Recientemente me terminé de leer un libro bien interesante de Acemoğlu y Robinson (de la extensa obra que han publicado ambos economistas) llamado Economía versus política: Peligros de las medidas que los economistas aconsejan a los políticos. Los autores parten de la tesis de que el asesoramiento económico no solo ignora la dimensión política a su cuenta y riesgo, sino que también existen fuerzas sistemáticas capaces de convertir las buenas recomendaciones en malas decisiones gubernamentales, y estas últimas, desgraciadamente, suelen prevalecer sobre el bienestar general.
Habiendo dicho esto, la finalidad de la columna es analizar las políticas públicas desde la óptica del «equilibrio político» y no exclusivamente desde el enfoque de los «fallos del mercado». Mi argumento es que, al momento de asesorar en tales asuntos, deben considerarse tanto los fundamentos económicos como los intereses de los distintos actores involucrados. De ahí que las medidas “bienintencionadas” puedan acabar generando efectos no deseados: concretamente, una distribución desigual de los recursos en el seno de la sociedad.
¿Por qué los policy makers no deben enfocarse únicamente en los fallos del mercado?
El fallo de mercado constituye un aspecto clave en los análisis económicos y de política pública, dado que permite identificar aquellos elementos que impiden alcanzar las condiciones óptimas de un modelo de competencia perfecta. Entre los ejemplos encontramos la competencia imperfecta (monopolios u oligopolios), las externalidades (positivas y negativas), los bienes públicos, la información asimétrica y los mercados incompletos. De allí que, bajo dichas circunstancias, pueda justificarse la intervención del Estado mediante regulaciones y leyes antimonopolio, impuestos y subvenciones, provisión directa de bienes y servicios públicos y medidas de transparencia.
Sin embargo, sería injusto y, además, deshonesto omitir los fallos del Estado (o del Gobierno), entendidos como las ineficiencias económicas que surgen cuando la intervención del sector público produce resultados peores, más costosos o menos equitativos que los existentes previamente, en lugar de corregir las deficiencias del mercado. Algunas de sus manifestaciones son la información limitada, la captura del regulador, los incentivos inadecuados, la burocracia, el cortoplacismo y los elevados costos de gestión. Por consiguiente, al momento de formular políticas económicas, deben sopesarse las imperfecciones del mercado junto con las deficiencias de la acción estatal.
¿Qué hay del «equilibrio político»?
Con relación al «equilibrio político», debe tenerse en cuenta cómo ciertas decisiones pueden afectar a determinados actores de la sociedad mediante una asignación desigual de los recursos. No es lo mismo un grupo de lobistas en el Congreso que puede influir en la legislación en favor de sus intereses particulares que un conjunto de ciudadanos que podrían estar luchando por causas colectivas más amplias. Ahora bien, otros ejemplos de cómo esta dinámica puede verse distorsionada son la privatización de las empresas en la Rusia postsoviética y el desastre de la crisis financiera de 2008. En el primer escenario, se pensaba que la simple transferencia de estas compañías al sector privado se traduciría en una prosperidad compartida entre amplios segmentos de la población.
No obstante, el resultado fue que los oligarcas («empresaurios») terminaran haciendo negocios con el Estado, lo que, a su vez, contribuyó al ascenso al poder de un líder autoritario del calibre de Putin. Por su parte, la crisis financiera de 2008 llevó al rescate del sector bancario, mientras que la clase media estadounidense resultó perjudicada. Todo ello, producto de la especulación en los mercados financiero e inmobiliario, así como de decisiones completamente desacertadas de la autoridad monetaria de ese país (la FED).
Conclusiones
El análisis de las políticas públicas debe tener en cuenta los «fallos del mercado», los «fallos del Estado» y, especialmente, el «equilibrio político».
En primer lugar, los «fallos del mercado» nos permiten identificar las anomalías que alteran el funcionamiento “óptimo” de la competencia perfecta. Hablamos entonces de estructuras de competencia imperfecta (monopolios, oligopolios y monopsonios), externalidades (positivas y negativas), bienes públicos, información asimétrica y mercados incompletos.
Por otro lado, los «fallos del Estado» se refieren a las ineficiencias económicas o institucionales que surgen cuando la intervención u omisión del sector público produce resultados adversos, en lugar de corregir las deficiencias que motivaron su actuación, comprometiendo así la asignación de recursos. Sus principales manifestaciones son la asignación ineficiente de recursos, las limitaciones de información, la burocracia excesiva, la captura del regulador y los incentivos políticos viciados.
Finalmente, el «equilibrio político» comprende las relaciones de poder y dominación mediante las cuales ciertos agentes pueden imponer sus intereses en la distribución de los recursos, relegando a quienes poseen menor influencia.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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