“La duda no puede ser subestimada. Cuando desde las instancias de poder se siembra deliberadamente incertidumbre acerca del sistema electoral, el mensaje emitido no es de carácter técnico, sino político. En el caso específico de Gustavo Francisco Petro Urrego y sectores del progresismo de izquierda, el reiterado cuestionamiento sobre el proceso de conteo de los votos antes de la jornada electoral plantea interrogantes legítimos sobre la motivación y el impacto de dicho discurso.”
Es preciso señalar, en primer lugar, que el preconteo no debe ser equiparado al escrutinio oficial. Este mecanismo informativo, de carácter preliminar, permite conocer tendencias la misma noche electoral. El resultado jurídico y vinculante se deriva del escrutinio formal llevado a cabo por las comisiones escrutadoras, basándose en las actas correspondientes. Es importante señalar que confundir deliberadamente ambos procesos no es una ingenuidad, sino una estrategia narrativa cuidadosamente diseñada.
¿Por qué, entonces, anticipar sospechas sobre el preconteo? Existen diversas hipótesis que podrían explicar el suceso. La primera de estas opciones es de carácter preventivo. En el ámbito político, quien primero establece el marco interpretativo tiende a obtener una ventaja simbólica en la contienda. En el caso de que los resultados preliminares no sean favorables para un sector en particular, la advertencia previa sobre la posible existencia de “irregularidades” permite la activación de una narrativa de fraude o manipulación sin necesidad de disponer de pruebas concluyentes. El propósito no radica en la demostración, sino en la siembra de dudas.
La segunda es movilizadora. El discurso de alerta permanente cohesiona bases, activa emociones y convierte una elección en una cruzada moral. Cuando se aborda la necesidad de “defender la democracia” frente a un sistema presuntamente cooptado, se forja una identidad colectiva y se legitima el enfrentamiento. La política deja de ser una competencia entre proyectos y se convierte en un enfrentamiento entre el pueblo y las élites.
La tercera es de carácter estratégico en relación con la derrota. Según lo establecido en el marco jurídico del Estado de derecho, se reconoce el principio de la impugnación anticipada en caso de irregularidades. Es crucial que toda campaña ejerza una vigilancia efectiva sobre el proceso electoral. El problema surge cuando esta posibilidad se convierte en un discurso sistemático de deslegitimación antes de que exista evidencia concreta. En este contexto, la distinción entre control democrático y erosión institucional se torna sutil.
¿A qué le temen? Es posible que se trate de un desgaste. Gobernar implica asumir costos. En el contexto actual, se observan reformas impopulares, tensiones económicas y una polarización social. En entornos de alta fragmentación política, cualquier resultado electoral adverso puede interpretarse como una pérdida de respaldo ciudadano. En dicho contexto, cuestionar el sistema en lugar de examinar la gestión constituye una alternativa políticamente más conveniente.
También es posible que exista un temor estructural, el progresismo latinoamericano ha construido parte de su identidad sobre la base de la desconfianza histórica hacia instituciones que considera permeadas por intereses tradicionales. Desde esta perspectiva, la suspicacia no se percibe como un acto oportunista, sino como una manifestación de coherencia ideológica. No obstante, dicha inseguridad constante podría materializarse en una profecía autocumplida, dado que, si todo está amañado, nada es legítimo y, si nada es válido, la única salida es el enfrentamiento.
Hay un riesgo mayor. Las democracias no se debilitan únicamente cuando se producen fraudes electorales; también cuando se instaura la percepción constante de que siempre pueden ser vulneradas. La erosión de la credibilidad de los procedimientos y los órganos arbitrales no se origina con tanques en las calles, sino con discursos que relativizan dicha credibilidad.
En caso de que se presenten irregularidades debidamente documentadas, es un derecho del constituyente impugnar los resultados. Sin embargo, es importante ejercer cautela al utilizar esta información, ya que su uso sin una base sólida, su transformación en narrativa preventiva o su empleo como herramienta de presión política son prácticas cuestionables. El liderazgo, especialmente en el ámbito presidencial, conlleva una responsabilidad significativa, que incluye una cuidadosa evaluación del impacto de cada palabra pronunciada. Cuando un líder político sugiere la posibilidad de un fallo en el sistema, el mensaje trasciende la coyuntura y se inserta en el tejido de la cultura política.
Ciertamente, Colombia ha experimentado procesos electorales con deficiencias. Asimismo, ha presenciado cambios de gobierno, derrotas de las facciones tradicionales y victorias de movimientos alternativos. El triunfo de Gustavo Francisco Petro Urrego se produjo dentro de las normas que hoy son objeto de escrutinio. Este dato no es de menor importancia, ya que si el sistema permitió la llegada del progresismo al poder, ¿por qué sería estructuralmente ilegítimo ahora?
Algunos argumentarán que la vigilancia fortalece la democracia. Efectivamente. Sin embargo, es importante destacar que la vigilancia se fundamenta en pruebas concretas y no en meras insinuaciones. El ejercicio profesional se lleva a cabo en las mesas de trabajo, durante la revisión de formularios, en el ámbito de la observación internacional y en el escrutinio técnico. No obstante, en el ámbito de la narrativa emocional, la situación puede variar.
El progresismo se enfrenta a un dilema, pues debe decidir si consolida su posición como una fuerza institucional o si, por el contrario, reafirma su papel como un movimiento contestatario permanente. En primer lugar, es fundamental depositar una confianza crítica en el marco normativo establecido. En segundo lugar, es necesario mantener una tensión constante con el sistema. Es importante destacar que no es posible habitar de manera confortable en ambos espacios simultáneamente.
En última instancia, la pregunta que se plantea es de mayor alcance que un simple conteo de votos. Se debe reflexionar sobre si se busca una democracia en la que cada resultado desfavorable sea interpretado como un posible fraude, o si se prefiere una en la que las disputas se resuelvan dentro del marco institucional, con determinación pero sin exacerbar los ánimos. La legitimidad electoral no solo depende de la exactitud técnica, sino también de la voluntad de los actores políticos de acatar las reglas cuando los resultados no les son favorables. Este constituye el auténtico desafío democrático.
Cualquier irregularidad que pudiera darse el 8 de marzo deberá ser debidamente documentada y presentada ante las autoridades correspondientes, siguiendo el proceso legal establecido. En caso de no haberlas, es crucial evitar la insistencia en la sospecha, ya que esto solo agravaría la situación. Es importante destacar que la credibilidad de la democracia no se salvaguarda mediante acciones que la debiliten de manera preventiva.
En épocas de extremismos ideológicos, existe una propensión a convertir cada elección en un plebiscito existencial. Sin embargo, la estabilidad institucional requiere de un enfoque más refinado, que implica madurez. La verdadera capacidad de liderazgo se evidencia no en la victoria, sino en la disposición a aceptar la posibilidad de derrota de manera ética y responsable, respaldada por argumentos sólidos y dentro del marco legal.
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