¿Qué pasa en Medellín y su Valle de Aburrá? Solo sabemos que la alcaldía no lo sabe. Si bien no se cansan de repetir que en lo corrido del año hay una reducción de cerca del 39% en los homicidios (hace un par de semanas se ufanaban de un 42%), respecto del mismo periodo en el año pasado; la repentina alza que tuvo lugar en la ciudad desde los dos meses pasados, reforzada con especial atención en las últimas dos semanas, y que ha llegado a reducir hasta en un 5% las mediciones de la administración, no parecen hallar explicación. Fines de semana con más de veinte homicidios en mayo, y recientemente algunos con cerca de 10, no sirven para reforzar las afirmaciones de que la seguridad en Medellín va por buen camino.
Sin tener que traer a colación la clara realidad de que los delitos en la ciudad van en aumento (pues si bien «disminuyeron los homicidios», delitos como el hurto encuentran tasas históricas aún en escenarios de subregistro), la sola concentración en materia de homicidios en los recientes fines de semana, empieza a darnos pistas tenebrosas: la tendencia en homicidios va a la alta. Después de regodearse en la asombrosa reducción del 42% para marzo-mayo, una reducción oficial que va en el 39% y otra que en el próximo mes podría caer hasta 30%, solo permite suponer que la tendencia se mantendrá. De nada sirve lograr reducciones históricas en homicidio, si los medios fueron coyunturales, sin estructura y sentido de algún tipo. En lo que a mí concierne, explicaciones tan vacuas como la de «pacto de fusiles» o «desestabilización de la donbernabilidad», solo sirven para alimentar las mentes de los desinteresados, y limpiar las manos de los responsables.
Es hora de la que la administración, local y nacional, tome la decisión de enfrentar un problema que sí tiene rostro. Esa vaina de estar afirmando en todo momento que el gran problema reside en la rarísima organización de las estructuras criminales y su funcionamiento, tiene más de mito y ficción, que de inteligencia policiva. No nos estamos enfrentando a un nuevo modelo, jamás inventado, absolutamente desconocido y que trasciende los límites de nuestro conocimiento: son organizaciones criminales, conformadas por personas, que tienen un accionar territorializado, con unos productos criminales concretos. Nos enfrentamos al mercado del crimen, solo diferente al tradicional en el uso de la violencia.
La territorialización de la actividad de las grandes bacrim mediante los combos en Medellín y el Valle de Aburrá, entre tanto siga obviada por una administración despreocupada por las rentas criminales, no dará tregua al deseo de paz de nuestros ciudadanos. Las continuas tareas de pacificación que se adelantan desde las grandes estructuras criminales, tienen por único objetivo maximizar las rentas del mercado criminal. El medio es la violencia, el fin la satisfacción de intereses.
Controlar la comercialización de armas y municiones debe ser un primer paso. No más con el cuento del mercado negro internacional de comercio de armas que lideran las FARC desde el Urabá y que entran por el Atrato. En nuestras ciudades las organizaciones criminales asesinan con balas de 45mm, como las que produce Indumil. ¿Qué pasa en una sociedad en donde las balas que matan ciudadanos colombianos las produce la única empresa colombiana avalada para hacerlas? Es lo que me pregunto todos los días, cada vez que enciendo un televisor, leo la prensa, o me meto en twitter y me entero de que otro compatriota ha sido abaleado. Si bien las armas sí que pueden entrar por Urabá (aunque las Galil también hacen parte del arsenal de los grupos criminales), las municiones utilizadas son -en su mayoría- colombianas.
Comprender que atacar las rentas criminales también se logra atacando los medios que les permiten hacer uso de la violencia, es un asunto que obedece enteramente a la voluntad política de nuestros gobernantes. A ver si nos avispamos.
@tobonvillada
[author] [author_image timthumb=’on’]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1488896_10202086754224487_208028205_n.jpg[/author_image] [author_info]Andrés Felipe Tobón Villada Politólogo de la Universidad EAFIT y actual candidato a la Maestría en Estudios Humanísticos de la misma Universidad. Ha publicado en revistas académicas locales como Cuadernos de Ciencias Políticas del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, y en revistas indexadas internacionales como Razón Española. Asimismo, participó en la creación del cuarto tomo del Diccionario crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos (Hispánicos, Brasileños, Quebequenses y restantes francófonos) de la Universidad de Málaga. Actualmente se desempeña como docente y consultor analista en la Universidad EAFIT. Leer sus columnas.[/author_info] [/author]
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