Hay preguntas que merecen algo más que una respuesta política. Merecen una reflexión sobre el país que estamos construyendo. Una de ellas es: ¿la descentralización en Colombia debe ser una política de gobierno o una verdadera política de Estado?
La diferencia no es menor. Una política de gobierno responde a las prioridades de un presidente durante su mandato; una política de Estado representa un compromiso institucional que debe permanecer, independientemente de quién gobierne.
La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Sin embargo, después de más de tres décadas, todavía tenemos municipios cuyos gobernantes deben acudir permanentemente a Medellín o Bogotá para gestionar recursos y conseguir autorizaciones, mientras sus comunidades esperan soluciones a problemas que conocen perfectamente quienes viven en sus territorios.
Pensemos en nuestros municipios del Suroeste antioqueño. ¿Quién conoce mejor las necesidades de las vías rurales, la conectividad, el campo, los servicios públicos y las oportunidades de empleo que las propias comunidades y sus autoridades locales?
El presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de fortalecer la descentralización y transformar la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones. Ha hablado de autonomía, cooperación, transferencia de competencias y recursos suficientes para que los territorios puedan responder por sus responsabilidades.
Son planteamientos que abren una discusión importante. Pero el verdadero desafío no está en los anuncios presidenciales, sino en convertirlos en instituciones, normas y garantías que permanezcan en el tiempo.
La reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, representa un paso importante en esa dirección. Su implementación exige definir con claridad las competencias que asumirán los territorios y garantizar los recursos necesarios para ejercerlas.
Porque descentralizar no significa trasladar obligaciones sin financiación. Tampoco significa entregar dinero sin fortalecer las capacidades administrativas y los mecanismos de control.
Pero hay algo más: no podemos confundir descentralización con el simple traslado del poder de Bogotá a las alcaldías y gobernaciones. Una verdadera democracia territorial debe acercar también las decisiones a los ciudadanos.
La participación comunitaria, las veedurías ciudadanas, los presupuestos participativos y la vigilancia de la contratación pública deben ser componentes esenciales de ese proceso.
Los alcaldes y gobernadores necesitan autonomía para gobernar, pero también deben responder por sus decisiones. La autonomía no puede convertirse en ausencia de control, ni la descentralización en una nueva forma de concentración del poder en manos de los mandatarios locales.
Colombia necesita municipios con capacidad para planear su desarrollo, administrar sus recursos y resolver sus problemas, sin depender permanentemente de la voluntad política del gobernante nacional de turno.
Y aquí está la pregunta que debería orientar esta discusión: ¿estamos dispuestos a construir un modelo de Estado en el que las regiones sean protagonistas de su propio desarrollo, o seguiremos dependiendo de las prioridades de cada administración presidencial?
La descentralización no puede comenzar con un presidente y terminar con el siguiente. No puede ser una bandera electoral ni una estrategia temporal de gobierno. Debe convertirse en un compromiso nacional, respaldado por instituciones, recursos, competencias claras y participación ciudadana.
Porque un país verdaderamente descentralizado no es aquel donde el Gobierno Nacional entrega más recursos, sino aquel donde sus territorios tienen la capacidad real de decidir, actuar y responder ante sus ciudadanos.
La democracia no se fortalece concentrando las decisiones en el centro del poder. Se fortalece cuando el poder se acerca a la gente y la gente puede ejercerlo responsablemente.
Esa es la descentralización que Colombia necesita: no una política de gobierno, sino una política de Estado.
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