“¿Cuántos estados de emergencia se han declarado ya en Lima y Callao sin que cambie nada de fondo?”
Cada cierto tiempo, alguien en Palacio decide que la mejor respuesta a la violencia es una conferencia de prensa. Sale un ministro, muestra un gráfico con una flechita hacia abajo, y declara con solemnidad que “los homicidios han disminuido”. Esa misma semana, en un paradero de Lima Norte o en una combi de provincia, un sicario dispara a plena luz del día y se va en moto sin que nadie lo persiga. Ese contraste ya no debería sorprendernos, pero sí debería indignarnos: mientras el Ejecutivo gestiona el relato, el país sigue enterrando a sus muertos.
Lo más grave no es solo que la violencia no ceda. Es que ni siquiera el propio Estado logra ponerse de acuerdo en cuántos peruanos ha matado el crimen organizado este año. En febrero, el propio ministro de Salud tuvo que salir a admitir, casi de mala gana, que el sistema de denuncias policiales (SIDPOL) contradice al Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Para enero, una oficina policial habló de 204 homicidios a nivel nacional; otra, del mismo comando, contó 185. Diecinueve vidas de diferencia según a qué escritorio le toque responder. Si un gobierno no puede ni contar bien a sus muertos, ¿con qué autoridad nos pide que confiemos en que tiene un plan para reducirlos?
Y el “promedio nacional” que tanto les gusta repetir en cada conferencia es, en el mejor de los casos, una maniobra de distracción. Mientras el gobierno celebraba una caída general a inicios de 2026, Lima Centro pasaba de 52 a 63 homicidios respecto al año anterior, y en Lima Norte los casos prácticamente se duplicaron. El truco es viejo: se promedia lo que sube con lo que baja en algún rincón del mapa, y se sale a anunciar una mejora que nadie que viva en Lima Norte reconoce. Eso no es comunicar resultados. Es maquillar un fracaso.
Estado de emergencia van, estado de emergencia vienen
¿Cuántos estados de emergencia se han declarado ya en Lima y Callao sin que cambie nada de fondo? Se despliega a la policía, se anuncia “mano dura”, las cámaras registran el operativo del primer día, y a la semana siguiente todo vuelve a la misma rutina de extorsiones y balazos. Según reportes policiales recogidos por América Noticias, solo en los primeros meses de este año se registraron más de cuatro mil denuncias por extorsión, con un promedio que roza las 75 al día. El transporte público y los pequeños negocios pagan la factura de un Estado que reacciona con anuncios, no con estrategia: un chofer que paga “cupo” para no recibir un balazo, una bodeguera que cierra su negocio antes de que oscurezca, un padre que cambia la ruta al colegio de sus hijos. Esa es la negociación silenciosa que el gobierno le está perdiendo, calle por calle, al crimen organizado.
Y cuando la policía sí logra capturar a alguien, el sistema se encarga de devolver el favor: hay casos de delincuentes detenidos en operativos que, semanas después, vuelven a las calles por vacíos procesales que nadie parece tener urgencia en cerrar. No hace falta ser especialista en seguridad para notar el patrón: se arresta para la foto, no para que el proceso llegue a algún lado.
Que conste: esto no nació con este gobierno ni va a resolverse culpando a uno solo. Los registros del Sinadef ya mostraban, desde 2025, que el país venía batiendo récords de homicidios año tras año. Pero eso no exime de responsabilidad a quien está hoy a cargo. Heredar una crisis no es excusa para administrarla con la misma pasividad que sus antecesores; es, si acaso, una razón más para actuar con urgencia en lugar de con relaciones públicas. Y en eso, hasta ahora, el balance es pobre: más discursos que resultados, más cifras contradictorias que transparencia, más estados de emergencia de papel que operativos sostenidos en el tiempo.
Si hay algo que rescatar en medio de este panorama, es que cada vez hay menos margen para que esas cifras pasen sin ser cuestionadas. Verificadores como PerúCheck ya han desnudado a políticos que citan tasas de homicidios de hace más de diez años como si fueran del presente, y medios regionales como El Búho vienen documentando, número por número, las contradicciones entre las propias oficinas del Estado. Esa vigilancia incomoda a cualquier gobierno, y está bien que así sea: es, hoy por hoy, el único contrapeso real que tenemos frente a un aparato estatal que prefiere gestionar la percepción antes que el problema.
Porque al final la pregunta no es si la inseguridad es grave eso ya nadie se atreve a negarlo, sino cuánto tiempo más va a tolerar la ciudadanía que se le presenten diapositivas en lugar de resultados. Ningún plan económico, por más prolijo que suene en un discurso presidencial, tiene sentido si antes no se resuelve algo tan básico como que un ciudadano pueda subir a un bus, abrir su negocio o caminar de noche sin negociar su seguridad con un desconocido armado. Mientras el gobierno siga contando muertos distinto según la oficina, el país seguirá contando los suyos de la única forma que le queda: enterrándolos.
Fuentes
Fuentes consultadas: América Noticias / América TV, Panamericana Televisión, El Búho (Arequipa) y su verificador PerúCheck, La República, con datos oficiales del Sinadef, SIDPOL-PNP y CENOPPOL correspondientes a 2025-2026.
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