La afluencia masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio no es solo un fallo de vigilancia fronteriza. No. Es, ante todo, una cortina de humo. Mientras las calles de la ciudad autónoma se llenaban de jóvenes que cruzaban a nado o a pie y los centros de menores se desbordaban, en Madrid seguía su curso la maquinaria judicial que investiga a la esposa del presidente del Gobierno y a varios ex altos cargos del Ejecutivo. El ruido de la frontera sur ha servido, una vez más, para desplazar el foco del escándalo que realmente pone en cuestión la solidez del Estado de derecho: el uso de la posición privilegiada para obtener ventajas personales y el deterioro de las instituciones españolas.
No es necesario ser demasiado suspicaz para discernir la oportunidad del momento. Al concentrarse la atención pública en las cifras de entradas, en las imágenes de cuerpos en el agua y en las declaraciones de solidaridad internacional, resulta más fácil hacer pasar desapercibidas las citaciones, las audiencias preliminares y las decisiones pendientes sobre la apertura de juicio oral que afectan a personas del círculo más cercano al poder. La justicia no se detiene, pero la opinión pública sí puede ser desviada. Ya sabemos que en política la distracción es un recurso tan valioso como el silencio.
Más grave aún es lo que se esconde detrás de la retórica de la acogida. Entre los recién ingresados hay un número elevado de personas que aducen ser menores y, aunque se contemplan la reagrupación familiar y el retorno voluntario, la respuesta va por otros derroteros: la tutela a cargo del Estado, con largos procesos de determinación de edad que pueden terminar en regularización y, en un horizonte intermedio, en nacionalidad, no sin antes suponer un abundante sangrado de las arcas del Estado, es decir, de nuestros bolsillos. Corresponde preguntarse, con franqueza, cuántos de esos “menores” lo son de verdad y cuántos aprovecharán el sistema para incorporarse, en unos años, al cuerpo electoral. Una base cautiva, sostenida por las políticas de regularización y por las redes de asistencia, tiende a recompensar a aquel que le abrió la puerta. La estrategia de convertir la debilidad fronteriza en clientela electoral no es nueva; en las circunstancias actuales adquiere un matiz especialmente cínico.
El súmmum de la hipocresía llega cuando se compara el trato que se dispensa a quien carece de documentación con el que se exige al ciudadano español. En ciertos servicios ferroviarios de larga distancia, el billete es nominativo y el viajero debe acreditar su identidad si así se le requiere. El español de a pie no puede cruzar una «frontera interior» sin papeles. Sin embargo, miles de personas indocumentadas han entrado en territorio nacional sin que, en el momento del ingreso, pudiera verificarse su identidad, edad, antecedentes o intenciones. La asimetría ante la ley no puede ser más escandalosa. Un Estado que escruta a sus propios ciudadanos con rigor burocrático y, al mismo tiempo, permite el acceso masivo de desconocidos sin filtro alguno está destruyendo un principio fundamental: la preservación del orden público y de la igualdad jurídica.
Ceuta no es un problema local: es el síntoma de una política que ha sustituido la seriedad por la gesticulación y el oportunismo, y la disciplina institucional por la anarquía deliberada. Todo este entramado —plazas de emergencia, traslados, personal reforzado, centros improvisados y dispositivos policiales y militares— cuesta una fortuna: una fortuna que sale del erario y que terminamos pagando los españoles de siempre, a punta de más impuestos, aumento de retenciones y mayor saqueo fiscal. Es un acto de fuerza bruta contra los derechos individuales de los ciudadanos productivos: la invasión a su propiedad, a su seguridad y a los frutos de su trabajo.
En plena discusión sobre cuántos son los que se quedan, se asfixia al ciudadano que trabaja para sufragar el desorden y el cálculo indecente de los que deberían representarlo y protegerlo. Entretanto, continuamos sin la respuesta de fondo: ¿quién decide quién entra en España y bajo qué condiciones? Hasta que alguien se atreva a contestarla con claridad, cada crisis en la frontera será una oportunidad para unos y una carga añadida para los demás.
Y con Begoña y el resto de los encausados, ¿qué está pasando?
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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