Debido al secuestro de Luis Manuel “Mane” Díaz, el Estado, la gente y el mundo volcó los ojos nuevamente hacia un flagelo silencioso que, desde hace más de 40 años, junto con la desaparición forzada, ha dejado, por lo menos, 100 mil víctimas directas e indirectas en el país. Aquí 7 reflexiones que dejó este lamentable hecho:
- El secuestro, según el Manual de Lucha Contra el Secuestro de la Oficina Contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas – ONU,
“consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo” (Resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social).
En Colombia, la industria del secuestro en Colombia tuvo su apogeo a finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando la confluencia de diferentes poderes de facto, recrudecieron la violencia en el país. Sin embargo, “el número anual de secuestros se incrementó dramáticamente durante el período 1997-2000. De hecho, el número total de secuestros por año se aumentó en más del doble, de 1.677 casos en 1997 a cerca de 3.706 casos en el 2000” (Fundación País Libre, 2002, pág. 30), lo cual se explica, en gran parte, a las mal llamadas “pescas milagrosas”; y es que para la década de los 90, el secuestro se convirtió en la tercera fuente de financiación para las guerrillas del país.
- Según, la ya extinta, Fundación País Libre[1] “en los últimos 46 años [han sido] (sic.) secuestrados 32.733 ciudadanos” (cifras a 2016) entre nacionales y extranjeros, de los cuales, se desconoce a ciencia cierta la cifra de personas que han corrido con la “suerte” del “Mane” Díaz y han sido liberados con vida. Lo que si sabe es que miles de familias aun no duermen con tranquilidad y viven solo por la esperanza de que sus familiares secuestrados años e, incluso, décadas atrás, regresen sanos y salvos a casa. Muchas de estas familias hacen parte del colombiano común, sin estatus político, capacidad económica y mucho menos sin incidencia en la opinión pública mundial, como la que tiene el futbolista Luis Díaz.
- El secuestro, delito que se creía, iría en descenso con el paso de los años, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 y cese al fuego pactado entre el ELN (autores del secuestro de los padres del futbolista) y el actual Gobierno, ha venido creciendo vertiginosamente entre el 2022 y lo corrido del 2023. Según el diario español El País “entre enero y marzo de 2022 se registraron 35 secuestros. En el mismo periodo de 2023 la cifra se duplicó”(El País , 2023).
Este mismo diario, en otro artículo y citando datos del Ministerio de Defensa a corte septiembre de 2023, sostiene que en lo corrido del año, 241 personas han sido detenidas ilícitamente por diferentes grupos al margen de la ley, lo que lleva a este a ser el año con más secuestros en una década (El País, 2023).
- Como en épocas anteriores que el Estado tendía a divulgar ampliamente las cifras de secuestro en el país, con un sentido refinado de publicidad, a través de diferentes canales nacionales e internacionales con el propósito de mostrar la falta de respeto de la guerrilla por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y a la vez con la intención de mostrar “eficiencia” de las instituciones en la lucha contra este flagelo, el Gobierno desplegó todos los recursos técnicos, operativos, de inteligencia y comunicacionales para lograr la liberación de Luis Manuel “Mane” Díaz. Sin embargo, el que hoy miles de familias continúen siendo víctimas indirectas del secuestro, deja en evidencia la baja presencia institucional en los territorios, la incapacidad para luchar y contener este delito y los golpes de autoridad que continúan dando los grupos al margen de la ley. ¡Todos queremos ver en libertad a la totalidad de los secuestrados!
- Aún más doloroso y silencioso al delito anteriormente mencionado, en Colombia padecemos el flagelo de la desaparición forzada, el cual, a diferencia del secuestro no se realiza de manera temporal ni con fines extorsivos o con la intención de obtener algo a cambio sino con la intención abierta y deliberada de, precisamente eso, desaparecer a alguien; y con un agravante, este delito no es solo cometido por poderes de facto o grupos al margen de la ley sino también por fuerzas del Estado.
Según un balance entregado por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH “en el país por lo menos 80.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018), entre las cuales, la mayoría, son personas con afinidades políticas adversas a las políticas gubernamentales de turno, así como también funcionarios del Estado, soldados de las FF.AA. y miembros del CTI. No con esto quiero decir que los civiles no han sido víctimas de este flagelo, basta con recordar uno de los casos de mayor vergüenza nacional de desaparición forzada a manos del Estado: “los falsos positivos”.
Sobre los perpetradores, se sabe que “los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562); las guerrillas, del 19,9% (5.849); los grupos posdesmovilización, del 8,8% (2.598) y los agentes del Estado, del 8% (2.368)” (CNMH, 2018).
- Se conoce que los daños emocionales e impactos psicosociales de las victimas indirectas son inconmensurables e incalculables, “porque la naturaleza y las características de este delito producen una incertidumbre permanente que impide hacer el duelo” de los familiares de las personas desaparecidas en Colombia.
- De estas desapariciones poco se sabe, poco se divulga y poco se habla, lo más grave de todo es que este es un delito que, a diferencia del secuestro, no ha dado tregua. Según Medicina Legal, en el primer trimestre de este año en Colombia desaparecieron 441 hombres y 281 mujeres (un total de 722 personas); es decir seis personas diariamente(Radio Nacional de Colombia, 2023). Si bien los móviles de las desapariciones aún son motivo de investigación, muchas de estas continúan sin resolver a la fecha. El deber de las instituciones y el Estado es continuar trabajando por el esclarecimiento de la verdad, insistir en los altos niveles de impunidad y “trabajar para combatir la indolencia de una gran parte de la sociedad colombiana ante este drama” – CNMH.
Referencias
Centro Nacional de Memoria Histórica. (junio de 2018). Centro de Memoria Histórica. Obtenido de https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/desaparicion.html
El País. (09 de Noviembre de 2023). El País. Obtenido de https://elpais.com/america-colombia/2023-11-10/liberenlos-ya-el-clamor-de-los-familiares-de-otros-secuestrados-tras-el-regreso-de-mane-diaz.html
El País. (02 de junio de 2023). El País . Obtenido de https://elpais.com/america-colombia/2023-06-02/renace-la-industria-del-secuestro-en-colombia.html
Fundación País Libre. (2002). La industria del secuestro en Colombia. ¿Un negocio que nos concierne? Pax Christi Holanda.
Radio Nacional de Colombia. (abril de 2023). Radio Nacional. Obtenido de https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/personas-desaparecidas-en-colombia-en-2023-medicina-legal#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Medicina%20Legal,desaparici%C3%B3n%20ni%20de%20su%20paradero.
[1] Esta ONG dejó de funcionar en 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y cuando los secuestros habían pasado de miles a cientos.
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