Todo lo que se hace “de mala leche” … sale mal. Así le ocurre al Gobierno con el ajuste de los avalúos rurales con rezagos mayores a cinco años a la fecha de expedición de la Ley del Plan, no solo porque, basada en el odio a los “grandes terratenientes”, termina afectando a los pequeños propietarios, sino por el afán de implementarla a partir de 2026, para lo cual el Instituto Geográfico Agustín Cosazzi- IGAC, expidió la Resolución 2057 del 30 de diciembre, publicada en el Diario Oficial, con inesperada eficiencia, el 31 de diciembre.
Sin embargo, en su afán, al Gobierno se le pasó un detalle: La Ley 1912/24 establece que los valores catastrales del ajuste automático entrarán en vigor “a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”; algo que se empezó a producir en los municipios en 2026 con la determinación del ajuste a cada predio. Por tanto, esos valores catastrales solo serán vigentes a partir del 1º de enero de 2027 y no podrán afectar el predial de 2026.
La actualización “a quemarropa” de los avalúos rurales ha sido promovida por el IGAC como una medida excepcional, masiva y automática.
Sin duda es excepcional, por una sola vez. Así la vende el Gobierno, como una de sus “bondades”, pero esa excepcionalidad lo que pretende es reparar el incumplimiento sistemático de la obligación legal de actualizar avalúos cada cinco años, poniendo a los propietarios a “pagar los platos” que rompieron los gobiernos durante décadas.
Lo masivo y automático esconde injusticias. El IGAC reconoce que se afectarán 1.639.140 predios en 533 municipios, pero también que el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que, mientras Petro afirma que la medida no es para los pobres, las cifras lo contradicen, pues el Estado considera menos de 100 hectáreas como pequeña propiedad, al punto que la favorecen con incrementos del predial que no pueden crecer más del 50% frente al año anterior.
El minifundio lechero de altiplano será muy afectado, pues con los nuevos avalúos muchos pequeños productores pasarán a ser medianos por el aumento significativo de su patrimonio, perdiendo beneficios ante las entidades de crédito y viendo afectados sus ingresos, pues, aun con las limitaciones al aumento del predial, pagarán aumentos no superiores al 50%, pero sobre una base cada vez mayor.
Por fortuna, se malogró la intención de afectar la producción agropecuaria con la disculpa de fortalecer las finanzas municipales. Vendrá un nuevo gobierno que comprenda la realidad rural sin sesgos ideológicos, que modifique el despropósito de la actualización masiva y respete el artículo 9º de la Ley 101/93, para que los avalúos catastrales de predios destinados a la producción agropecuaria, como ordena la Ley, no tengan en cuenta “ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.
¡Así debe ser…, que así sea!
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