Quien declara fraude antes de votar no está alertando: está condicionando el resultado.
Cuando el Presidente de la República afirma que el riesgo de fraude es “100%”, no está formulando una hipótesis técnica. Está dictando una conclusión anticipada. Cien por ciento no es preocupación. Es sentencia.
Gustavo Petro anunció un documento de 150 páginas ante la Fiscalía, habló de “mesas fantasma”, cuestionó que Thomas Greg & Sons participe en la operación tecnológica electoral, criticó los formularios E-14 y propuso que soldados actúen como testigos para “cuidar los votos”. El conjunto no configura una auditoría. Configura una narrativa: el sistema está bajo sospecha estructural.
Y esa sospecha se instala antes de que el ciudadano deposite el voto.
La democracia descansa sobre una regla elemental: se compite bajo un árbitro aceptado de antemano. La crítica es legítima. La fiscalización es necesaria. Lo que no es inocuo es declarar el terreno viciado antes de que empiece el juego.
Si el fraude es total, entonces la institucionalidad es cómplice.
Si la institucionalidad es cómplice, el árbitro pierde legitimidad.
Si el árbitro pierde legitimidad, cualquier resultado se vuelve discutible.
Esa es la cadena lógica que activa un “100%”.
Un presidente puede denunciar irregularidades con nombres propios, pruebas verificables y procesos judiciales claros. Puede promover reformas institucionales. Puede exigir transparencia. Todo eso fortalece el sistema.
Pero sembrar certeza de fraude desde el atril presidencial no es fortalecer. Es condicionar.
La afirmación absoluta cumple una función política precisa: preparar el terreno. Si el resultado favorece al gobierno, la advertencia habrá sido prudencia histórica. Si el resultado le es adverso, la advertencia se convertirá en argumento de impugnación. La sospecha ya estará sembrada.
No se trata de prevenir irregularidades. Se trata de blindar el discurso frente a un eventual revés.
Ese movimiento altera el equilibrio democrático. Porque la legitimidad de una elección no depende de la simpatía que despierte el resultado en el Ejecutivo. Depende de reglas aceptadas antes del conteo.
Cuando el propio Presidente instala la idea de que el proceso puede estar manipulado en su totalidad, introduce una bomba institucional. No necesita detonarla. Basta con que exista. La confianza pública empieza a erosionarse desde el momento en que la autoridad máxima del Estado sugiere que el árbitro podría estar comprado.
La democracia liberal tiene una prueba definitiva: aceptar el veredicto incluso cuando incomoda.
Quien compite bajo reglas que ya declaró sospechosas no está defendiendo el voto. Está anticipando el alegato.
Y cuando el alegato empieza antes del escrutinio, el problema deja de ser el fraude.
Pasa a ser la legitimidad del poder que no tolera perder.
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