“Cuando el presidente-dictador y sus facinerosos ministros firmen ese decreto turbio ya no habrá jefe de estado ni gabinete sino un autócrata con ínfulas de dictador y una camarilla que sienten placer por el delito.”
Colombia está herida de muerte. El «gobierno» de Gustavo Petro enfila su artillería contra todos los poderes institucionales del país. Desconoce las decisiones del Poder Legislativo, presiona, se enfrenta y amenaza al Poder Judicial, y le ordena al Poder Electoral convocar a unas elecciones ilegales.
A estas alturas, el país vive bajo una dictadura de facto. El presidente-dictador, diariamente, tiene como propósito atacar y destruir todo lo que sea democrático. Sus constantes invectivas contra la oposición y su insidiosa perorata inflaman el odio y la violencia entre colombianos. Petro quiere reinar por decreto, sobre cenizas y lagos de sangre.
Los ataques de Petro, por ahora, son verbales. Pero, una vez consiga su objetivo de adueñarse de Colombia, empezará la etapa de persecución judicial y ataques contra la vida de sus contradictores y de los colombianos en general. Hay que estar preparados para lo peor. Espero que lo mejor para Colombia esté por venir, que lo que vivimos actualmente sea pasajero, pero las cosas no se ven esperanzadoras.
Para consumar el golpe institucional a Colombia, Petro está decidido a firmar un decreto que convocaría a unas elecciones, aun cuando el Senado negó esa proposición. Es decir, el régimen ya desconoció al Congreso. Sostiene de manera perversa que el Senado violó la Constitución, y por lo tanto cree legal expedir ese decreto. Los delincuentes contra la democracia son Petro y los ministros que firmen ese documento. Es un abuso flagrante de poder. Es prevaricato.
Todos en Colombia sabemos que Petro tiene una mente malévola y criminal. Pero la idea de expedir un decreto pasando por encima de la decisión del Poder Legislativo no es solo de él. Detrás están el ministro del Interior y el ministro de Justicia, dos personajes iguales o incluso peores que el mismo Petro. Benedetti, que no está en sus cabales, habla y reta a todo el mundo; y Montealegre, aún más peligroso, utiliza las leyes para cometer actos inmorales y criminales.
Estoy casi seguro de que Montealegre —quien es el autor de la redacción del decreto— le ha propuesto a Petro cerrar el Congreso, desconocer el Poder Judicial y declararse dictador oficial de Colombia. Si no lo ha hecho, está pronto a hacerlo. Es un ser verdaderamente diabólico. El ministro de Justicia se escuda en la interpretación que él hace de la ley, pero lo hace de manera torcida. Habla de una «salida institucional» el decretar violando la Constitución. Es golpista, institucional, dictatorial y criminal.
Montealegre es, como se dice popularmente, el «poder detrás del poder» en este momento. Se sabe que Petro no puede hacer lo que anhela con Colombia —destruirla— de manera solitaria. Necesita a otro personaje peor que él en esas innobles intenciones. Encontró a Eduardo Montealegre, que será el llamado a edificar para el país un manual tiránico que traerá consigo periodos de dolor y muerte.
Son tiempos de mucha turbulencia para Colombia. Expertos analizan que se están viviendo momentos similares a la previa de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla a mediados del siglo XX. Todo indica, con lo que está ocurriendo, que el país vive —reitero— en una dictadura de facto, donde el quiebre institucional es evidente y el diálogo entre los poderes públicos —base de la república— es inexistente.
Cuando el presidente-dictador y sus facinerosos ministros firmen ese decreto turbio, ya no habrá jefe de Estado ni gabinete, sino un autócrata con ínfulas de dictador y una camarilla que siente placer por el delito. En ese momento se deberán activar todas las alertas y herramientas institucionales de la democracia y la república. El Poder Legislativo debe mantenerse firme, y el Poder Judicial iniciar con todas las acciones y actuaciones correspondientes.
Si las intenciones de Petro no prosperan como lo tiene planeado, será la Corte Constitucional la que tiene el deber de tumbar ese decreto criminal —ojalá antes de que se convoquen elecciones impuestas—, y otras autoridades judiciales deberán iniciar las investigaciones, capturas y condenas contra los ministros prevaricadores. Especial atención debe prestarse a Eduardo Montealegre, que es el verdadero cerebro del quiebre institucional en Colombia.
Los colombianos, en últimas, somos los llamados a defender la democracia, la república y el orden institucional. Es un deber histórico, pero sobre todo moral, decir y expresar que Gustavo Petro no es un presidente democrático y que está sometiendo al país al odio y a la violencia fratricida. Es legítimo propender y defender que haya un juicio político y que se vaya del poder. Petro pudo ganar democráticamente la presidencia de la nación, pero no gobierna con democracia. Si como ciudadanos permitimos que un solo hombre rompa la república, ¿qué país le estaremos entregando y dejando a nuestros hijos? Lo que defendamos hoy, mañana lo agradecerán esos colombianos.
Si no logramos entender que estamos en un tramo oscuro de nuestra historia, todo estará perdido. Porque al no reconocer los problemas, no podremos actuar. El enemigo —Petro— le ha declarado la guerra al país, y se debe responder a esa declaración que no nos intimida, pero de manera contundente e inteligente. Opinar es un paso, pero actuar ante la justicia es más efectivo. Utilicemos la institucionalidad hasta el último aliento, aunque del otro lado utilicen la amenaza y la persecución para acallarnos.
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