En Colombia, por siglos, la educación rural ha sido abandonada a lo que las comunidades y hasta actores armados puedan hacer, por eso, en muchos territorios apartados de las grandes urbes, su vulnerabilidad frente a los ilegales es parte de la cotidianidad.
El artículo 67 de la constitución política de Colombia establece que la educación tiene una función social:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
En ese orden de ideas, cabe preguntarse ¿todas las escuelas cumplen con esa función social? ¿a los intereses de quién responde esa función social? ¿qué tipo de función social están cumpliendo las escuelas de nuestro país? ¿qué función tienen las escuelas rurales? ¿con qué intención desprotegemos a toda una comunidad cuando abandonamos una escuela rural, sabiéndola la única presencia del estado en muchos territorios apartados? ¿para qué sirve una escuela rural que no tiene los mínimos de garantías del derecho a la educación?
En el fondo estas escuelas si cumplen alguna función social, terminan sirviendo para algo: de bodega, como caseta comunal, para celebrar fiestas patronales, donde se hacen reuniones con entidades del estado y ongs o al servicio de la guerra, como lo dice el informe “no es un mal menor”[1]:
Tanto los espacios escolares como quienes permanecen en ellos fueron usados para los intereses de la guerra. En algunos casos, las canchas fueron trincheras, y las niñas, niños y adolescentes, emisarios de los actores armados. Los espacios educativos también fueron controlados de manera directa con la intención de instalar bases de control o de mando, dirigir acciones armadas, reclutar a las niñas, niños y adolescentes, y moldear y disciplinar los comportamientos de quienes los habitan. (p. 109)
¿Será que hoy las escuelas rurales cumplen el mandato constitucional? Este es un interrogante contestado por la realidad de muchas escuelas rurales con un rotundo NO. Porque como ya lo dijo Gabriela Diker[2], experimentan un sistema enfocado en la “calidad” bajo la premisa de los números, las medidas y la cobertura, donde no hay cabida para los principios de derecho ni de democratización; allí no hay ocasión para la discusión sobre el derecho a la educación con mandato de la dignidad.
Soy docente orientador… Soy profe y me encanta serlo, cuando visito una comunidad lo primero que busco es la escuela. Esta vez no fue la excepción y vaya escenario perturbador me he encontrado en mis vacaciones de semana santa, cuando tuve la oportunidad de regresar a la Reserva Surikí, un lugar que he aprendido a amar a través de la labor de conservación y resistencia de la familia Jiménez. En uno de los recorridos que hicimos para ver una familia de Aotus Zonalis o martejas, pasando por la vereda la Pola, que pertenece al distrito de Turbo, a donde se llega por un canal que se conecta al río Surikí; encuentré el Centro Educativo Rural La Pola, CER anexo a la Institución Etnoducativa Bocas del Atrato.
Cuando uno ve este CER y le confirman que efectivamente allí es donde se ven las clases. La sensación es de tristeza, rabia y frustración combinadas, porque quienes le dedicamos nuestra vida a la educación comprendemos la importancia de los ambientes de aprendizaje para el logro de la tarea de la escuela. Eso lo ha dicho la academia, lo han promovido las organizaciones internacionales que se ocupan de la educación y lo han entendido quienes lideran planteles de educación privada en el país, por eso un gran rubro de sus presupuestos está destinado al acondicionamiento de los ambientes de aprendizaje y a los recursos didácticos que median los aprendizajes de sus estudiantes.
Como se ve en la imagen, la escuela no tiene más que medio tablero roído y un solo pupitre, el salón no tiene puertas, ni ventanas, las baterías sanitarias no tienen puertas. No hay más que esto y una pieza para el profesor.
Esta imagen de la escuela es una metáfora para intentar entender la educación rural de este país, pareciera que el mensaje es que nos merecemos una educación a medias y roída como este tablero, pues los currículos no transforman las realidades de los territorios. Allí, la educación que se le ofrece a nuestra niñez no llega a ser completa nunca, es vacía, sin fundamentos ni recursos, las aulas de clase son dotadas con migajas de lo que deberían ser. Cuánta ausencia de tablero, pero también cuánta ausencia de pupitre.
Entonces, las comunidades pobres terminan más empobrecidas, condenadas a repetir esos ciclos de pobreza, porque sus hijos no tienen derecho a la educación en los términos de la constitución. En esta comunidad no hay un solo bachiller, ninguna persona oriunda de La Pola o las veredas aledañas ha podido terminar el bachillerato. Para que se entienda ese escenario es fundamental aclarar que es una comunidad apartada, pues la salida al centro poblado más cercano toma tres horas en bote. Sin embargo, si no hay bachilleres es por culpa del estado colombiano y sus representantes en el territorio. Esta realidad es una consecuencia de la incompetencia de la rectora de la Institución Etnoeducativa Bocas del Atrato y del secretario de educación del Distrito de Turbo.
Estos funcionarios tienen la responsabilidad de organizar el servicio educativo a su cargo, porque Turbo es certificado en educación, es decir, tienen toda la autonomía para ofertar en esta comunidad modelos flexibles de educación, así como educación para adultos y responder a las necesidades educativas de la población. Hasta ahora, y solo después del envío de una carta en donde la comunidad se quejaba por la ausencia del profesor nombrado allí, quien no cumplia con sus labores, la rectora se comprometió a mandar un profesor para el bachillerato, noticia bien recibida por pequeños y grandes, en quienes la esperanza de continuar estudiando les hace brillar los ojos. Sobre esto hay dos acotaciones, la primera es valorar a las personas de las comunidades que no se callan ante las injusticias y reclaman sus derechos, a pesar del contexto adverso al que se enfrentan; y la segunda es decirle a la rectora ¡no pues muchas gracias señora rectora por cumplir con las funciones a las que se comprometió cuando asumió el cargo!
¿Por qué en Colombia hay niños, niñas y adolescentes a los cuales el estado no les garantiza el derecho a la educación? Es como si nacer en la ruralidad te condenara a no recibir educación de parte del estado de manera digna, como si ser campesino fuera una maldición. En este país racista, clasista y desigual es una maldición ser negro, indígena, campesino o pobre. Porque las periferias solo sirven para extraerles sus riquezas, las cuales luego son invertidas en las grandes ciudades por señores feudales.
Claro, pero mantener una comunidad en la ignorancia es intencionado, prevenir que reclamen sus derechos, evitar el uso del conocimiento para beneficio de los de abajo, porque eso pone en jaque a los que siempre han oprimido, esos, los que han estado arriba.
En el departamento de Antioquia, las cifras de víctimas del conflicto armado son altísimas, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hay 23.077 desaparecidos, somos el departamento con más desaparecidos del país. Ser un niño o niña de estas ruralidades es crecer sin garantías para el ejercicio de sus derechos, pues se experimentan altísimos riesgos de desplazamiento forzado, confinamientos, orfandad, reclutamiento forzado…
Como el CER La Pola hay infinidad de escuelas en cada municipio del departamento de Antioquia. Según Proantioquia (2018) en su informe sobre el estado de la educación en el departamento la realidad es compleja y necesita ser revisada en detalle, porque de las “5.789 sedes educativas atendidas por 77.049 maestros, solo el 15% de los estudiantes son atendidos en sedes educativas rurales, estas sedes representan el 72% del total, lo que da cuenta de un alto nivel de dispersión en la ruralidad”[3]. Y entre más apartados más vulnerables.
Mientras sigamos descuidando la garantía de derechos fundamentales como el de la educación, nos seguiremos condenando a estar predispuestos para la guerra. ¿Queremos un país en paz? Hagamos realidad el acuerdo de paz, materialicemos la reforma rural integral, llevemos educación de calidad a las nuevas generaciones allá en sus territorios, para que construyan proyectos de vida en la legalidad desde la tradición campesina de sus antepasados, dignifiquemos la vida en el campo. Si como sociedad seguimos permitiendo que existan escuelas en las condiciones del CER La Pola, la responsabilidad de continuar viviendo en la guerra es compartida.
Todas las columnas del autor en este enlace: https://alponiente.com/author/victortrujillo/
[1] Hay futuro si hay verdad. Informe de la comisión de la verdad. No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. 2022
[2] Tomado de “Discurso Gabriela Diker – Encuentro por la Educación, la Ciencia, la Cultura y el Trabajo”
[3] Estado de la educación en Antioquia. (2018). Proantioquia.
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