Anunció la Fiscalía General que imputará cargos contra más exfuncionarios del Gobierno Uribe; frente a esos anuncios la verdad y la justicia de las persecuciones.
Primero, Fiscalía General inició investigaciones en secreto y las mantuvo hasta finales de junio, cuando a medios de comunicación filtró la decisión de imputación de cargos a César Mauricio Velásquez y a Edmundo del Castillo por supuestos hechos ilegales cometidos en 2008. Persecución y verdad: Procuraduría General investigó y archivó investigación contra funcionarios en 2010 y ratificó archivo en el 2012, los abogados no han sido notificados de nuevas decisiones de la Fiscalía pero la prensa lo anuncia con desespero.
Segundo, Fiscalía General no había avanzado en investigación sobre campaña de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia realizado supuestamente por José Obdulio Gaviria y César Mauricio Velásquez en compañía de un miembro del DAS. Persecución y verdad: acorde a versiones de la prensa un grupo de magistrados realizaron un vuelo privado pagado por personas de dudosa reputación, no hay periodista o editor que pueda aseverar que los exfuncionarios les hubiesen entregado alguna información reservada o ilegal en contra de algún magistrado, hoy según medios de comunicación Fiscalía busca nuevo testimonio cohesionando a María del Pilar Hurtado para obtener condenas e ignorando peticiones de Gaviria y Velásquez para que se investigue si alguna persona recibió información ilegal por parte de ellos.
Tercero, Juan Manuel Santos se eligió gracias a los dos gobiernos que dirigió Álvaro Uribe Vélez, era el supuesto continuador de la política de Seguridad Democrática y quien preservaría la buena obra realizada. Persecución y verdad: desde posesionado, Santos se separó del Uribismo e inició campaña de desprestigio política y jurídicamente contra el gobierno que le antecedió.
Dos ministros del Gobierno Uribe están en la cárcel y otros dos condenados, todos víctimas de acoso y presiones para que declaren en contra del expresidente Uribe y otros funcionarios. Un ministro y un comisionado cuentan con protección y reconocimiento de asilo frente a la cacería política y jurídica que ocurre en Colombia. Un candidato presidencial fue víctima de infiltración ilegal a su campaña y de manipulación de un video en su contra.
Frente a las elecciones regionales que se avecinan, en Colombia algunos sectores buscan eliminar del escenario público a cualquier opositor de las actuales políticas; existe una persecución jurídica en contra de cualquier funcionario o allegado al anterior gobierno; está la intención de llevar a la cárcel o al exilio al expresidente Álvaro Uribe; y buscan acabar con la vida política del Centro Democrático a través del desprestigio.
Difiriendo de lo expresado por el editorial de El Espectador, en Colombia reina la persecución política, el acoso jurídico y el asesinato moral a la oposición y esa no es la Justicia que debiera existir en una democracia.
Autor: Camilo Martínez Navarrete.
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