El próximo domingo 8 de marzo, los colombianos regresaremos a las urnas para elegir de nuevo a nuestros representantes en el Congreso de la República y adicional, a participar en diversas consultas interpartidistas; las cifras del proceso impresionan: de los 41´287.084 ciudadanos que se encuentran habilitados para votar, 40´036.238 lo harán en el territorio nacional y 1´250.846 en el exterior. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 13.746 puestos de votación, con 125.259 mesas distribuidas en todo el país.
En el caso del voto en el exterior, 1´250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al sufragio, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, partiendo que este electorado podrá votar en 1.387 mesas habilitadas entre el 2 y el 7 de marzo, y en 1.945 mesas adicionales el 8 de marzo instaladas en 253 puestos de votación ubicados en 67 países. Tal alcance territorial del proceso es amplio y ambicioso; la pregunta es ¿esa amplitud viene acompañada de información suficiente para una decisión consciente?
A primera vista, el panorama podría interpretarse como una demostración de fortaleza democrática y capacidad institucional, sin embargo, detrás de este despliegue logístico emerge una paradoja inquietante: la expansión cuantitativa de la participación no ha venido acompañada de una comprensión real del proceso electoral, de hecho, en Colombia, jamás habíamos votado tanto pero tampoco había sido tan difícil entender con claridad qué se elige, cómo se elige y con qué consecuencias.
Es importante comprender que la democracia no se reduce al mero acto de votar. Desde una perspectiva constitucional, el sufragio es un derecho fundamental (art. 40) que exige condiciones materiales para su ejercicio libre, informado y consciente, así las cosas, no basta con habilitar mesas y tarjetones si el ciudadano no comprende las reglas que estructuran su decisión.
Las elecciones legislativas en Colombia se han convertido en un ejercicio particularmente complejo: Senado, Cámara de Representantes, listas abiertas o cerradas, circunscripciones especiales, voto preferente y consultas interpartidistas excluyentes entre sí, ha hecho que este entramado institucional el cual se encuentra diseñado para ampliar la representación, termine desbordando al elector promedio cuando no existe una pedagogía electoral clara, constante y accesible, de modo que, la información oficial suele concentrarse en el “dónde” y el “cómo” votar, pero rara vez profundiza en el “qué significa” cada voto. Así, millones de ciudadanos participan en un proceso formalmente correcto, pero materialmente opaco.
Frente a estas últimas -consultas interpartidistas-, ellas, buscan democratizar la selección de candidaturas presidenciales y en teoría, amplían la participación y fortalecen la legitimidad interna de los partidos y/o coaliciones, pero en la práctica, su realización simultánea con las elecciones legislativas incrementa sustancialmente la confusión del electorado.
El ciudadano puede votar solo en una consulta renunciando automáticamente a las demás pero esta restricción no siempre se comprende ni se explica con suficiente claridad, a ello se suma la ausencia de debates programáticos profundos y de pedagogía previa sobre el alcance real de estas consultas por lo que el resultado es previsible: se vota más por reconocimiento de nombres que por evaluación de propuestas y la participación se convierte en una medición de fuerza y no en un ejercicio puramente deliberativo.
En la otra esfera, nos encontramos con un capítulo especialmente sensible y es el de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz[i] (CITREP) que, para estas elecciones, 1´438.986 personas se encuentran habilitadas para elegir 16 representantes a la Cámara en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, aquí, la falta de pedagogía electoral adquiere una gravedad mayor ya que no se trata solo de entender un tarjetón distinto sino de garantizar que comunidades históricamente excluidas puedan ejercer un derecho político pensado como mecanismo de reparación y profundización democrática, lo que hace que sin la información suficiente, el riesgo es que un instrumento diseñado para cerrar brechas termine reproduciendo viejas desigualdades.
Frente a ello, la ausencia de pedagogía electoral no ha impedido votar, pero sí condicionado la calidad del voto configurándose una forma silenciosa de exclusión política: el derecho se ejerce, pero de manera disminuida. Jóvenes, adultos mayores y poblaciones rurales son quienes enfrentan mayores barreras para acceder a información clara y oportuna haciendo un efecto acumulativo de desconfianza institucional, desencanto democrático y de una ciudadanía que participa sin sentirse realmente representada manteniendo la democracia en pie… pero perdiendo densidad.
Estas elecciones nos demuestran una democracia eficaz en términos operativos pero frágil en formación ciudadana, millones de personas acudirán a las urnas de votación sin claridad plena sobre las reglas, las consultas, las circunscripciones o el impacto real de su decisión y, a diferencia de lo manifestado por el presidente de la República, no se trata de buscar fraudes espectaculares o de crear falsos fantasmas sino de reconocer un problema más profundo: una ciudadanía que vota sin comprender no fortalece la democracia, simplemente legitima de manera automática la puerta de la corrupción en la que se encuentra sumergida la fiesta electoral.
La democracia no se defiende únicamente abriendo las urnas un domingo; antes bien, se construye -o se erosiona- en la forma como el Estado, los partidos y las instituciones asumen su responsabilidad permanente de formar ciudadanos y no solo de movilizarlos cada cuatro años como si fueran meros electores, de ahí que, mientras la pedagogía electoral siga siendo marginal, reactiva o superficial, continuaremos celebrando jornadas concurridas pero aceptando decisiones colectivas frágiles y escasamente deliberadas.
Finalmente, el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia es claro: la participación política no se reduce a marcar un tarjetón y por el contrario, como derecho fundamental, implica participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político exigiendo su comprensión, su deliberación y su capacidad real de decisión, ya que cuándo el Estado garantiza la logística, pero descuida la pedagogía; cuando multiplica los mecanismos, pero no explica sus efectos; cuando celebra cifras de participación sin preguntarse por su calidad, ese derecho fundamental se cumple solo en apariencia.
[i] Creadas a partir del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 el cual busca la representación política en las 168 zonas y/o poblaciones más golpeadas a causa del conflicto armado y el abandono estatal.
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