“Colombia se encuentra en la fase final del proceso electoral, que culminará el 31 de mayo, y en la que se ha producido un elevado número de encuestas. Algunas de las fuentes consultadas muestran ventajas amplias, otras hablan de empates técnicos, algunas anuncian triunfos en primera vuelta y otras pronostican definiciones dramáticas en segunda. Cada firma presenta su propia fotografía del momento y cada campaña se aferra a la medición que más le conviene.”
Es crucial señalar que, en medio de la proliferación de datos numéricos, muchos ciudadanos están perdiendo de vista lo fundamental: el futuro del país no se define por una cifra en particular, sino por el conjunto de decisiones y acciones que se tomen en el presente. Las encuestas no gobiernan. Es importante destacar que las encuestas no están sujetas a obligaciones tributarias. Las encuestas no reflejan la inseguridad en los barrios, ni viven el miedo del comerciante extorsionado, ni sienten la impotencia de las familias atrapadas en regiones tomadas nuevamente por los violentos. Ciertamente, se trata de meros instrumentos metodológicos que exhiben tendencias parciales y cambiantes.
Actualmente, persisten discrepancias significativas entre los diversos sondeos realizados sobre el escenario presidencial colombiano. Si bien algunas mediciones de opinión muestran una ligera ventaja para Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, otras ubican a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella como potenciales vencedores. Más allá de quién aparezca arriba o abajo en una gráfica, lo verdaderamente preocupante es la desconexión entre ciertos discursos políticos y la realidad que vive el país. Colombia está experimentando un deterioro evidente en materia de seguridad, autoridad y convivencia.
La violencia está resurgiendo, la delincuencia está operando con impunidad y las instituciones parecen desprovistas de la capacidad para hacer frente al crimen organizado. En algunas ciudades, los colombianos perciben un retroceso en la aplicación de la ley y una normalización del miedo. A esto se suma un fenómeno que resulta todavía más inquietante, la insistente presentación de los subsidios como si de la justicia social se tratara. Se propone la premisa de que la distribución equitativa de recursos, prescindiendo de la exigencia de productividad, mérito o viabilidad económica, conducirá inevitablemente a la igualdad. En este sentido, Colombia debería detenerse a examinar la historia reciente de América Latina.
Cuba y Venezuela no son conceptos ficticios creados por la derecha política. Estos son ejemplos concretos de cómo el populismo ideológico puede desencadenar consecuencias negativas en las economías, comprometer la integridad de las instituciones y, en última instancia, resultar en el empobrecimiento de aquellos que se suponía que iban a ser protegidos. Ambos países iniciaron el proceso de captación de sectores populares mediante la emisión de discursos emotivos, la concesión de subsidios y la realización de promesas relativas a la dignidad. El resultado fue un régimen autoritario, una dependencia estatal, una pérdida de libertades y millones de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus tierras.
Es preocupante que aún haya quienes consideren que este tipo de situaciones no podrían ocurrir en este contexto. Esta misma arrogancia política ha sido observada en otros países antes de que fuera demasiado tarde. En la actualidad, Colombia se enfrenta a una decisión de gran importancia histórica. No se trata simplemente de elegir entre candidatos, sino de decidir entre modelos de país. Por un lado, se observa la persistencia de una perspectiva ideológica que ha intensificado la polarización, debilitado la confianza institucional y relativizado el problema de seguridad mediante discursos idealistas de transformación social. Por otro lado, se observan dos trayectorias divergentes dentro del espectro político de la derecha, una alternativa moderada, representada por Paloma Valencia, y una postura más radical y confrontacional, liderada por Abelardo de la Espriella.
Estos dos aspectos generan debates de diversa intensidad y despiertan apoyos y resistencias. Sin embargo, es importante destacar que una parte significativa del país está comenzando a considerar estas opciones como una respuesta al deterioro percibido del progresismo y al temor de continuar profundizando en una dirección que muchos consideran errónea. Es preciso señalar que existe otra preocupación significativa, la falta de debates sustanciales. En el caso de Colombia, se hace evidente la necesidad de un debate fundamentado en ideas sólidas y no en campañas simplistas basadas en plataformas como TikTok, en el uso de insultos y en propaganda emocional.
Es preocupante que, en un momento tan crítico, los ciudadanos no perciban un compromiso mayor por parte de los líderes políticos con discusiones fundamentales sobre seguridad, empleo, educación, productividad, deuda pública o institucionalidad. La democracia se ve comprometida cuando los candidatos optan por presentar discursos meticulosamente elaborados en lugar de enfrentar preguntas potencialmente incómodas.
El sufragio del 31 de mayo no puede ser un acto emocional influenciado por subvenciones, ideologías extremas o fanatismos digitales. Esta decisión debe ser tomada con una perspectiva fundamentada, considerando la memoria histórica y el sentido de realidad. Colombia no requiere implementar medidas políticas que se construyan desde la improvisación o el resentimiento. Es necesario contar con una autoridad democrática sólida, estabilidad económica, respeto institucional y liderazgo capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Cada ciudadano colombiano deberá tomar la decisión de si desea un país en el que el Estado fomente constantemente la dependencia, mientras que la inseguridad se incrementa, o si apuesta por un modelo que restablezca el orden, la productividad y la responsabilidad individual. Es importante tener en cuenta que los resultados de las encuestas pueden estar sujetos a cambios hasta el último día. Se anticipa la presentación de nuevas cifras, la generación de nuevas polémicas y la formulación de nuevas interpretaciones. Sin embargo, al momento de emitir el voto, los titulares y las tendencias del instante perderán su relevancia. Una vez que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, se tomará una decisión irreversible.
El 31 de mayo no será una elección ordinaria. Se trata de una prueba de madurez democrática y de memoria colectiva. Colombia se enfrenta a una decisión que sentará las bases del rumbo político, económico y social de los próximos años. Persistir en discursos que normalizan la dependencia estatal, relativizan la inseguridad y fracturan aún más el tejido institucional puede llevar al país a una crisis mucho más profunda y difícil de revertir. La historia latinoamericana ha demostrado que los procesos de deterioro democrático comienzan con el debilitamiento de la autoridad, seguido de la división de la sociedad y, finalmente, la destrucción de la confianza en las instituciones. En este contexto, es fundamental actuar con precisión y determinación para evitar consecuencias indeseadas posteriores.
El ciudadano colombiano no puede votar desde la resignación. Es crucial que el votante lo haga siendo consciente de que cada decisión tomada en las urnas conlleva consecuencias tangibles en aspectos fundamentales. Es insuficiente limitarse a mostrar indignación cuando el país se enfrenta a problemas como la violencia, el desempleo o la polarización; la responsabilidad comienza ahora, en la capacidad de analizar de manera crítica las propuestas y reconocer los riesgos del camino que se elige. Colombia debe actuar con serenidad, firmeza y claridad para evitar avanzar hacia un escenario de incertidumbre permanente. Cuando las naciones reaccionan de manera tardía, las consecuencias suelen pagarse a lo largo de décadas.
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