¿Cómo se convirtió México en el nuevo sostén petrolero de Cuba tras el derrumbe de la ruta venezolana?

Cuba enfrenta desde 2024 una crisis energética profunda, marcada por apagones prolongados y colapsos frecuentes del sistema eléctrico, resultado de una escasez crónica de combustible que ha afectado tanto la vida cotidiana como la producción nacional.

Durante décadas, ese déficit fue compensado mediante el suministro de crudo subsidiado procedente de Venezuela. Sin embargo, el deterioro de la producción venezolana y el endurecimiento de las sanciones internacionales interrumpieron ese flujo, dejando a la isla sin su principal respaldo energético.

En ese vacío surgió México como proveedor clave de crudo y sus derivados, a través de operaciones formalizadas por Pemex y su filial Gasolinas del Bienestar. No obstante, los registros financieros disponibles muestran pérdidas equivalentes al valor de esos envíos, lo que plantea una pregunta central: ¿se trata realmente de comercio internacional o de un subsidio político encubierto?

Responder esta pregunta exige analizar no solo los volúmenes enviados, sino también su impacto fiscal, la opacidad de las transacciones y el costo efectivo que estas decisiones imponen a los ciudadanos mexicanos, en un contexto de alta deuda pública, fragilidad financiera de Pemex y precios internos de la gasolina históricamente elevados.

El sostén anterior: Venezuela

Durante décadas, Venezuela fue el principal abastecedor de crudo subsidiado para Cuba, apuntalando a la isla gracias a convenios políticos y energéticos como el Acuerdo Integral de Cooperación firmado en el año 2000. Ese esquema permitió al régimen cubano compensar su ineficiencia estructural a cambio de alineamiento político y asistencia estratégica.

Con todo, este mecanismo comenzó a desmoronarse progresivamente como resultado de una combinación de factores: el agotamiento estructural de un sistema económico incapaz de sustentar la productividad, la inversión y la disciplina institucional, visible en el deterioro de PDVSA, la persistente caída en su producción, el endurecimiento de las sanciones internacionales y la creciente presión de Estados Unidos para interrumpir los flujos de hidrocarburos hacia la isla.

A finales de 2025, estas tensiones derivaron en operaciones navales estadounidenses orientadas a interceptar embarcaciones que eludían sanciones, lo que terminó por cortar los últimos envíos relevantes de crudo venezolano a Cuba.

La debacle del sostén venezolano tras las sanciones y la captura de Nicolás Maduro dejó a Cuba en una situación de vulnerabilidad energética extrema, y es en ese vacío donde emerge México como actor central.

México como sustituto: ¿venta o subsidio encubierto?

Antes de 2019, los intercambios energéticos entre México y Cuba fueron esporádicos, marginales o de naturaleza excepcional, sin constituir una política pública permanente ni un esquema regular de exportación de hidrocarburos. En ese marco se inscribe la condonación de deuda realizada en 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Una docena de años después, México emergió como el nuevo sostén petrolero, a través de Pemex y la ya mencionada empresa estatal: Gasolinas del Bienestar S.A. de C.V., creada básicamente para canalizar crudo y derivados hacia el mercado internacional —y particularmente hacia Cuba—.

A diferencia de las relaciones previas con Venezuela, que ya eran reconocidas como acuerdos políticos y cooperativos, los envíos mexicanos sí se registraron (a la fecha) como “ventas” ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Así que desde 2023 y sobre todo en los años 2024–2025, estos envíos fueron consistentes y cuantiosos. En 2024, Pemex realizó envíos a Cuba de 20.100 barriles diarios de crudo y 2.700 bpd de derivados, con un valor aproximado de 600 millones de dólares, según reportes a la SEC.

En 2023, los envíos sumaron cerca de 400 millones de dólares, mientras que análisis parciales de 2024 estiman valores de al menos 500 millones de dólares hasta septiembre de ese año. Para el primer trimestre de 2025, esos volúmenes —alrededor de 19.600 bpd de crudo y 2.000 bpd de productos— se tradujeron en unos 166 millones de dólares de exportaciones.

Pero aquí nace la controversia: los datos financieros de Gasolinas del Bienestar muestran pérdidas netas equivalentes al valor total de los envíos a Cuba, lo cual plantea una pregunta retórica fundamental: ¿cómo puede ser una “venta” si la filial termina perdiendo dinero por exactamente lo que “vende”?

Incluso bajo criterios contables, una operación que sistemáticamente no genera flujo positivo no puede considerarse como intercambio de mercado.

¿Pemex y México se lo pueden permitir?

Esta situación ocurre en un escenario en el que Pemex enfrenta una de las cargas de deuda más altas entre las petroleras estatales del mundo. Al cierre de junio de 2025, la empresa reportó una deuda financiera aproximada de 98.800 millones de dólares, sin contar cerca de 20.000 millones adicionales con proveedores, una cifra que pesa fuertemente sobre su posición financiera general.

En materia de calificación crediticia, las principales agencias le han asignado notas que se mantienen por debajo del grado de inversión. Standard & Poor’s ubica a Pemex en BBB y Moody’s en B1 a largo plazo en moneda extranjera; por su parte, Fitch la sitúa en BB+.

Estas calificaciones reflejan la percepción de riesgo que tiene el mercado sobre la capacidad de la paraestatal para generar flujos de caja suficientes y cumplir con sus obligaciones sin un respaldo explícito del gobierno mexicano.

Aunque en 2025 Fitch y otras agencias han elevado ligeramente la calificación de la empresa, esa decisión no obedece a una mejora operativa interna real, sino a las medidas de apoyo financiero y garantía del Estado mexicano, tales como emisiones de deuda avaladas por Hacienda, recompras de bonos y estrategias de financiamiento compartido.

Aun así, los analistas advierten que la fragilidad financiera continúa, con bajos niveles de producción, depreciación de activos y un modelo de negocio que depende más del apoyo estatal que de su rentabilidad propia.

Este marco de alto endeudamiento y calificación especulativa —pese al apoyo de bonos soberanos— coloca a Pemex en una situación de vulnerabilidad fiscal significativa. En ese contexto, el hecho de destinar recursos petroleros a operaciones poco transparentes como los envíos hacia Cuba tiene un costo adicional en términos de riesgo financiero y prioridades públicas, porque desvía recursos de una entidad ya profundamente apalancada sin que exista un retorno comercial claramente documentado.

El costo doméstico de la gasolina cara y la carga fiscal creciente

Mientras México se convierte de facto en el sostén energético de Cuba, dentro del país la realidad es opuesta para los ciudadanos. Entre 2024 y 2025, los precios de la gasolina alcanzaron niveles históricamente altos, con el litro de combustible superando los 23–25 pesos por litro (≈ 1,30– 1,45 USD/l) dependiendo de la región y el tipo de cambio, lo que ha golpeado directamente el bolsillo de las personas.

Lo anterior no fue casualidad ni producto de fluctuaciones globales: fue resultado de las políticas fiscales internas. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles registró incrementos acumulados de aproximadamente 4–6 % anuales entre 2023 y 2025, y la reducción de estímulos fiscales transfirió ese costo directamente al consumidor final. Esto generó una presión inflacionaria directa sobre bienes y servicios vinculados al combustible.

Además, hay paralelismos inquietantes entre la situación de Pemex y la de PDVSA en años recientes, ya que ambas petroleras estatales han operado con criterios políticos y sin rendición de cuentas rigurosa, arrastrando deudas gigantescas y comprometiendo las finanzas públicas de sus respectivos países.

Contradicciones constitucionales

Este entramado no es simplemente una decisión económica desconectada del marco jurídico. La Constitución Política de México, en su Artículo 27, establece que los hidrocarburos y demás recursos naturales pertenecen a la Nación y su dominio es inalienable e imprescriptible.

En otras palabras, los recursos como el petróleo no son y no pueden ser propiedad de los individuos y tampoco pueden ser explotados por ellos sin ninguna regulación estatal. Así, bajo ese principio legal, se eliminan los reclamos individuales de corte patrimonial sobre su uso.

Sin embargo, ese margen legal no exime al Estado de responsabilidad por sus acciones. Cuando no existen mecanismos que obliguen a divulgar contratos, condiciones de pago y términos de entrega, la gestión de un recurso de alto impacto social deja de ser política pública y se convierte en una caja negra.

Si la llamada “venta” de petróleo a Cuba no se tradujo en ingresos verificables; si el destinatario es un régimen con un historial prolongado de impagos y dependencia externa; y si, al mismo tiempo, esos recursos son financiados indirectamente por consumidores mexicanos que asumen gasolina más cara y con una empresa estatal crecientemente endeudada, entonces no estamos ante un acuerdo comercial.

Estamos ante un subsidio político encubierto, que no se discute, no se vota y no se reconoce como tal, pero cuyos costos son regresivos y socialmente visibles.

Conclusión: la narrativa incómoda

La narrativa oficial —y presidencial— de que México “vendió petróleo” a Cuba nunca resistió el contraste con los hechos, y los acontecimientos recientes lo confirman. Solo bastaron presiones externas y un cambio de discurso político para cancelar el suministro, lo que deja claro que no se trataba de una operación sólida ni defendible.

En ausencia de contratos públicos, pagos verificables y mecanismos claros de rendición de cuentas, la exportación de petróleo mexicano a Cuba no pudo entenderse como una “venta”, sino como una decisión política amparada en la opacidad.

Que el envío se haya suspendido ahora no borra lo ocurrido ni sus costos. El petróleo ya se entregó, las pérdidas ya fueron absorbidas y los ciudadanos mexicanos ya pagamos el precio. En el mejor de los casos, lo ocurrido fue un subsidio político disfrazado de transacción comercial.

Y eso, desde cualquier perspectiva —económica, política o filosófica—, no puede reducirse a un tecnicismo ni esconderse detrás de un eufemismo diplomático. Cuando los costos recaen sobre terceros que no consintieron la medida, ya no hablamos de solidaridad: hablamos de redistribución impuesta.

Si incluso la ayuda humanitaria acaba transformada en mercancía para la élite militar de un régimen, el problema deja de ser económico y se vuelve moral. Lo que se presenta como solidaridad internacional puede terminar reforzando exactamente aquello que dice combatir: un sistema que administra la escasez como mecanismo de control político. En ese escenario, el petróleo mexicano no alimenta al pueblo cubano, sino al engranaje de poder que monopoliza su supervivencia. Y esa es quizá la lección más incómoda de todas: en contextos donde la oscuridad institucional sustituye a la responsabilidad, la ayuda deja de ser ayuda y pasa a ser combustible para la perpetuación de la miseria.