La “madre de todos los acuerdos” es un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Europea que, desde ya, exalta el poder transformador del libre mercado. En contraste, de este lado del mundo, México decrece de manera sostenida y, peor aún, la ambigüedad respecto de la revisión del T-MEC incrementa la volatilidad y aprieta el cinturón de una economía atrapada en el esquema estatista de la Cuarta Transformación.
¿Qué es la “madre de todos los acuerdos”? Es un tratado que, después de dos décadas de negociación, permitió que la India y la Unión Europea acordaran reducir aranceles en más del 96 % del comercio bilateral. El sector automovilístico es uno de los más relevantes: los aranceles se reducirán del 110 % al 10 % y, en cinco años, desaparecerán los gravámenes sobre componentes, beneficiando tanto a productores como a consumidores en ambas partes. En alimentos, vinos, aceite de oliva y productos procesados se contemplan reducciones drásticas, mientras que algunos sectores sensibles —como la carne y el azúcar— permanecen protegidos. La India obtiene la eliminación inmediata de aranceles en el 70 % de las líneas que representan el 90,7 % de sus exportaciones, especialmente textiles, calzado, joyería y juguetes.
Los acuerdos comerciales, ya sea entre personas o entre naciones, se sustentan en la confianza, la buena fe y el Estado de derecho. En términos simples: reglas claras, árbitros confiables y certidumbre para todos los actores. La “madre de todos los acuerdos” beneficiará a más de dos mil millones de personas porque existe una orientación estratégica hacia la generación de prosperidad, la mejora de la calidad de vida, la creación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad.
En el extremo opuesto del mapa económico, México no comparte ni el dinamismo ni la certeza jurídica que hoy exhiben la India y la Unión Europea. El crecimiento anual del país fue de apenas 0,7 %, el peor resultado desde la pandemia. El Banco de México y diversos analistas proyectan que la economía crecerá entre 0,3 % y 1,3 % en 2026, muy por debajo del promedio histórico cercano al 2 % previo a 2019. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros países sí logran expandirse con reglas claras y nosotros no?
Desde 2018, el gobierno de la 4T adoptó un modelo que privilegia la centralización del poder y la intervención estatal. Se cancelaron proyectos privados relacionados con energías limpias, se reforzaron las empresas estatales y monopólicas —Pemex y la CFE— y se recortó el presupuesto de reguladores autónomos. Estas decisiones envían señales de incertidumbre a la inversión privada. Todo ello, mientras se impulsaban obras faraónicas de dudosa viabilidad: un aeropuerto internacional con conectividad limitada; trenes sobre suelo blando que enfrentan fallas operativas; y refinerías que no alcanzan los mínimos prometidos.
A ello se suman reformas judiciales y electorales que abren la puerta a favoritismos y decisiones tendenciosas. El mensaje es claro y profundamente alarmante: en México las reglas pueden cambiar según las prioridades del poder en turno. Un entorno así frena la innovación, distorsiona la competencia y reduce la productividad.
El problema no es solo económico: es humano. Cuando un país no crece, quienes pagan el costo no son los políticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades, así como los inversionistas y emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados. El estancamiento no es una abstracción: es una condena silenciosa a la mediocridad.
México se repliega en un superestado; la India, en cambio, diversifica socios y entiende que el comercio constituye una herramienta de desarrollo y no una amenaza. El acuerdo con la Unión Europea no solo amplía mercados: envía una señal contundente de estabilidad, previsibilidad y apertura al mundo.
Lejos de diversificar, el país parece conformarse con una dependencia casi absoluta del mercado estadounidense, justo cuando ese vínculo enfrenta tensiones, revisiones y riesgos políticos. Apostar todo a un solo socio comercial, en paralelo al deterioro del marco institucional interno, expone a la economía a una vulnerabilidad innecesaria. El crecimiento a largo plazo exige instituciones sólidas, reglas estables, competencia abierta y respeto a la propiedad privada. El progreso no se decreta desde Palacio Nacional ni se construye sobre redes de privilegio.
Fortalecer el Estado de derecho, abrir el sector energético a la inversión privada, reducir la carga regulatoria, respetar los contratos y comprometerse con acuerdos comerciales ambiciosos no es “entregar la soberanía”: es ejercerla con inteligencia. La verdadera soberanía no consiste en invocarla, sino en traducirla en prosperidad para los ciudadanos.
La política no debería ser un obstáculo para el desarrollo. Conviene recordar que los países que abrazan el libre comercio y respetan a sus ciudadanos, a los inversionistas y a las reglas del juego son los que prosperan. Mientras las dos mayores democracias del mundo —la India y la Unión Europea— apuestan por la apertura y la integración, México corre el riesgo de quedar anclado en una narrativa ideológica incapaz de generar crecimiento y bienestar.
Comentar