La incertidumbre reina en Colombia. La Corte Constitucional podría tumbar la reforma pensional aprobada el año pasado por vicios de trámite, y el país está a punto de enfrentar otro terremoto jurídico con consecuencias económicas y sociales impredecibles. Este no es un simple fallo más. Es la confirmación de lo que muchos advertimos desde el inicio: la improvisación del gobierno de Petro en su obsesión por reescribir las reglas del país, sin el más mínimo rigor técnico ni jurídico.
La reforma pensional, vendida como la gran solución para garantizar pensiones dignas a millones de colombianos, es en realidad un monstruo fiscal que compromete el futuro económico del país. El modelo de pilares que impuso el gobierno aumenta el pasivo pensional del 100% al 160% del PIB, en un país que ya tiene problemas de financiamiento. Pero más allá de los defectos estructurales del proyecto, el problema ahora es otro: su trámite legislativo fue un desastre.
Como era de esperarse, Petro y su bancada pasaron la reforma sin los debates completos, sin el rigor que exige la Constitución, y sin importarles las advertencias sobre los riesgos de hacerlo de manera exprés. Ahora, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia en la Corte Constitucional señalando que el proyecto es inconstitucional por no haber cumplido con el debido proceso legislativo. Un error de principiante. Un vicio de trámite que, de confirmarse, haría que todo el proceso quede en el limbo.
¿Y ahora qué?
Si la Corte tumba la reforma, el caos será total. Más de 44.000 personas aprovecharon la ventana de traslado entre regímenes para pasarse a Colpensiones o a los fondos privados. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se les mantendrá el traslado o los devolverán a su régimen original? Nadie tiene la respuesta. Y si la reforma cae, ¿qué pasa con los cambios en la estructura de subsidios y la sostenibilidad fiscal? ¿Volveremos a un modelo en el que el Estado subsidia pensiones de hasta 25 salarios mínimos con los impuestos de todos los colombianos?
Lo que sí es claro es que esto no es persecución contra Petro, como seguramente lo hará ver su gobierno. Lo que está ocurriendo es un control de legalidad normal dentro de cualquier democracia. La Corte Constitucional está haciendo lo que le corresponde: revisar que las leyes cumplan con la Constitución y con el debido trámite legislativo. No es la primera vez que ocurre y no será la última. Pretender que hay una conspiración en su contra es una muestra más de la estrategia de victimización a la que nos tiene acostumbrados.
El problema aquí no es solo la reforma, sino la manera en que este gobierno ha manejado el país: con improvisación, desconocimiento del Estado de derecho y total desprecio por la seguridad jurídica. No es la primera vez que una ley de Petro enfrenta este destino. Lo mismo ocurrió con la reforma tributaria de 2022, cuando la Corte tumbó varios artículos por errores similares. Es la prueba de que el gobierno no legisla con seriedad, sino a punta de discursos y presión mediática.
Si el presidente Petro fuera responsable, presentaría un nuevo proyecto de reforma pensional con las correcciones necesarias y garantizaría un trámite limpio y transparente. Pero en lugar de eso, lo más probable es que su gobierno se victimice, hable de un golpe de la “oligarquía” y culpe a la Corte de sus propios errores.
Mientras tanto, millones de colombianos seguirán en la incertidumbre, sin saber qué pasará con su futuro pensional. Y todo por culpa de un gobierno que no entiende que la ley no es un simple trámite, sino la base sobre la cual se construye un país serio.
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