20/07: un oso, una ruindad y una esperanza

Cada 20 de julio Colombia conmemora el Grito de Independencia. Como parte de los homenajes oficiales para recordar el día de 1810 en que se firmó el acta que selló el primer intento del país de ser libre e independiente, en esta fecha inician las sesiones del Congreso de la República, en teoría y por mandato de la Constitución el órgano que representa al pueblo y por el cual éste expresa su voluntad soberana, pese al desprestigio de la clase política y a la mala fama del legislativo. Así que era previsible y estaba anunciado que la ocasión no iba a ser desaprovechada por la oposición radical y los amigos del paro que arrancó el 28 de abril. Lo que no se sabía, sin embargo, es que usarían la oportunidad para hacer el ridículo y confirmar su trivialidad y ruindad.

El oso empezó con la invitación a izar la bandera al revés. A pesar de que el Comité Internacional de la Cruz Roja explicó que invertir un pabellón nacional no es señal de auxilio y que en todas partes del mundo se reconoce que para eso está la sigla S.O.S (“save our ship”, “save our souls” o “send out soccour”: salven nuestro barco, salven nuestras almas o envíen socorro, respectivamente), teatrales e inmoderados contradictores insistieron en hacerlo para denunciar a un gobierno que ven, en medio de su delirio, como una tiranía que emprendió una campaña de exterminio de civiles para apagar cualquier voz disidente. Después de difundir ampliamente una foto tomada en el Capitolio Nacional de varios parlamentarios colombianos sosteniendo la bandera de Armenia (el país) y luciendo cascos de protección y tras el discurso del Presidente de la República, la oposición, aparentemente nostálgica de la Guerra Fría y producto de la arrogante disonancia cognitiva de creer, contrario a la evidencia, que la minoría es la intérprete y la voz de toda la ciudadanía, repitió los lugares comunes de siempre. Paradójicamente, los que arguyen que Colombia no es una democracia en la que se respeten los derechos humanos hablaron libremente, sin censura alguna, durante veinte minutos en los mismos medios empleados para la transmisión oficial gracias al Estatuto de Oposición, adoptado conforme el denominado procedimiento legislativo especial para la paz acordado por el Gobierno Santos y las FARC.

Como lo suyo no es el respeto a los símbolos patrios -hay que ver a El Libertador lleno de grafitis en la Plaza de Bolívar en Bogotá y recordar las estatuas de Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander derrumbadas y los daños al monumento a Los Héroes de la Independencia-, no hicieron un oso de anteojos, especie que es orgullo de Colombia y otros Estados andinos, sino un enorme grizzly u oso gris. El senador Gustavo Bolívar, ahora investigado por su presunto apoyo a la violenta Primera Línea, sufrió un estruendoso nocaut en su aspiración de convertirse en el Segundo Vicepresidente del Senado. Aunque era candidato único para esa posición, el integrante de la Colombia Humana, quien ya cantaba victoria en redes sociales, apenas recibió 32 votos a favor: 66 senadores votaron en blanco. Ante el evidente rechazo de las mayorías al autor de Sin tetas no hay paraíso, se propuso el nombre del político verde Iván Name, quien logró el respaldo necesario para ocupar el puesto anhelado por el autor y guionista de narco-novelas.

Desde entonces, se han hecho más evidentes las fracturas en la izquierda y la resistencia que genera Gustavo Bolívar, un Florero de Llorente que ha anunciado acciones legales contra la decisión que le impidió llegar a la Mesa Directiva del Senado. En efecto, el fiel escudero del senador Gustavo Petro, siguiendo el guion de politizar la justicia y judicializar la política, prometió una tutela y una demanda ante el Consejo de Estado porque, según él, le violaron su derecho fundamental a hacer oposición. La decisión final corresponde a los jueces, pero lo de Bolívar más parece la pataleta del mal perdedor. Primero, porque es falso que el Estatuto de la Oposición y el Reglamento del Congreso indiquen que un partido de oposición que ya ha ocupado la vicepresidencia no puede repetir si otro no lo ha hecho; la legislación relevante, en realidad, prohíbe la reelección de un “congresista”, es decir, del mismo individuo, “en la respectiva Mesa Directiva dentro del mismo cuatrienio constitucional”. Segundo, porque el punto de vista del también integrante del Pacto Histórico lleva a una solución absurda y autoritaria: que los congresistas pierdan su libertad de elegir. Tercero, porque una cosa es un pacto político (de partidos de izquierda); otra, una obligación legal.

A los postres algunos le ponen cereza. Y como la oposición radical tiene amigos comunicadores que hacen mandados, de esa cereza se encargó María Jimena Duzán. La militante periodista, no sabe uno si con espíritu siniestro o guiada por un puritanismo que desdice de su supuesto talante liberal, publicó una vieja fotografía de la nueva Presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, en la que aparece disfrazada y portando una pistola de juguete. Ahí no se quedó la nueva Negra Candela: la que nunca ha pedido explicaciones a personas que se hicieron congresistas a pesar de no haber sido castigados por su participación en una organización responsable de crímenes graves, a pesar de ocupar curules sin que su movimiento político hubiese alcanzado el umbral, a pesar de haber disparado pistolas y fusiles de verdad, pidió explicaciones a la política llanera por un disfraz y la vinculó a delitos de otros, como si la responsabilidad penal no fuera individual.

No obstante, esto deja algo bueno. Queda confirmado que Colombia es una democracia en la que todos podemos expresar libremente el pensamiento, como los setenta colombianos, 48 hombres y 22 mujeres, que con orgullo desfilaron en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio con la bandera al derecho y como es, con el amarillo del oro al que ellos aspiran arriba, la única que tiene este país al que dejarán en alto.

Miguel Ángel González Ocampo

Abogado del Servicio Exterior de Colombia - diplomático de carrera.

Mis opiniones no comprometen a entidades públicas o privadas.

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