Como ciudadano comprometido con la democracia, no puedo guardar silencio ante los acontecimientos que sacuden hoy la institucionalidad de nuestro país. Colombia, como república democrática, se rige por una Constitución que establece claramente los límites, competencias y mecanismos de cada poder del Estado. Esa Carta Política no es una sugerencia, ni una formalidad: es el marco que nos une como nación y que garantiza que ningún gobernante –por popular o poderoso que sea– pueda imponerse por encima del interés colectivo.
Con profunda preocupación, he seguido el camino que ha trazado el presidente Gustavo Petro en su intento de convocar una consulta popular por decreto, luego de que esta fuera rechazada legítimamente por el Congreso de la República. El solo hecho de considerar esta vía, sin el respaldo del Legislativo y a contravía de lo establecido por la ley, representa una amenaza directa a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Debo decirlo con claridad: el presidente Petro fue elegido para liderar el país dentro de la institucionalidad, no para saltarse sus reglas. Fue elegido presidente, no emperador. Y si bien la consulta popular es un mecanismo democrático consagrado en nuestra Constitución, también lo es que debe seguir un procedimiento específico. Intentar imponerla por decreto, luego de su hundimiento por votación mayoritaria del Senado, no es un acto de democracia participativa, sino una afrenta al orden constitucional.
No es esta una discusión de forma. Lo que está en juego es el respeto por la separación de poderes, ese principio que ha evitado que Colombia caiga en la concentración del poder y que permite que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionen como contrapesos entre sí. Si aceptamos que un decreto puede revivir un mecanismo rechazado por el Congreso, ¿qué sentido tendría entonces nuestra institucionalidad? ¿Qué garantía nos queda a los ciudadanos si los gobernantes pueden cambiar las reglas del juego cuando las decisiones no les favorecen?
La Constitución, insisto, no es un obstáculo para el gobernante de turno. Es el compromiso supremo que todos –incluido el presidente– juramos respetar y hacer respetar. No puede convertirse en un documento que se interpreta a conveniencia ni en una barrera que se elude cuando los resultados no son los deseados.
Comparto la alarma que han expresado voces diversas, incluso algunas que acompañaron al presidente Petro en su elección. La representante Catherine Juvinao, quien votó por él, ha advertido con valentía que lo que hoy se pretende no es una simple consulta, sino un intento deliberado por desestabilizar el orden institucional y preparar el camino para una eventual constituyente con el pretexto de que el “sistema” no lo deja gobernar.
No podemos permitir que el país avance hacia una deriva autoritaria disfrazada de participación popular. No se puede gobernar a punta de decretos, ni se puede usar el poder para alimentar la polarización o radicalizar la confrontación política. Gobernar exige respetar los límites, dialogar con las instituciones y aceptar que el disenso hace parte de la democracia.
Hoy hago un llamado respetuoso, pero firme, al presidente de la República: aún está a tiempo de corregir el rumbo. No insista en un camino que pone en riesgo la estabilidad de la nación y que lo aleja de la promesa de cambio democrático por la que millones de colombianos confiaron en usted.
Defender la Constitución no es un acto de oposición: es un deber patriótico. Y así como hoy alzamos la voz, lo seguiremos haciendo todas las veces que sea necesario para recordar que en Colombia manda la ley, no la voluntad de un solo hombre.
El propio senador Juan Felipe Lemos Uribe, es enfático en afirmar que, no se puede gobernar a punta de decretos cuando las instituciones no ceden a los caprichos del poder ejecutivo. La Constitución no es un obstáculo para el gobernante de turno, es el acuerdo que nos une como nación y debe ser respetado por todos, especialmente por quien jura cumplirla y hacerla cumplir.
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