Pedro Sánchez y Gustavo Petro representan un nuevo tipo de populismo: aquel que, lejos de fortalecer la democracia, la socava desde dentro. Esta columna analiza cómo ambos líderes, tras prometer renovación ética, operan mecanismos de blindaje político y judicial que convierten al poder en un refugio de impunidad.
La historia se repite, no como tragedia y luego como farsa, sino como síntoma de un mismo deterioro. Desde Madrid hasta Bogotá, se reproduce un patrón político que convierte a los gobiernos en estructuras defensivas, más preocupadas por blindar al líder y su círculo que por garantizar el funcionamiento autónomo de las instituciones. Pedro Sánchez, quien hace apenas unos años exigía la dimisión de su antecesor por una citación judicial, se encuentra ahora cercado por investigaciones que alcanzan a su esposa, su hermano y varios de sus colaboradores más cercanos. La decencia, bandera con la que llegó al poder, ha sido enterrada bajo una montaña de cinismo.
No se trata de un caso aislado y mucho menos de una casualidad. Lo que hoy ocurre en España no es sino el reflejo europeo de un modelo de poder que también ha hecho metástasis en América Latina, particularmente en Colombia. Pedro Sánchez y Gustavo Petro comparten algo más que una retórica progresista: ambos son operadores de un mismo estilo de gobierno que, tras prometer una renovación moral, se dedica a erosionar sistemáticamente los contrapesos democráticos. Es el populismo vestido de institucionalidad, el poder convertido en refugio frente a la rendición de cuentas.
Contexto español: la estrategia de desmantelamiento democrático
El gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado una ofensiva sin precedentes contra el Estado de derecho. No se trata de una mera disputa ideológica, sino de una confrontación abierta con los pilares que sostienen la democracia liberal: independencia judicial, libertad de prensa, separación de poderes. La reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, bajo el pretexto de la igualdad de oportunidades, es en realidad un mecanismo burdo para colonizar la justicia con perfiles afines al Ejecutivo. Una justicia dócil, maleable, ideologizada, que deje de ser un contrapeso y se convierta en cómplice.
La gravedad del asunto se multiplica al observar cómo el gobierno ha reaccionado ante las investigaciones que rodean a su entorno. En lugar de cooperar con las autoridades, el Ejecutivo optó por atacar a jueces y fiscales, señalarlos como propagadores de “bulos” y acusarlos de estar contaminados por un sesgo ideológico. La respuesta no fue institucional, sino propagandística: cinco días de silencio, una carta pública plagada de sentimentalismo y una vuelta calculada al ruedo político con una agenda destinada a socavar lo poco que aún queda de autonomía institucional. El mensaje fue claro: la ley debe adaptarse al poder, no al revés.
El caso del fiscal general, procesado por filtrar información para dañar a una adversaria política, representa una radiografía perfecta del deterioro. Quien debiera ser garante de la legalidad se convierte en ejecutor de una vendetta partidista. Y mientras las asociaciones de jueces y fiscales claman por la defensa del orden constitucional, el gobierno los ignora o, peor aún, los difama. La justicia estorba; por tanto, debe ser silenciada, domesticada o simplemente sustituida por una narrativa que justifique lo injustificable. No estamos ante un conflicto político común, sino ante una mutación institucional que amenaza con convertir a España en una democracia fallida.
Paralelismo con Colombia: Petro como gemelo estratégico de Sánchez
Gustavo Petro, al igual que Pedro Sánchez, se presenta como un redentor político, un moralista en un sistema corrupto. Sin embargo, su accionar revela la misma lógica de inmunidad disfrazada de transformación. En Colombia, las reformas impulsadas por el petrismo han tenido un objetivo recurrente: debilitar los organismos de control, presionar a la Corte Constitucional, consolidar el poder en la figura presidencial y legitimar, mediante la movilización callejera, decisiones que en el marco de una democracia sólida deberían pasar por el filtro institucional. Petro, como Sánchez, no busca reformar la democracia, sino domesticarla.
Ambos líderes entienden el poder no como un mandato con límites, sino como un instrumento de redención personal y política. Donde Sánchez pacta con independentistas y filo terroristas para conservar la Moncloa, Petro apela al discurso revolucionario para justificar alianzas con sectores radicales y justificar intervenciones institucionales agresivas. En ambos casos, la retórica progresista sirve de coartada para prácticas autoritarias. No gobiernan; se protegen. No representan al pueblo; se amparan en él para avanzar en su blindaje judicial. La impunidad, lejos de ser un efecto colateral, es el eje rector de su praxis gubernamental.
Análisis político: el populismo como mecanismo de impunidad
El populismo contemporáneo, tanto en España como en Colombia, ha dejado de ser un fenómeno discursivo para convertirse en una maquinaria de captura institucional. No se trata de un populismo de promesas, sino de impunidad operativa: un modelo que utiliza la legalidad para vaciar el Estado de contenido republicano. En nombre del pueblo, se clausuran las cortes. En nombre de la justicia social, se pisotea la justicia real. Y en nombre de una falsa pluralidad, se instala un pensamiento único que condena como “antidemocrático” todo lo que no encaje con la agenda del Ejecutivo.
Pedro Sánchez y Gustavo Petro encarnan esta nueva forma de lumpen de Estado: líderes sin respeto por la institucionalidad, que fingen decencia mientras acumulan poder al margen de la ley. No son reformistas, sino operadores del desmantelamiento. La colonización del sistema judicial en España y la presión sobre las altas cortes en Colombia son dos caras de la misma moneda. El objetivo no es gobernar mejor, sino asegurarse de que nadie los gobierne, ni siquiera la Constitución. En su lógica, la ley es una herramienta si sirve al poder; un obstáculo si lo limita.
Ambos gobiernos han demostrado que no basta con invocar la democracia. La verdadera amenaza no viene de golpes militares ni de revoluciones armadas, sino de la corrosión lenta y metódica del orden constitucional desde dentro. El verdadero populismo no se grita en las plazas, se redacta en decretos, se negocia en cenas, se filtra a los medios y se impone en las reformas. La diferencia entre un demócrata y un populista no está en las palabras, sino en el respeto; o desprecio, por los límites. Y tanto Sánchez como Petro han demostrado no tener ninguno.
Cinco datos curiosos
- El atentado frustrado contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un ambiente de estigmatización sistemática desde el poder.
Durante meses, el presidente Gustavo Petro mencionó reiteradamente el nombre de Uribe Turbay en sus discursos, asociándolo a la corrupción, al “régimen” y al pasado que debía ser derrocado y ELIMINADO. La insistencia con la que lo señaló en plazas públicas creó un clima propicio para que actores radicalizados consideraran legítimo atentar contra su vida. Este episodio demuestra cómo el lenguaje oficial puede devenir en violencia política, cuando el líder actúa como agitador más que como jefe de Estado. - Pedro Sánchez pidió disculpas por el expediente judicial de Santos Cerdán, pero hace apenas siete años exigía la renuncia de Mariano Rajoy por un caso judicial menor y sin imputación directa.
El actual presidente del Gobierno español consideraba en 2018 que la mera citación de Rajoy como testigo era razón suficiente para dejar el cargo “por dignidad”. Hoy, con su entorno judicialmente comprometido; incluido su más estrecho colaborador político, Sánchez ha optado por el silencio institucional y el relativismo ético. Las excusas sustituyen a la rendición de cuentas, confirmando el doble rasero con el que opera el poder cuando se aferra a sí mismo como fin último. - En Colombia, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha evidenciado una red de corrupción estructural dentro del gobierno Petro, con recursos desviados a políticos aliados y compra de lealtades parlamentarias.
Lo que comenzó como una denuncia sobre sobrecostos en carrotanques para La Guajira ha escalado hasta comprometer al círculo más cercano del Ejecutivo, incluyendo a altos funcionarios de presidencia. La compra de votos mediante contratos públicos revela que el discurso anticorrupción del petrismo es retórica vacía, y que el poder ha replicado e incluso perfeccionado, los mismos vicios que prometió erradicar.
- David Sánchez, hermano del Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias en el ámbito cultural.
A pesar de los intentos del gobierno por minimizar el caso, la instrucción judicial avanza, dejando en evidencia cómo el núcleo familiar del presidente también se encuentra bajo el foco de las autoridades. La sombra de los privilegios y las redes clientelares amenaza con ampliarse, mientras el Ejecutivo insiste en blindarse tras narrativas de persecución mediática, desviando la atención pública del fondo del asunto: la confusión creciente entre lo público y lo privado en el poder. - Los casos de Nicolás Petro y Begoña Gómez constituyen las dos principales fracturas éticas del discurso moralizante que llevó a Gustavo Petro y Pedro Sánchez al poder.
Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, ha sido acusado de recibir dineros irregulares de empresarios a cambio de favores políticos durante la campaña de su padre. En paralelo, Begoña Gómez, esposa de Sánchez, es investigada por posibles influencias indebidas y beneficios personales derivados de su posición. Ambos casos muestran que el relato de regeneración ética promovido por estos líderes no resiste el más mínimo escrutinio. El poder, lejos de purificarlos, los ha exhibido en su más cruda fragilidad.
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