Faltaban muy pocas horas para que el Bajo Cauca y el sur de Córdoba se atiborraran de vehículos llenos de turistas ansiosos de playa y mar, a quienes horas de trancón y estrés no les iban a arrebatar sus vacaciones, las primeras del año. Ya en la retina de muchos estaba la imagen del gobernante sin puesto en la mesa y deseoso de aplauso que quiso posar de superhéroe. En las horas de los bajocaucanos se habían acumulado el agotamiento de la larga espera y las certezas de otra sin salida. Algo de desespero se estaba acumulando en ese paro llamado para incomodar, más que para resolver.
Eran las últimas horas. El viernes 27 de marzo, poco antes de las 9 de la noche, los mineros no formalizados, los trabajadores de operadores mineros sin licencia y alcaldes, anunciaron un acuerdo, otro, parecido a los anteriores, tal vez a los próximos. Con las mismas promesas de los últimos ¿cinco, diez, quince? años, con iguales dificultades, los pequeños mineros, los informales, los operarios de costosos dragones brasileros, volvieron a su vida diaria. Los negociadores del Gobierno, otros rostros, otras voluntades también sinceras, regresaron con la certeza del esfuerzo inútil porque nada se puede negociar en esas mesas de estatuas.
El Bajo Cauca o el Nordeste, porque las sedes se intercambian, respiraron para guardar aire hasta el próximo choque en el largo conflicto por la titularidad de los recursos de todos los colombianos; por ganar la legalidad de las operaciones, y también, ¿para qué seguir negándolo? por mantener la costumbre de extraer minerales sin retribuir a sus dueños, todos nosotros.
El último paro de operadores mineros no formales en Antioquia, el de 2026, terminó como se habían acabado los muy graves, por los daños, por sus efectos, de 2017, 2019, 2023 y 2025. Las partes suscribieron el mismo acuerdo que nadie va a ejecutar, aceptaron iguales responsabilidades y comprometieron a ausentes, que poco pueden hacer para cumplir el pacto en el que no participaron.
El paro volverá. Y, como siempre, movilizará a mineros tradicionales a los que el Código de Minas les redujo la capacidad de formalizarse; a guerreros contra los títulos existentes hoy; a políticos obligados a cumplir a sus aliados; a operadores de rentas ilícitas, a avivatos que empobrecen entornos y limitan oportunidades, y a trabajadores exigidos a participar casi hasta la violencia.
La mesa regresará. Y será inútil porque volverá a reunir a los mismos, limitados para conceder, negados a aceptar lo posible. Y se llenará de notables ausencias: nadie convoca a los titulares mineros que han recibido concesiones legales y cumplen con sus obligaciones; no llegan los mineros formalizados y las asociaciones que han construido con enorme esfuerzo; tampoco invitan a las autoridades departamentales, a las que les arrebataron potestades sobre la minería, y no hay lugar para los representantes de la sociedad civil o los muy valiosos académicos, conocedores de estas realidades y expertos en construir alternativas para problemas con cara de insolubles.
Y mientras no haya paro no habrá mesa. Tampoco diálogo. Menos, voluntad de tejer relaciones que permitan reconocer puntos de encuentro entre contrarios, acuerdos posibles entre distintos y de dar entidad respetable a las diferencias. En el paréntesis crecerán las operaciones mineras ilícitas, la captura de jóvenes para la ilegalidad y de mujeres para el abuso. En el paréntesis aumentarán el daño ambiental y el riesgo de violencia, la deserción escolar y las aguas contaminadas con lodos y mercurio. Mientras nada pase, la minería no será noticia y los citadinos olvidaremos que hay Bajo Cauca o Nordeste; Chocó o departamento del Cauca; sur de Bolívar o Santander, regiones devastadas por operaciones mineras dañinas, empresarios sumidos en conflictos insolubles, comunidades que parecen sentirse sin Dios ni Ley.
En cada movilización, en cada regreso a los huecos, las dragas o los dragones brasileros, se está repitiendo la misma pantomima, para nosotros los espectadores lejanos; la misma danza macabra para quienes viven sometidos a los daños de la extracción de recursos sin responsabilidad, los criminales que la aprovechan y los poderosos que esperan extender sus dominios hasta garantizarse, lo que no es fácil, la derrota de los controles que se resisten a doblegarse, a entregarnos. Seguirán las persistentes afugias y temores de los mineros tradicionales que, en alianza con los titulares, le apuestan a la formalización deseada, aun sabiendo de burocracias y limitaciones que les ponen el camino cuesta arriba. Y tras cada movilización habrá que recoger el triste lugar común: si algo le falta a la minería en Colombia es Estado.
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