“Aquí surge una pregunta esencial: ¿cómo garantizar la devolución del IVA a una familia pobre cuando el Estado ni siquiera puede identificar plenamente sus compras? La falta de bancarización puede atenderse mediante giros u otros mecanismos de pago; la informalidad comercial y la ausencia de trazabilidad de las transacciones representan un desafío mucho más complejo.”
El Gobierno ha presentado una nueva propuesta bajo el nombre de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que, más allá de su denominación, contiene una profunda reforma tributaria, acompañada, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, de medidas de austeridad y reorganización del gasto público. Su propósito es responder a las dificultades fiscales del país y garantizar recursos para financiar las obligaciones del Estado. Sin embargo, más allá de las metas de recaudo y reducción del gasto, surge una pregunta fundamental que debería orientar el debate económico: ¿quién terminará pagando el ajuste fiscal?
Mi principal preocupación es que estamos frente a una reforma con una marcada tendencia regresiva, cuya principal apuesta para compensar sus efectos sobre los hogares más vulnerables depende de un mecanismo que enfrenta importantes dificultades de implementación en Colombia: la devolución del IVA.
Uno de los incisos de la propuesta busca gravar con IVA productos básicos que actualmente están excluidos, como frutas, verduras y hortalizas. El argumento técnico es comprensible: las exclusiones tributarias también benefician a los hogares de mayores ingresos y, por tanto, resultaría más eficiente cobrar el impuesto y devolverlo a quienes tienen menor capacidad económica.
Algunas experiencias internacionales muestran que existen mecanismos de devolución del IVA mediante sistemas de pago electrónicos, pero Colombia enfrenta condiciones distintas. Una parte importante del comercio popular ocurre en tiendas de barrio, plazas de mercado y establecimientos con diferentes niveles de formalización. Muchas familias compran en efectivo y sus transacciones no quedan registradas mediante facturación electrónica.
Aquí surge una pregunta esencial: ¿cómo garantizar la devolución del IVA a una familia pobre cuando el Estado ni siquiera puede identificar plenamente sus compras? La falta de bancarización puede atenderse mediante giros u otros mecanismos de pago; la informalidad comercial y la ausencia de trazabilidad de las transacciones representan un desafío mucho más complejo.
La tendencia regresiva también aparece en el impuesto de renta. La reforma propone reducir de 1.090 a 720 unidades de valor tributario (UVT) el umbral anual de renta gravable, una disminución cercana al 34%. En pesos de 2026, esto equivale a aproximadamente $37,7 millones anuales de base gravable. Dependiendo de las deducciones y características del trabajador, personas con salarios brutos del orden de 4 a 5 millones mensuales podrían comenzar a quedar sujetas al impuesto. Es decir, trabajadores con ingresos relativamente modestos entrarían en el universo de contribuyentes.
El contraste con el impuesto al patrimonio resulta significativo. Mientras la propuesta del Gobierno Petro en junio de 2026 buscaba reducir su umbral a cerca de $2.095 millones, la nueva reforma lo eleva hasta aproximadamente $5.002 millones, expresados en pesos de 2026.
Estas medidas plantean una cuestión distributiva: mientras se amplía la tributación sobre ingresos laborales y consumo de bienes básicos, se reducen determinadas cargas sobre empresas y patrimonios elevados.
Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas. Pero la sostenibilidad fiscal también debe construirse sobre la capacidad contributiva de los ciudadanos. La reforma propone un mecanismo de devolución del IVA que, en teoría, podría proteger a los hogares vulnerables; en la práctica, su efectividad dependerá de superar barreras profundas de informalidad y capacidad administrativa.
Si la devolución del IVA no funciona, la parte regresiva de la reforma se materializará en los precios y en los ingresos de los hogares, mientras su principal promesa de compensación quedará pendiente.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿terminarán financiando el ajuste fiscal quienes tienen mayor capacidad económica o quienes destinan buena parte de sus ingresos a trabajar, alimentarse y sostener sus hogares?
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