores de gestión o descalificando toda crítica, no es un acto de lealtad política, sino una renuncia a la responsabilidad ciudadana. El país no requiere de una fe ciega, sino de una conciencia crítica.
Los colombianos tienen la responsabilidad de definir el rumbo. El escenario electoral que se aproxima es de suma importancia, ya que representa la continuidad de un modelo con Iván Cepeda Castro como figura visible, un viraje de 180 grados hacia una derecha radical con Abelardo de la Espriella, o una apuesta de centro-derecha con Paloma Valencia. Esta decisión no es sencilla ni cómoda. Por el contrario, se trata de una encrucijada que requiere de criterio, memoria y responsabilidad. El constituyente primario, es decir, los ciudadanos, deberá decidir si continúa con el experimento, si reacciona con extremos o si busca un punto de equilibrio. Lo que no es aceptable es tomar decisiones basadas en la desinformación o en la negación de lo evidente. Esta vez, más que nunca, los errores tienen consecuencias significativas.
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